En picado

El 31 de agosto de 2011, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anunció que su Gobierno realizaría un drástico recorte del gasto público del 20%, lo que supondría un ahorro de 1.815 millones de euros. El adelgazamiento del sector público fue rápidamente bautizado como la dieta Cospedal y se plasmó en un documento de título equívoco: Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos. La presidenta aseguró: “este plan servirá para crear empleo y proteger los derechos sociales, la defensa de los servicios públicos y la mejora en la calidad de las prestaciones”.

La crisis y la situación financiera de la Administración regional dieron carta libre a la Junta para sacar las tijeras. En mayo se cumplirán dos años del triunfo del PP en las elecciones regionales y la política de austeridad está haciendo trizas a una comunidad ya de por sí con una fortaleza económica discutible.

El Ministerio de Hacienda asegura que Castilla-La Mancha ha reducido su déficit un 6,3% durante los últimos doce meses, cumpliendo con el objetivo fijado. Montoro recordó el jueves pasado que las cuentas regionales han sido certificadas por la Intervención General del Estado. La Junta logra este dato después de imponer una serie de recortes que van desde el cierre de 32 empresas públicas y la eliminación de figuras institucionales como el Defensor del Pueblo hasta la merma de derechos sociales básicos como la sanidad, la educación o la dependencia.

Cospedal ha conseguido embridar el déficit a costa de disparar la deuda. Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mayor endeudamiento en relación a su PIB (un 27,8%, lo que supone 10.190 millones de euros) solo superada por la Comunidad Valenciana (29,3 %), según datos del Banco de España. El dato se debe tanto al pago de proveedores, que se hizo con cargo a la deuda, y al rescate autonómico después de que Castilla-La Mancha recurriera al Fondo de Liquidez Autonómica. La región ha incrementado en más de 3.600 millones de euros la deuda bancaria en un solo año. Pese a ello, la Junta sigue debiendo 2.000 millones a proveedores, entre empresas y ayuntamientos.

La gravedad de la coyuntura quedó certificada el pasado 20 de marzo, cuando se hizo público el dato del PIB de 2012. Castilla-La Mancha sufrió una caída del 3% de su economía, más del doble de la media nacional (-1,4%). El porcentaje es pésimo, pero previsible. De hecho, en junio de 2012, el Informe Económico Financiero del Gobierno regional aventuraba una contracción del 2,2. Que fuera previsible no le resta ni una miaja de trascendencia.

Macroeconomía aparte, la cola del paro nos da de bruces contra la realidad. El desplome de la actividad económica está teniendo un efecto devastador en el empleo. Desde que se aprobó la reforma laboral se han destruido 38.700 empleos en Castilla-La Mancha, según CC OO. Durante el último año, el paro se ha disparado un 10,79%, lo que ha hecho posible que 8.000 jóvenes menores de 25 años hayan perdido su puesto de trabajo y que la contratación se contrajera un 5,57% a lo largo de 2012. La tasa de paro juvenil en la región roza el 60%, ocho puntos más que la media estatal.

Cospedal heredó un panorama económico lamentable en Castilla-la Mancha, pero también unos servicios públicos dignos. En su discurso de investidura prometió no tocar el gasto social y centrar los ajustes en otras partidas del gasto público. No ha cumplido su palabra, lo cual no es difícil teniendo en cuenta que casi el 80% del presupuesto de esta comunidad se destina a derechos sociales. En su discurso de investidura, por cierto, también dijo que sus tres prioridades en materia económica serían “primero, crear empleo; segundo, crear empleo; y tercero, crear empleo”. Ay las hemerotecas.

Economistas como Stiglitz o Krugman llevan mucho tiempo recordando que se salió de la depresión de 1929 con políticas keynesianas, y que los recortes radicales de gasto público en una etapa de depresión provocan unas heridas sociales que trituran el sistema. “La cuestión esencial que hay que tener presente cuando se piensa en reducir el déficit es que lo que lo provocó fue la recesión, y no al revés. Una mayor austeridad tan solo empeorará la crisis, y la ansiada mejora en la situación fiscal no se producirá” (El precio de la desigualdad, Stiglitz, Taurus, 2012, pág. 273). Según el mismo autor, “los peores mitos son que la austeridad trae consigo la recuperación y que un mayor gasto del gobierno no lo hace. El argumento es que los hombres de negocios, al ver que el balance del gobierno tiene mejor aspecto, tendrán más confianza; más confianza dará lugar a más inversión” (pág. 293). Stiglitz defiende que las oportunidades de inversión pública darían lugar a una menor deuda nacional a largo plazo y, por tanto, facilitarían la solidez de la actividad económica.

Lo que ocurre en Castilla-La Mancha es una consecuencia directa de las políticas que Bruselas impone a Madrid, y Madrid a Toledo. Es imposible restablecer la confianza solo con más austeridad, pero la tesis imperante se empeña en lo contrario. Las consecuencias están ya a la vuelta de la esquina. La tasa de paro en la región supera el 30% (cerca de 300.000 personas). Tenemos un territorio paralizado, desindustrializado, enladrillado, despoblado, envejecido y endeudado hasta las trancas. Cospedal no tiene la culpa de todo eso, pero sí de una política de recortes brutal e infecunda que ha postergado el crecimiento a simple apéndice.

Los ciudadanos estamos atrapados en un círculo nefasto que hunde la economía. Y llegan las noticias tan a borbotones que resulta difícil digerirlas. Es la doctrina del shock (Naomi Klein, 2007), pero con un toque entre rudo y áspero. El poder ejerce con soberbia. Quizá por ello los datos pasan con sigilo, en medio de la dulce anestesia de la indiferencia. La tormenta económica es tan fuerte que el poder político ha conseguido que la resignación se instale en la sociedad. Da la impresión de que no hay nada que hacer, que ya hemos tirado la toalla, que los problemas no tienen solución. Es el triunfo político de la antipolítica. El marasmo, la atonía, la falta de agallas para sortear la queja estéril. Ya lo dijo Balzac: la resignación es un suicidio colectivo.