Chiloeches: a un año del incendio tóxico

Columna de humo del incendio hace un año. (Foto: Nando Rivero)
Columna de humo del incendio hace un año. (Foto: Nando Rivero)

El 26 de agosto de 2017 saltaba la noticia. Y lo hacía a nivel nacional. Ardía una planta de residuos en Chiloeches. La columna de humo se veía desde todo el Corredor del Henares. Pero lo más llamativo era el olor. ¡Qué hedor! El miasma se extendía por doquier. Muchos pensaron que lo que respiraban no podía ser sano, que eran sustancias de «origen cuestionable»…

Ahora, un año después del suceso, se sigue sin saber con exactitud lo que se custodiaba en la infraestructura. Existe un proceso judicial que intenta averiguarlo y que, además, busca depurar responsabilidades. Ecologistas en Acción y Equo hablan de “elementos altamente tóxicos y peligrosos procedentes de la combustión de los disolventes, pinturas y de productos químicos desconocidos que se almacenaban de forma ilegal”.

En total, por el complejo incendiado pasaron 50.000 toneladas de desechos durante los últimos años. Unas 20.000 toneladas ardieron en 2016. Las llamas comenzaron el 26 de agosto. Y no cesaron hasta el 4 de septiembre. “Estos residuos eran una fuente descomunal de sustancias perniciosas para la salud”, agregan los naturalistas.

Críticas a la gestión del fuego
Por ello, diferentes voces han lamentado la forma en que se afrontó el suceso. “La Diputación Provincial aportó el personal del Consorcio de Bomberos, que se vio sobrepasado por la dimensión del incendio y necesitaron el apoyo de otras administraciones locales, autonómicas, del Estado y de personas voluntarias. Sólo así se pudieron controlar las llamas”, indican Ecologistas en Acción y Equo. “La Junta de Castilla-La Mancha intentó ocultar desde el principio la gravedad de la situación, enviando mensajes de normalidad. Pero el suceso era extraordinario, con miles de toneladas de residuos tóxicos ardiendo sin control”, añaden.

Incendio de la planta de Chiloeches (Foto Nando Rivero)
Incendio de la planta de Chiloeches (Foto Nando Rivero)

Unas afirmaciones que son matizadas por el Gobierno regional. Hacen hincapié en la descontaminación que hicieron de la zona tras el suceso y en la que invirtieron 6,5 millones de euros. Se actuó sobre el cauce del arroyo afectado y se construyeron diques para contener la polución. Hasta el 13 de septiembre de 2016 se habían extraído 3.761 toneladas de residuos sólidos peligrosos, 348 toneladas de escombros, 12.399 metros cúbicos de chatarra y otros 300 metros cúbicos de lodo, según datos oficiales. Incluso, en su momento, se aseguró que la calidad del aire estaba “dentro de los límites establecidos por la legislación vigente”.

A pesar de ello, se abrió un expediente a la empresa responsable del complejo, en el que se exigía el aislamiento del lugar, para impedir nuevas afecciones al entorno. “Teniendo en cuenta el daño para el medio ambiente, la escasa colaboración prestada por los responsables, la clara responsabilidad de los mismos al no adoptar las medidas provisionales y el ahorro económico al no ejecutarlas, el Consejo de Gobierno sanciona a KUK Medio Ambiente S.L. no sólo con la multa de un millón de euros y la inhabilitación de seis años, sino que además deberá proceder al aseguramiento de la impermeabilización total de la solera y de los muros de contención”, explicaba en junio el portavoz del gobierno regional, Nacho Hernando.

Sin embargo, KUK sigue sin dar señales de vida, razón por la cual la Junta de Comunidades ha sido la encargada de realizar los trabajos de recubrimiento del suelo. “En coordinación con el Juzgado, estamos impermeabilizando el cerramiento, con el fin de contener posibles escurrimientos y filtraciones cuando llueva”, explica el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara, Santos López. Pero no todos ven con buenos ojos las mencionadas actuaciones. “No entendemos estos trabajos. Aislando las zonas en las que no existen residuos se van a tapar las surgencias de la contaminación por evaporación”, responde Augusto Barcenilla, presidente de Ecologistas en Acción Guadalajara.

