Comer o medicarse

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Un jubilado que cobra menos de 450 euros de pensión destina casi la mitad a pagar los medicamentos necesarios para tratar la diabetes que padece. Una mujer que abandona parte de su trabajo en un instituto de secundaria para cuidar a su madre, de 78 años y con alzheimer, ingresa apenas 300 euros de ayuda. La familia de Oriol, un chico de 12 años con parálisis cerebral, recibe 442 euros al mes: solo el coste de la silla de ruedas en la que permanece varado asciende a 4.000 euros. Pau, 13 años, dependiente con parálisis cerebral, ha pasado de percibir 600 a 312 euros, una cantidad con la que el Estado cree que puede pagar los 120 euros mensuales que cobra su fisioterapeuta y, además, sobrevivir.

No son casos inventados. Son testimonios que están a nuestro alrededor y que estos días se han colado en la prensa a propósito de la última estocada al Estado social. Tras el éxito formidable del medicamentazo, el Gobierno ha asestado un hachazo de 1.108 millones de euros a la Ley de Dependencia. El recorte no fue comunicado por la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 26 de abril. La noticia trascendió el 1 de mayo, festivo nacional, con un macropuente en Madrid y con la Champions como guarnición.

La medida está incluida en el Plan Nacional de reformas 2013, enviado a la UE y colgado en la web de Moncloa durante el día del trabajador. Tras el ajuste de 500 millones en 2012, el Gobierno recorta ahora 958 millones en ayudas y otros 150 por la vía que el departamento de metáforas llama “simplificación en el proceso de valoraciones”. Traducido, equivale a revisar los grados de dependencia para reducir los pagos. Lo mollar de esta ominosa iniciativa es que el tijeretazo de 1.108 millones de euros supera la partida que la Administración central tiene presupuestada este año para la dependencia (1.087 millones). Esto significa que el presidente Rajoy ha firmado el certificado de defunción de una norma que se había convertido en un pilar del Estado del Bienestar desde su aprobación en 2006.

La ley estableció un derecho subjetivo en el ámbito de la atención social. Ahora es barrida bajo el paraguas de la crisis y sin mediar ni una sola explicación por parte del Ejecutivo. “Es una demolición controlada. El Estado se ha ido retirando de ella”, ha dicho esta semana José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. A la hora de aplicar el ajuste, el Gobierno no discrimina entre dependientes de grado I (moderada), grado II (severa) o grado III (gran dependiente, que es cuando la persona necesita un apoyo continuio). El coste total anual de la aplicación de esta norma asciende a 6.000 millones de euros, aportados en un 60% por las comunidades autónomas. El Gobierno central debería haber financiado un 30% en 2012, pero solo alcanzó el 20%. El 10% restante proviene del copago, es decir, de los beneficiarios. Precisamente, para completar la demolición, el Gobierno también prevé aumentar un 50% el copago que asumen los usuarios de la prestación.

Acabar con los derechos sociales, con el subterfugio de podar la administración, forma parte del pretexto de la crisis. La limpieza de las cuentas públicas no sería posible si no existiera un trasfondo ideológico. España sigue el camino que recorrió Reino Unido a finales de los setenta. “Tenemos un Estado elefantiásico que nos ahoga”, “los servicios son insostenibles”, “no podemos pagar una educación y una sanidad públicas y gratuitas”. Fueron los latiguillos preferidos del thatcherismo que ahora intenta recuperar la derecha española. España avanza hacia un cambio de modelo con una sociedad dual, en la que quien pueda pagarlos se garantice los servicios y quien no, quede a expensas de las posibilidades de un sistema público limitado. Liberalismo en vena para privatizar el sector público, desregular las finanzas, fomentar el individualismo y dejar que el mercado campe a sus anchas, salvo cuando la sanidad privada o las autopistas quiebran, que entonces sí es necesario recurrir a papá Estado. En ese contexto han mandado a hacer puñetas la dependencia. No es un daño colateral, es un pasito más en una estrategia definida.

Eva Nasarre, una deportista que se hizo famosa en los ochenta por presentar programas en televisión, es ahora una persona dependiente. Les sugiero que vean este vídeo y escuchen sus desgarradoras palabras. “Los discapacitados no pueden defenderse, muchos de ellos no pueden salir de su cama para movilizarse”, contaba el otro día en la radio. Su voz ejemplifica la crudeza de una situación que empieza a ser límite. Según el Observatorio de la Dependencia, el copago en los medicamentos y el recorte de las ayudas ha provocado que el 16% de los pensionistas haya dejado de tomar alguna medicina para abonar su alimentación. Bienvenidos al subdesarrollo.

“Yo no puedo vivir en un país en el que una persona tenga que elegir entre comer o tomar su medicación”, clama Eva Nasarre. Aún hay más: la noticia del recorte a la dependencia no ocupó las portadas de los periódicos, entró en el Telediario a partir del minuto 25 y no fue trending topic en las redes sociales. La indiferencia se torna en morfina para la atrofia de los servicios públicos. Una sociedad que ignora o justifica el daño infringido al colectivo más vulnerable merece ser considerada una sociedad degenerada.

No les basta con convertir a las personas discapacitadas en números o estadísticas. Las quieren pobres, marginadas y al albur de la beneficiencia familiar. Como ha escrito Javier Marías, la culpa es de los dependientes por nacer con malformaciones o por vivir tanto tiempo.