El PSOE pide rebajar hasta un 50% los costes de la acometida del agua en las VPO

cabanillas260314El Grupo Socialista de Cabanillas del Campo ha pedido al alcalde, Jaime Celada, del PP, que rebaje los costes que cobra por la acometida de agua para las 24 viviendas de Protección Oficial (VPO) que el Ayuntamiento ha empezado a entregar ahora, con un enorme retraso. Según ha explicado el portavoz socialista, José García Salinas, cada propietario deberá pagar una cantidad de 419 euros por su vivienda, más una parte proporcional del coste que tiene el enganche para la comunidad, que supera los 1.200 euros.

“Creemos que sería necesario aplicar una reducción que podría llegar al 50% para ayudar a estas personas, en su mayoría jóvenes de nuestro pueblo que van a tener que asumir un gran número de gastos al independizarse en un momento especialmente difícil por la crisis económica que estamos atravesando. Precisamente, el Ayuntamiento no debería contribuir a ahogarles aún más, sino a apoyarles porque forman parte del futuro de Cabanillas”, ha asegurado García Salinas.

Sensibilidad y apoyo
La propuesta del PSOE pasa por reducir hasta un 50% los costes de conexión a la red de aguas, bien de manera excepcional en este caso, o incluso planteando una modificación de la tasa para introducir bonificaciones en determinados casos como este. “Sería una buena manera de demostrar la sensibilidad y el apoyo de la administración local, en vez poner dificultades a estos vecinos que han decidido establecerse en nuestro pueblo para hacer su vida”, ha agregado el portavoz socialista.

De momento, los propietarios de estas viviendas no están teniendo suerte con el alcalde. Celada ha retrasado más de medio año la entrega, pese a que las obras están terminadas desde el pasado mes de febrero, aunque lo cierto es que tampoco se había dado mucha prisa en terminarlas. De hecho, el proyecto de construir 24 VPO en Cabanillas del Campo fue iniciado por el anterior Gobierno municipal del PSOE, que antes de las elecciones de 2011 incluso las dejó adjudicadas. Los propietarios llevan pagando desde entonces, aunque han tenido que pasar más de tres años antes de poder entrar a vivir en ellas. El retraso en la entrega ha provocado la renuncia de al menos cuatro de los adjudicatarios, que ha perdido buena parte del dinero entregado a cuenta.