Además, desde el gobierno regional aseguran que han cerrado el acceso a la planta, con el fin de evitar el robo de los materiales que todavía se custodian en el interior. El pasado sábado 19 de agosto, cuando este medio visitó la zona, pudo comprobar la existencia de un precinto en la puerta de la zona cero. Sin embargo, a pesar de esta medida, la entrada al complejo no presentaba mayor dificultad. “No podemos poner un guardia de vigilancia las 24 horas del día una vez que se ha pasado la fase de emergencia”, aclara el director provincial.

incendio_chiloeches2017_03Desde Equo y Ecologistas en Acción no se encuentran satisfechos ante estas explicaciones, ya que todavía existen restos en el lugar afectado. Por ello, solicitan ir más allá. Hay que retirar los materiales que permanecen en el lugar. “Si los errores de gestión de una emergencia se pueden entender por la urgencia de la actuación, lo que resulta inadmisible es el abandono de cientos de toneladas de residuos que han quedado sin control, con continuos robos de chatarra contaminada [como los ocurridos el pasado mes de marzo], y dejando a cielo abierto un permanente foco de contaminación del suelo, del aire y de las aguas”, describen. Por ello, desde dichas entidades se reclama “la total e inmediata descontaminación de la zona afectada, tanto por el incendio como por el vertido”.

Ante estas peticiones, la Junta se explica. “Hemos intentado que la empresa KUK quitase todos los cúmulos de residuos, pero no lo hemos logrado. No se ha puesto en contacto con nosotros ni por escrito ni de ninguna forma”, describe Santos López. “Por ello, el gobierno regional ha puesto una sanción de un millón de euros a la mencionada compañía”, añade. Pero, al mismo tiempo, asegura que “por ahora no” tienen contemplado recoger de oficio los residuos existentes en el lugar. “Dicha actuación cuesta dos millones de euros, y ya no nos encontramos en una fase de emergencia. Pero estamos requiriendo al propietario para que lo haga”, asevera el director provincial.

incendio_chiloeches2017_04Actualmente, ¿cómo está el entorno?
Sin embargo, todavía siguen existiendo afecciones ambientales. En los alrededores del incendio el olor continúa siendo fétido. Y en el terraplén que une el espacio arrasado y un arroyo cercano se pueden observar láminas enteras de residuos. Allí se derritieron diversos materiales que todavía hoy, 12 meses después, permanecen en el lugar. Incluso, se siguen produciendo filtraciones de aguas contaminadas desde la zona cero, que emanan en el referido desnivel y que acaban desembocando en el regato próximo. De hecho, la polución todavía se puede observar en el cauce. Y el hedor, también.

Este riachuelo va a parar directamente al Henares. Ahora, el último tramo está seco. Pero durante el pasado invierno los vertidos desembocaban en el río. Además, en el cauce del regato todavía son visibles restos de contaminación, a pesar de la limpieza de urgencia realizada hace un año. Sin olvidar la turbidez del agua allá donde fluye, impropia de un entorno libre de impurezas.

Es cierto que en los lugares más húmedos y menos contaminados del barranco se observa una cierta regeneración vegetal. La vida acaba surgiendo, por difíciles que sean las condiciones. Pero si se escarba un poco, el chapapote reaparece.  En el subsuelo permanecen rastros de los materiales quemados. “La contaminación del terreno continúa”, denuncian diversas agrupaciones naturalistas.

incendio_chiloeches2017_06“El vertido de Chiloeches se encuentra en la misma situación en la que estaba hace muchos meses”, critica Augusto Barcenilla, de Ecologistas en Acción Guadalajara. “Se han dejado abandonados los residuos que quedaron en la zona cero cuando terminaron la limpieza tras el incendio”, complementa. Por ello, desde diversas entidades conservacionistas exigen la retirada de los desechos que quedan en la planta, la total descontaminación del entorno y la posterior recuperación ambiental.

“La única solución posible pasaría por retirar los materiales y sellar aquello”, insiste el coportavoz de Equo en Guadalajara, Juan Antonio Lázaro. “Durante el incendio los medios fueron espectaculares, pero el problema ha llegado una vez apagado el fuego. La Junta se ha quedado sin presupuesto y no tiene dinero para sacar los restos que quedan en la planta”, explica el alcalde de Chiloeches, Juan Andrés García. “Es el dueño quien se tiene que responsabilizar de estos trabajos. Pero si no se encarga, y el gobierno regional no puede hacer frente a dichas labores, tendrá que ser el Estado el que se responsabilice”, añade García

incendio_chiloeches2017_07¿Y qué pasa con el proceso judicial?
Actualmente, el Jugado Número 1 de Guadalajara está investigando el caso. El pasado 30 de noviembre de 2016, el magistrado emitió un auto por el que imputaba –o «investigaba», según la denominación actual– a 19 personas físicas y a otras tres jurídicas. Precisamente, en dicho escrito se menciona una posible mala praxis en la gestión de los residuos. “En dichas instalaciones [las de Chiloeches], presuntamente durante el tiempo que han estado arrendadas al Grupo Layna [entre marzo de 2015 y el mismo mes de 2016], se han estado mezclando desechos peligrosos con no peligrosos, siendo posteriormente trasladados al vertedero de inertes de Salmedina [ubicado en Madrid], donde eran declarados como residuos de construcción y demolición”, se asegura en el auto.

