Cumplir la ley

6467412025_aefb78804fLa ciudad de Guadalajara completó -en parte- la Transición el pasado viernes después de que el Pleno del Ayuntamiento aprobara el cambio de nombres de las calles con resabios franquistas. El milagro laico ocurrió gracias a una moción del grupo Ahora Guadalajara, que contó con el apoyo del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el previsible rechazo del Partido Popular. Las calles que modificarán su denominación son las de Capitán Boixareu Rivera (militar que conquistó Lérida para el bando franquista); General Moscardó Guzmán (designado en mayo de 1953 gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Guadalajara); Hermanos Ros Emperador (activistas del golpe de julio de 1936); Gutiérrez Orejón (policía franquista); Fernando Palanca (ex alcalde) y la Plaza de los Caídos, cuya nomenclatura rancia y facinerosa procede de la alusión a los caídos en un solo bando. Ahora falta ver cuánto tardan Román y Carnicero en ejecutar la decisión adoptada por un Pleno que ya no controlan por mayoría absoluta.

En 2004, CNT Guadalajara elaboró un borrador del callejero franquista de la ciudad y, posteriormente, el Foro por la Memoria solicitó formalmente a la Subdelegación del Gobierno la retirada de estas calles. Ha pasado más de una década, pero el acuerdo del Pleno arriacense abona la higiene democrática y supone cumplir con la Ley de Memoria Histórica, una norma aprobada en 2007 bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, y que continúa vigente porque el Gobierno de Rajoy no ha querido usar su mayoría absoluta para derogarla, si bien acumula tres ejercicios dotándola con cero euros. El artículo 15 de esta ley insta a las Administraciones Públicas a tomar las “medidas oportunas para la retirada, en el ámbito de sus competencias, de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Es el propio Rajoy quien apela constantemente al cumplimiento de la ley para exhortar a las comunidades autónomas a no incumplir la estabilidad financiera o para instar al presidente de Generalitat de Cataluña a no desbordar el marco constitucional. ¿Por qué, según el PP, unas leyes deben cumplirse escrupulosamente y otras no? ¿Es que, acaso, el ordenamiento jurídico español contempla escalafones a la hora de hacerse efectivo?

La retirada de los nombres franquistas en Guadalajara es un gesto simbólico que llega tarde, pero con una carga de civilidad democrática indudable. Guadalajara es una ciudad política y sociológicamente de derechas. En cambio, siendo alcalde Jesús Alique, hace ya diez años que retiró las estatuas de Franco y de Primo de Rivera.

No se trata de borrar la historia, sino de eliminar aquellos elementos que siguen glorificando al antiguo régimen o a militares golpistas. No se trata de “reabrir heridas cerradas y olvidadas”, como argumentó Carnicero acogiéndose a una muletilla habitual en el PP cuando se pone viscoso en una materia en la que se siente incómodo. Se trata, más bien, de cerrar heridas en un municipio cuyo ayuntamiento ha sido incapaz de tener un gesto de reconocimiento hacia los fusilados en la fosa común del cementerio.

No se trata tampoco, como argumentó el vicealcalde, de contrariar la opinión de los vecinos, puesto que la soberanía de la ciudad de Guadalajara está representada en el Pleno del consistorio, no en un sondeo informal con los vecinos. Carnicero argumentó que en 2009, tras una moción elevada por IU, el Ayuntamiento sondeó a los vecinos de las calles afectadas y el 96% se mostró a favor de mantener los nombres. A continuación, el alcalde Román añadió que ahora “no está dispuesto a ceder sus competencias”, en alusión a la consulta que prevé la moción aprobada para decidir los nuevos nombres. Ya ven. Debe de ser que, en lo tocante a consultas “populares”, pasa como como con las leyes: las hay de primera y de segunda categoría.

La incapacidad del centro derecha español para enfrentarse al pasado se entiende por la naturaleza de la propia Transición, que gestionó un proceso de reconciliación basado en la reforma y no en la ruptura. La operación política liderada entonces por Fraga fue la de subsumir en un partido conservador a los residuos del franquismo. Esto no convierte al PP en un partido antidemocrático, ni mucho menos. Pero sí explica que en España, en un momento de auge de los extremismos en media Europa, no haya eclosionado una formación de extrema derecha.

También explica que, en pleno siglo XXI, la alcaldesa de París rinda tributo permanente a los españoles republicanos que combatieron el nazismo y el fascismo, mientras en España el partido hegemónico en la derecha se niegue permanentemente a exorcizar sus propios fantasmas.

Retirar los nombres de calles alusivos a la dictadura en 2015, además de precepto legal, es un acto de sentido común cuyo rechazo no se entiende si no es desde la miopía y el sectarismo.

Raúl Conde
Periodista. El Espanyol es mi tormento y los Ribera del Duero, mi debilidad. «Cultura, justicia, libertad» (Azaña).