Cabanillas, primer Ayuntamiento en aceptar la oferta de la MAS para gestionar su agua en baja

El proceso que se abre a partir de de la aprobación de la propuesta del PP es un procedimiento por el cual la Mancomunidad Aguas del Sorbe asumiría el abastecimiento domiciliario, mantenimiento de las redes y cobro domiciliario, todo, eso sí, sujeto a un futuro Convenio regulador que volverá a pasar por el Pleno de la Corporación.
En la actualidad la gestión del agua potable la lleva el propio Ayuntamiento, aunque varias empresas intervienen en los distintos procesos de gestión. Julián Rodríguez, portavoz popular, resumió las ventajas de este nuevo modelo en la necesidad de mejorar la optimización de la red de agua potable, mediante una adecuada renovación tecnológica que garantiza la gestión de la MAS.
Tanto PSOE como I.U. se mostraron contrarios a la medida, invocando ambos grupos una “privatización encubierta del agua en Cabanillas”, como sugirió el portavoz socialista, José Salinas.
El PSOE acusó a la MAS de “no disponer de medios para llevar a cabo esta gestión y que ésta al final delegará en un organismo público o privado. Por su parte la portavoz de I.U. Mercedes Cardín, calificó la propuesta como una “ocurrencia” del presidente de la MAS, Jaime Carnicero. Además, manifestó Cardín, “La cesión a la MAS privará al Ayuntamiento de ingresos para pagar otras facturas”.
La cesión de la gestión a la MAS no supone ninguna privatización del agua, ya que este organismo es un Ente público y además Cabanillas se encuentra representado “al más alto nivel por el propio alcalde de Cabanillas”, recordó Julián Rodríguez .
Jaime Celada, por su parte recordó al Portavoz socialista que fue su partido el que cedió la gestión de la depuradora de Cabanillas a Acciona-Aguas, una empresa privada ajena a la titularidad de la planta depuradora de Aguas Castilla-La Mancha. “Cabanillas no perderá el control de su agua ni la fijación de su precio”, concluyó  Celada.
En el intenso debate sobre esta propuesta de acuerdo, UPyD manifestó su acuerdo, haciendo hincapié en que el estudio que se realice sobre la nueva forma de gestión se materialice en un instrumento jurídico que sea conocido por la Comisión respectiva y aprobado por el Pleno.