Pero, además, este trasiego de materiales no aparece reflejado en ningún lado. Una realidad que, según el Juzgado, “se debe a un intento de ocultar su uso para mezclarlo con los residuos peligrosos y posterior vertido en Salmedina”, donde se llegaron a volcar hasta 50.000 toneladas de desechos. Por ello, en el auto también se habla de un posible delito de “falsedad documental”.

“Los datos obtenidos a lo largo de la investigación no hacen más que reiterar los graves incumplimientos a la normativa medioambiental con el objetivo de gestionar los residuos peligrosos como si de inertes se trataran, siempre tras haberlos mezclado previamente con residuos no peligrosos y declararlos como residuos de construcción y demolición”, se complementa en el auto.

incendio_chiloeches2017_05Unas actitudes que, según el Jugado de Instrucción, pueden responder a intereses particulares de los implicados, a los que califica de “grupo criminal”. “Se considera que los hechos ocurridos en las instalaciones de KUK Medioambiente, sitas en la localidades de Chiloeches (Guadalajara), podrían haberse cometido dentro de un grupo organizado, cuyo fin era la obtención de importantes beneficios económicos a través de la gestión irregular de residuos, principalmente peligrosos”, se añadía el 30 de noviembre.

“Ha sido un auténtico delito medioambiental continuado que se ha permitido durante todo este tiempo”, confirmaba el diputado nacional Juan López de Uralde en una entrevista concedida a este medio,. Por ello, desde diferentes sectores exigen que la asunción de responsabilidades no se restringa exclusivamente a la dimisión de Sergio David González, acaecida en septiembre de 2016. Se debe mirar más arriba, hacia el consejero. Así lo solicitan desde Equo Guadalajara. “Se trató de un hecho muy grave. Y, además, no fue único. Ya teníamos el ejemplo de los neumáticos de Seseña”, explica Juan Antonio Lázaro.

Pero, además, las organizaciones ambientalistas tampoco pasan por alto el silencio oficial que ha existido en torno a este asunto. “Según se acercaba el aniversario del incendio, desde Equo pedimos a todos los que intervinieron en el suceso –Junta de Comunidades, Consistorio y la UME– informes y estudios sobre los contaminantes, afecciones sobre el medio y filtraciones, pero han escurrido la responsabilidad”, aclara Lázaro.

“Exigimos a las distintas administraciones el cumplimiento de la ley de acceso a la información ambiental, ya que hasta ahora no han contestado a las solicitudes planteadas”, indican desde las organizaciones ecologistas. “De esta forma, se acabaría con el oscurantismo administrativo y se podría informar a la ciudadanía sobre lo que ocurrió y sobre lo que sigue pasando en la zona”, concluyen.

Una petición que también buscaría prevenir situaciones como la acaecida en Chiloeches hace un año. El incendio ha tenido graves afecciones ambientales y que todavía hoy genera filtraciones en el entorno. Por no hablar el olor, que continúa siendo fétido en algunos puntos. En consecuencia, se debe profundizar en las herramientas preventivas para evitar incidentes como éste y eludir daños a la naturaleza. Porque, como decía la antropóloga cultural estadounidense Margaret Mead:

«No tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente»

Y el Ayuntamiento, ¿qué opina de esto?

Cuando se menciona el papel de las instituciones en el incendio de Chiloeches, lo primero que viene a la mente es la gestión de la Junta de Comunidades. Sin embargo, ¿cómo ha actuado el Consistorio de la localidad en este embrollo? Para entender su labor hay que remontarse al mandato del anterior alcalde, César Urrea, del PP.

Según el auto de 30 de noviembre de 2016 del Juzgado de Instrucción Número 1 de Guadalajara, el administrador único de la empresa KUK Medioambiente, que responde a las iniciales F. F. G., se habría servido de su “fluida relación” con Urrea “para garantizar la impunidad [de la empresa] frente a dicho Ayuntamiento, el cual les permitía operar con total normalidad a pesar de carecer de licencia de apertura”.

