El Juzgado reconoce que los músicos de la Banda Provincial fueron despedidos de forma improcedente por la Diputación

Las sentencias, que han sido notificadas a la representación letrada de los músicos el día 11 de septiembre de 2012,  reconocen en primer lugar que la relación que existía entre éstos y la Diputación Provincial era de carácter laboral por cumplir con todas las notas que definen una relación de este tipo: prestación de servicios personal, retribución, dependencia y ajeneidad.

Posteriormente analiza que la decisión adoptada por la presidenta de Diputación y contenida en el Decreto de 02.04.2012 es, en realidad, un despido.

En dicho decreto la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, indicaba que “ quedan suspendidas todas las actividades la Banda, tanto actuaciones como ensayos hasta que quede regularizada jurídicamente su situación…”, razonando el juez que la propia situación en la que se encontraba la banda, la falta de certeza de la reanudación de la actividad y las actuales circunstancias  “… draconianas de restricción presupuestaria y de Oferta de Empleo Público…” harían imposible el carácter temporal o coyuntural implícito en toda suspensión. Concluye el juez que, en realidad, la única posibilidad de regularización jurídica pasaría por una novación extintiva del contrato cambiando la relación entre músicos y diputación, tanto en la sustitución de la persona del prestador de servicios como  en la forma de prestación de los mismos, lo que no dejaría de ser una extinción de la relación anterior. Finaliza el juez indicando que  el despido tácito efectuado el 02.04.2012  “ con incumplimiento de todas las formalidades contempladas en los arts. 51,53 y 55 del E.T,“, determina la improcedencia del despido con los efectos consistentes en que la administración, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, debe optar entre readmitir a los despedidos, con abono en estos casos de los salarios de trámite, o indemnizarles con 45 días por año hasta el 12 de febrero de 2012 y con 33 días a partir de entonces en virtud de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2012.

Según el letrado, Juan Armando Monge, así se pone de relieve que, teniendo en cuenta la antigüedad de los músicos que en varios casos es de 12 de octubre de 1959, las indemnizaciones  de muchos de ellos es la máxima legal reconocida. Es indemnización máxima asciende a un total de 42 mensualidades. Todas las sentencias son recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha.

Según el abogado defensor, con estas sentencias se da la razón a los músicos que desde siempre consideraron que las alternativas ofrecidas por la Diputación no respetaban los derechos que los mismos tenían fruto de su relación con este organismo y suponían una ruptura sustancial  con su situación anterior. Al mismo tiempo consideran que la decisión de la presidenta de Diputación fue, además de una decisión “torpe – por lo que suponía de falta de habilidad para crear lazos y constituir puentes de diálogo entre el colectivo afectado y la propia institución -, una decisión ilegal por ser contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico y en concreto en el Estatuto de los Trabajadores. Y fruto de esa decisión ilegal la Institución Provincial va a verse notablemente perjudicada”.

 Asimismo, el conjunto de músicos afectados espera que la Diputación ponga en las decisiones que debe tomar en relación con la banda “la cordura que no tuvo en aquella decisión”, ofreciéndose igualmente al diálogo con esta administración, dice Monge.