Castilla-La Mancha revienta el espíritu de las leyes

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Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Foto: Agencias.

Javier Moreno Luzón, catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en la etapa de la Restauración, señala en varios de sus libros que los lazos clientelares han moldeado la política española hasta bien entrado el siglo XX. En forma de patronazgo, corrupción o localismo, la figura del jefe político que reparte favores a cambio de prebendas de todo tipo ha sido una constante en la vida pública. El turnismo entre los dos principales partidos fue (o es todavía) la punta del iceberg de esta lacra, pero no la única. “El régimen liberal de la Restauración monárquica (1876-1923) fue caracterizado por sus críticos, siguiendo los dictados regeneracionistas, como el reino de la arbitrariedad particularista de las elites políticas -los oligarcas– y los miembros de sus clientelas -los caciques-, y acabó sus días envuelto en las denuncias de los abusos de unos y otros”, escribe Moreno en su ensayo Teoría del clientelismo y estudio de la política caciquil (1995).

El historiador, bien conocido en Guadalajara por sus análisis de Álvaro de Figueroa y Torres, el conde de Romanones, pone el acento en las corruptelas que se promocionaban al margen del marco legal, y en la desvergüenza con la que actuaban los políticos a la hora de sacar provecho de su privilegiada posición. El propio Romanones, conspicuo representante de la política caciquil, decía que “en la España de mi tiempo la mayor preocupación de los ministros consistía en recibir a las gentes: era obligado el régimen de puerta abierta, y ¡Ay del pobre responsable que la cerrara!” (Conde de Romanones: Reflexiones y recuerdos. España-Calpe, Madrid, 1940).

Ha pasado más de un siglo, pero a veces no lo parece. La sentencia que ayer hizo pública el Tribunal Constitucional, en la que rechaza el recurso presentado por sesenta senadores socialistas contra la supresión de los sueldos a los parlamentarios de Castilla-La Mancha, destila el sabor de épocas que parecían añejas.

La decisión del TC avala la reforma del Reglamento de las Cortes por la que el 1 de enero de 2013 los diputados perdieron la dedicación exclusiva y el sueldo fijo, algo inédito en la España autonómica. Ahora solo cobran una indemnización y dietas por asistencia. El PSOE recurrió hace un año los artículos 11 y 12 y la disposición final de Reglamento, y además presentaron 21 recursos de amparo cada uno de los diputados socialistas afectados. De nada les ha servido. Los jueces del TC consideran que la retirada de la dedicación exclusiva no supone un “menoscabo de la función legislativa o de control de la acción de Gobierno”.

El Constitucional rechaza que una determinada modalidad retributiva como es la percepción de un sueldo fijo constituya parte del “núcleo esencial del derecho constitucional a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Traducido en roman paladino significa que los jueces del TC consideran que se puede acceder en igualdad de condiciones a un cargo público, y ejercerlo, cobres o no un sueldo por ello.

La conclusión responde a la decisión de una de las ramas del poder judicial. En ese sentido, nada que objetar más que el acatamiento estricto de la sentencia. Sin embargo, no parece responder a la composición actual de Castilla-La Mancha, en la que desplazarse para ejercer la tarea de oposición resulta una utopía si se quiere compatibilizar con otro empleo. El PP considera el cambio legislativo “legítimo”. El PSOE avisa que compaginar el trabajo parlamentario con otras profesiones produce un menoscabo en el ejercicio de control al Gobierno.

Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO, considera “alentador” que los políticos den ejemplo en estos tiempos de tribulación, pero añade que debe hacerse “de acuerdo con criterios racionales y constitucionales”. De Esteban califica de “discutible” la sentencia del TC. “El Tribunal no ha tenido en cuenta que el Reglamento de Castilla-La Mancha rompe con la igualdad de todos los diputados, y que las normas no pueden cambiarse mientras se juega el partido” (El Mundo, 5.03.14).

La retirada de los sueldos a los diputados es una vuelta al caciquismo, en el que solo burgueses y rentistas podían dedicarse a la política. Fue una medida presentada por Cospedal a bombo y platillo, en contraste con el “despilfarro” del gobierno anterior, y con el fin de satisfacer a una población necesitada de carnaza en forma de una austeridad demagógica. La iniciativa no resuelve los problemas económicos de la región, ni tampoco ayuda en nada a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, es populista y suena a música celestial en los oídos del sufrido contribuyente.

El asunto es aún más chusco cuando se compara la supresión del salario a los diputados con la retribución de la que siguen disfrutando los miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha, con el hecho de que varios diputados del Grupo Popular optaran por liberarse en sus ayuntamientos tras perder la nómina en las Cortes y, sobre todo, con el espectacular aumento del 170% del presupuesto para altos cargos. En concreto, esta partida ha pasado de 22 millones de euros en 2011 a 59 millones en 2014. Es, junto al servicio de la deuda, la única que Cospedal ha subido de forma recurrente desde que gobierna en Castilla-La Mancha. No es austeridad, es ideología.

Y luego está la monserga del ahorro. La Junta calcula que el ajuste previsto con la eliminación de los sueldos de sus señorías apenas rebasa el millón de euros, una migaja insignificante en un presupuesto anual que supera los 8.000 millones. El salario bruto de Cospedal como presidenta alcanzó los 72.470 euros en 2012, según consta en su declaración de bienes. Ningún consejero ha renunciado a su sueldo. Si de lo que se trata es de ajustarse el cinturón, ¿por qué deben hacerlo los miembros del poder legislativo y no los del ejecutivo? O, ya puestos, quitémosle la nómina también a los jueces. ¿Unos deben dar ejemplo y otros no? ¿Cómo puede ejercer de contrapeso el poder legislativo frente al resto, siguiendo fielmente el espíritu de las leyes de Montesquieu, si sus miembros no tienen el sustento garantizado? ¿Entre mantener privilegios y desplumar a la oposición no había ninguna medida intermedia?

Nada garantiza que si un político tiene dedicación exclusiva sea más inteligente y eficaz. Pero no se trata de eso, o no solo. Se trata de fortalecer la democracia. El Consejo de Europa, en su reciente informe Democracia local y regional en España, recomienda restituir “normas de remuneración de los miembros de los parlamentos de las Comunidades Autónomas que les permitan desempeñar sus funciones”. La profesionalización de la política ha esclerotizado la organización de los partidos, pero también ha permitido a muchas personas dedicarse a esta labor con independencia de su renta, origen familiar o formación. No es un aspecto menor.

En Castilla-La Mancha, la oposición es ahora más débil y está más coja para ejercer su función de control del poder que cuando empezó la legislatura. Esto a mucha gente le puede importar una higa, en medio como estamos de una crisis brutal y con una tasa de desempleo que sigue por las nubes. Habría que explicarles a los ciudadanos que su prosperidad no solo depende de que el gobierno de turno acierte en sus decisiones, sino de que la oposición tenga todos los instrumentos a su alcance para fiscalizarlas.