Por tanto, y según el juez encargado de la investigación, el anterior munícipe “tenía perfecto conocimiento de la existencia de la instalación y de las irregularidades de la misma”. Además, los investigadores aseguran que el 1 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento de Chiloeches emitió un informe en el que se aseguraba que, de todo el complejo de KUK, sólo la nave 1 contaba con la pertinente licencia. No así los pabellones 2 y 3, y las construcciones auxiliares. “Siendo requerida la empresa para la legalización, el expediente caducó y se archivó sin que se tenga conocimiento de sanción alguna”, se explica.

Dos años y medio más tarde, en junio de 2012, siendo Urrea alcalde, el pleno municipal aprobaba la construcción y actividad de la planta. Pero se le requería a KUK una documentación previa a la solicitud del permiso, para que éste se hiciera efectivo. Por tanto, y al no entregarse los mencionados papeles, “el Consistorio tenía presuntamente perfecto conocimiento de que la empresa ejercía la actividad sin la preceptiva licencia de apertura”, se indica en el auto judicial.

Sin embargo, tras las elecciones locales de 2015 el gobierno municipal pasó a manos de Ahora Chiloeches y PSOE. Fuentes municipales aseguran que, con el cambio político, y “ante el peligro manifiesto que representaba [la planta], el 21 de marzo de 2016 se procedió a comenzar el expediente para la legalización de la actividad de KUK medioambiental S.L.”, exigiendo una serie de condiciones para ello. Sin embargo, “al no recibir respuesta por la empresa, se inició el proceso de cancelación de la actividad [del complejo]”, aclaran.

Una decisión que desembocó en la clausura del emplazamiento el 17 de junio de 2016, tras una decisión aprobada por la Junta de Gobierno Local. La resolución se adoptó debido a que en el lugar se realizaba “una actividad clandestina […] sin disponer de licencia de apertura o autorización de puesta en funcionamiento para el ejercicio de su actividad”, además de por incumplir las normativas medioambientales y de seguridad. “Una vez que detectamos que los servicios técnicos realizaban requerimientos y el propietario no los cumplía, nos pusimos en contacto con el SEPRONA y con la Junta de Castilla-La Mancha para informarles de esta situación”, concluye el actual alcalde de la localidad, Juan Andrés García.

 

Una cascada de imputados

Entre las consecuencias más visibles del proceso judicial se encuentra el número de «investigados» –o imputados, bajo su denominación anterior–. En total, tres personas jurídicas y 19 físicas, entre las que se distinguen 11 individuos vinculados con la gestión ilegal de los residuos, y otros ocho relacionados con los poderes públicos, tanto locales como autonómicos.

De hecho, se pueden encontrar nombres muy conocidos de la política provincial y regional. Entre ellos, el ya mencionado exalcalde de Chiloeches, Cesar Urrea, del PP. O el exviceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, quien presentó su dimisión en septiembre de 2016. Entre los delitos de los que se le acusa se encuentra el de prevaricación medioambiental. “El investigado, como viceconsejero […], habría otorgado presuntamente a KUK Medioambiente la Autorización Ambiental Integrada (AAI) […] cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción”, se asegura en el auto.

“Además, [González] presuntamente tenía pleno conocimiento del funcionamiento de KUK, pudiendo haber participado en las gestiones para su arrendamiento por el Grupo Layna […], llamando la atención que dicho arrendamiento, […] según diversos técnicos, no se ajustaba a la legalidad”, se añadía en la mencionada disposición judicial.

Sin embargo, el anterior gobierno regional, comandado por María Dolores de Cospedal, tampoco queda indemne en este proceso. Existen indicios de prevaricación en la actuación de la directora general de Calidad e Impacto Ambiental entre 2011 y 2015, Matilde Basarón.
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odo ello sin olvidar la implicación que tuvieron las empresas encausadas, sin las cuales no se habría generado la grave infracción que se está juzgando. Se trata de KUK Medioambiental S.A, Grupo Layna S.A. y Salmedina S.L. Tratamiento de Residuos Inertes.

Las mismas se encuentran imputadas y con varias acusaciones en su haber, como presuntos delitos contra el medio ambiente y de conformación de “grupo criminal”.

Julio Martínez
Historiador y periodista, especialista en comunicación ambiental y en Masonería mexicana. El reporterismo es mi vocación. Ahora informando desde Guadalajara. “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” (Benito Juárez, 1867).