El pleno del ayuntamiento marchamalero decide no acojerse al plan de financiación ofrecida por el Estado

El Real Decreto de Ley 4/2012 del 24 de febrero establecía la obligación de todas las entidades locales de presentar la relación de facturas pendientes a proveedores anteriores al 1 de enero de 2012, requisito cumplido por el Ayuntamiento de Marchamalo a través de un listado colgado en internet y publicado a través de su página web y sus portales en redes sociales, en el que figura dicha relación completa vinculada a los números de identificación fiscal pertinentes, con un total de 541 facturas procedentes de 124 contratistas diferentes y que ascendían, por aquel entonces, a poco más de 770.000 euros.

No obstante, y acogiéndose a la posibilidad que ofrece este mismo Real Decreto, el consistorio no acudirá a ninguna línea de financiación extraordinaria para hacer frente a estar obligaciones, puesto que se entiende que se podrán atender incluso antes que a través de los cauces propuestos por el Gobierno de la Nación, empleando los recursos propios del consistorio y una parte de la deuda que tienen acumulada la administración regional y la provincial con el Ayuntamiento de Marchamalo. De hecho, a día de hoy, esa deuda reconocida el día 1 de enero ya se ha reducido en 240.000 euros, ascendiendo actualmente a unos 530.000 euros, gracias, en parte, a un pago parcial de la deuda que mantiene con el consistorio la Diputación Provincial. Por tanto, el consistorio gallardo tampoco presentará Plan de Ajuste alguno ante el gobierno central.

El Alcalde, Rafael Esteban, en una extensa exposición en la que ofreció los pormenores de la situación financiera del consistorio a día de hoy, constató que “lo que se nos pide es que equilibremos nuestros presupuestos y eso no es otra cosa que aumentar los ingresos y disminuir los gastos. Eso es algo que nosotros llevamos haciendo con especial cuidado desde 2008 y que estamos comprometidos a seguir haciendo, como podrán comprobar en el borrador de presupuestos que presentaremos después de Semana Santa. Otra cosa es la situación en que nos dejan las deudas de otras administraciones con nosotros”.

Esteban hizo referencia a los más de 600.000 euros de deuda reconocida por la Junta de Comunidades de manera oficial el pasado mes de enero y que, a día de hoy, asciende ya a 760.742 euros, “con los que prácticamente cubriríamos todas esas facturas que teníamos sin pagar el 1 de enero”, y también a los cerca de 600.000 euros que aún adeuda la Diputación de Guadalajara con respecto a los impuestos recaudados durante 2011, una vez descontado el pago de 200.000 euros que el organismo provincial ha efectuado ya al Ayuntamiento. “A nosotros se nos pide comprensión desde estas administraciones, y nosotros la tenemos, pero nuestra obligación es exigir esos pagos y que, de cara al futuro y con las herramientas  tecnológicas de que se supone ahora la Diputación, efectúe los pagos que le corresponden cuando le corresponde, en el mes de enero”.

El Alcalde marchamalero quiso llegar incluso más allá, “lo que se ha publicado, porque  así  lo  dicta  el  gobierno, sólo  son  las  deudas  que  se  mantenían  con proveedores, pero no se incluyen las deudas con otras administraciones, como mancomunidades u otros ayuntamientos. Pese a ello, y aunque sumáramos esa deuda que también existe, si hoy tanto la Junta como la Diputación nos pagaran lo que nos deben eliminaríamos todas esas obligaciones de pago”. De hecho, el Ayuntamiento de Marchamalo cerrará el pasado ejercicio económico con ahorro positivo, una vez que se apruebe la cuenta general, junto con los presupuestos.

LA DEUDA SE SOLVENTARÁ EN MAYO

Así pues, y siempre y cuando la Diputación de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cumplan con el calendario de pagos a los ayuntamientos que han anunciado, la totalidad de la deuda del consistorio marchamalero quedará solventada durante el mes de mayo, lo que podría ser incluso antes que en el caso de los consistorios que se acojan a la financiación del Gobierno. De no ser así, aquellos de los proveedores que más prisa tengan por ingresar el dinero de sus facturas podrán acudir al Ministerio de Economía y Hacienda, quién se hará cargo de ellas, deduciendo posteriormente lo que correspondiera al consistorio de su participación en los Tributos del Estado.

Con respecto a ello, Esteban subrayó la falta de determinación exacta de los procedimientos que seguirá la administración central tanto en esto como en el tipo de interés exacto que tendrán los préstamos de los bancos a los ayuntamientos (se baraja entre el 5 y el 5,15%) o el procedimiento de cobro para los proveedores de los consistorios que se acojan a este plan.

Por otro lado, el Alcalde de Marchamalo apuntó a las medidas que están tomando otras administraciones, como la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), “con las que nos anuncian que empezarán a cobrarnos intereses de demora con respecto a la deuda que mantenemos con ellos. A nosotros quien nos debe nos pide comprensión, y la tenemos, pero si se nos cobran intereses por   una  situación que no hemos creado nosotros, los reclamaremos judicialmente ante quienes nos deben”.

En sus intervenciones, los portavoces socialista y de Izquierda Unida fueron muy críticos con la medida propuesta por el gobierno, haciendo hincapié en el hecho de que los bancos han percibido el dinero que ahora van a prestar a los ayuntamientos a un tipo de interés del 1%, por lo que “el negocio para ellos es redondo y quienes siguen pagando por todo son las administraciones más desvalidas, los ayuntamientos, cuando son las administraciones que están por encima de nosotros quienes más recursos nos adeudan, asfixiándonos”.

Ricardo de Diego, portavoz de IU, fue más allá, apuntando a que este decreto “crea problemas donde no los hay, obligando a endeudarse con un tipo de interés que sólo beneficia a los bancos a ayuntamientos, como podría ser este, cuya  deuda responde exclusivamente a lo que le adeudan  otras administraciones, lo que les puede llevar una futura asfixia financiera, limitando además la autonomía municipal y poniendo bajo sospecha a todos ellos independientemente de que la gestión haya sido buena o mala”.

Por su parte, el grupo popular en el pleno marchamalero, únicamente manifestó su conformidad con el acuerdo calificándolo de “completamente razonable”.