El PSOE califica de “fiasco y engañifa” el servicio provincial de recogida de basuras

psoe_dipubasuras011014La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León, ha calificado de “fiasco y engañifa” el servicio provincial de recogida de basuras promovido por el Equipo de Gobierno del PP. “Es un proyecto que empezó mal y se ha desarrollado peor porque no ha logrado la confianza de los municipios”, ha señalado.

Según ha explicado Pérez León, este es el resultado de la “falta de transparencia y de diálogo” con los propios ayuntamientos a los que iba dirigido. “En vez de ir de la mano, han tratado de imponerlo, y este intento de intervención manu militari se ha saldado con un resultado tan pobre que debería ser replanteado desde el principio”, ha asegurado. Por ello, se ha preguntado a qué obedecen las prisas de la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, por llevarlo adelante cuando carece de los mínimos apoyos necesarios, y ha pedido que dé marcha atrás para empezar de nuevo con un respaldo más amplio.

La evidencia más palpable del fracaso es que la propia Guarinos ha tenido que reconocer que solo 65 de los 288 ayuntamientos de la provincia –apenas uno de cada cinco– han manifestado algún interés en sumarse al proyecto. Entre todos, suman poco más de 17.000 habitantes, que representan tan solo el 6% de la población de Guadalajara. “Esa es la medida de lo que este proyecto representa”, ha señalado Pérez León.

De hecho, esta cifra ni siquiera es real porque una veintena de ellos tienen adjudicado el servicio durante varios años y no podrán incorporarse de manera inmediata. Por tanto, solo podrían hacerlo 43, de los que habría que descontar al menos 15 que habían supeditado su adhesión a una serie de requisitos. Ayer mismo, ocho de ellos presentaron un escrito solicitando formalmente ser excluidos por incumplimiento de las condiciones exigidas a la Diputación. Además, hay otros cinco ayuntamientos de los que ni siquiera consta el acuerdo de adhesión y uno más que ha manifestado expresamente su desacuerdo con la incorporación.

Descontados todo ellos, el proyecto arrancaría con menos de una treintena de municipios, un 10% del total de la provincia, y menos del 3% de la población. “Para un proyecto que pretendía aplicar economías de escala, no podía darse un escenario peor”, ha recalcado la portavoz socialista.

Con todo, la prueba definitiva del fracaso del proyecto es que ni siquiera ha convencido a los propios miembros del Equipo de Gobierno de Guarinos. Tan solo se han sumado tres de los pueblos a los que pertenecen los 13 diputados, y entre ellos ni siquiera está Peñalver, municipio del que es alcalde el diputado que firma la propuesta. Tampoco está capital, donde son concejales la propia presidenta y el vicepresidente, Lorenzo Robisco, ni los municipios más poblados del Corredor del Henares, y solo hay un municipio con más de 3.000 habitantes, que es Brihuega. No están Sigüenza ni Molina de Aragón, cabeceras de importantes comarcas de la provincia.

La falta de confianza no extraña, a la vista de la nula transparencia del proceso. El estudio económico que sustenta el proyecto ha sido encargado a una empresa externa y no ha sido respaldado por ningún técnico de la Diputación. Este estudio no consta entre la documentación facilitada al Grupo Socialista, aunque lo ha solicitado incluso por escrito. Tampoco aparecen los escritos remitidos desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ni se han firmado convenios con los ayuntamientos que ha optado por adherirse al servicio, pese a que era un requisito planteado por la propia Diputación.

Por último, Pérez León ha destacado que existen numerosas anomalías en la documentación facilitada por el PP. Así, la Diputación se compromete a ceder a la empresa adjudicataria del servicio provincial de recogida de basuras un vehículo que es propiedad del Consorcio de Residuos. De este modo, Guarinos está disponiendo de unos medios que ni siquiera son de la Diputación.

Igualmente, el Grupo Socialista ha podido comprobar que existen significativas diferencias de costes entre la oferta planteada inicialmente a los ayuntamientos y la que figura ahora en el expediente aprobado en pleno. Por ejemplo, mientras Brihuega había aprobado una previsión de gasto de poco más de 63.000 euros, ahora se le reclaman más de 76.000, un 20% de incremento.