‘Hidrocolonia’

A lo largo de tres décadas de mandato socialista, el agua se convirtió en una prioridad para la Junta de Castilla-La Mancha. De poco sirvió, ciertamente, porque los distintos gobiernos centrales hicieron siempre caso omiso de las reivindicaciones de esta tierra. La reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada el 29 de enero de 2007 tras un pacto entre el PSOE y el PP, incorporaba 2015 como la fecha de cierre del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que se remonta a 1966, en pleno desarrollismo franquista. El objetivo no era dejar a la costa sin agua, sino impeler al Gobierno central a buscar alternativas a un acueducto por el que Castilla-La Mancha se siente agraviada.

Seis años y unas elecciones regionales después, la medida se ha quedado en papel mojado. El acuerdo entre socialistas y populares, que fue exangüe desde el principio, estalló. La reforma estatutaria fracasó en el Congreso y fue retirada de las Cortes. El contexto político ha virado. Ya no gobiernan Zapatero ni Barreda y las desaladoras pasaron a mejor vida. El PP se presentó en los comicios generales de 2011 con la promesa de articular una “política nacional del agua”. Su programa defendía satisfacer las necesidades hídricas de todas las regiones, pero sin concretar cómo. Y en esas seguimos. El grifo se perpetúa  y la cabecera del Tajo sigue exprimiéndose sin respetar el caudal ecológico aconsejable.

En materia de agua, como en casi todo, hay que distinguir entre política nacional y regional en un Estado cuya arquitectura jurídica concede a las autonomías un protagonismo relativo en la gestión del agua.

El PSOE paralizó el trasvase del Ebro y diluyó el Plan Hidrológico Nacional impulsado por Aznar, pero nunca se atrevió a derogar el del Tajo. Hace unos días le pregunté a través de Twitter a Cristina Narbona, ex ministra de Medio Ambiente, por qué los diferentes gobiernos socialistas nunca se plantearon acabar con el trasvase del Tajo con la misma determinación con la que laminaron el del Ebro. No contestó. Solo farfulló evasivas. La comparación entre ambos ríos escuece.

El PP tampoco puede sacar pecho. Su prioridad fue siempre alinearse con la posición de Valencia y Murcia, dos regiones volcadas con los populares, que han hecho bandera del lema ‘agua para todos’. Ni siquiera el triunfo de Cospedal en Castilla-La Mancha, y su doble condición de secretaria general del PP y presidenta regional, ha doblegado la voluntad del presidente murciano. La batalla entre ambos no se ha escenificado en público, pero es vox populi.

En Castilla-La Mancha, Bono y Barreda hicieron bandera del agua, pero ningún presidente está en la posición de fuerza que puede exhibir Cospedal, al menos, mientras no le muevan la silla en la sede nacional del PP. No estamos en abril de 2010, cuando la entonces jefa de la oposición presentó una propuesta de última hora en la reforma del Estatuto con dos modificaciones de peso: retiraba 2015 como fecha de finalización del trasvase y sustituía la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos para Castilla-La Mancha por una difusa “estimación de las necesidades de agua”.

No, ya no estamos en ese tiempo. Cospedal gobierna la región desde mayo de 2011 y su partido está instalado en la Moncloa. Urge pasar de las palabras a los hechos, aunque en esta historia casi no hay ni palabras. La presidenta ha sido incapaz de fijar una postura, y ni siquiera después de la aprobación del último trasvase de 76 hectómetros cúbicos, el mes pasado, tuvo coraje para salir a la palestra. Ni los excedentes ficticios, ni los peces muertos, ni la ausencia de caudales, ni la explotación desaforada de las reservas de Entrepeñas y Buendía, ni las quejas de regantes y agricultores, ni la falta de alternativas para la comarca de la cabecera han sido suficiente estímulo para que Fuensalida abandone su mutismo.

Sí debe reconocerse a Cospedal un detalle reciente: la maniobra que ha cursado para bloquear el Pacto del Tajo que, desde hace meses, urde el ministro Arias-Cañete junto a las tres comunidades autónomas implicadas. Ahora falta saber si esta postura supone un propósito de enmienda o se queda en una anécdota. Cospedal, asediada por los recortes del último año, tiene una oportunidad de oro con el agua de acercarse a las gentes de la región que gobierna.

El diario valenciano Las Provincias publicó el pasado 28 de febrero que el “pacto del Tajo está cada vez más cerca”, tras el “acercamiento de posiciones” de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. El pacto, según esta información, “prevé garantizar la continuidad del acueducto”, aunque modificando la ley de Aprovechamiento Conjunto que rige el trasvase desde 1980.

La Junta permanece muda, pero Antonio Cerdá, consejero de Agricultura y Agua de Murcia, ya ha asegurado que “el Ministerio busca el máximo consenso” en el Plan de cuenca del Tajo (Europa Press, 25.02.13). Observen: Cañete callado, mientras el responsable del ramo murciano se permite hablar en nombre del Gobierno de la nación. A ello se suma la presencia en las reuniones del ministerio de Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua. Muy imparcial todo.

Habrá que esperar en qué queda esta negociación, pero Castilla-La Mancha solo tiene dos salidas desde hace muchos años: o consigue arrancarle el compromiso al Gobierno de cerrar el trasvase o logra subir la cota mínima trasvasable de los 240 hectómetros actuales (menos de un 10%) a un 40%. Solo una lámina acorde con las necesidades hidrológicas permitirá una solución estable que garantice el caudal del río, los usos necesarios en la cabecera y el desarrollo de la zona. Y, a partir de ahí, que bombeen todo el líquido que quieran.

En la asociación de ribereños tienen la tienen la sospecha de que el futuro del agua se va a decidir desde Levante. Miguel Ángel Sánchez, uno de los portavoces de la plataforma de defensa del Tajo y el Alberche, considera que esta tierra, desde la Alcarria hasta Talavera, se ha convertido en una mera hidrocolonia. Es un término preciso para describir el castigo al que se somete a Castilla-La Mancha.

El Tajo es más que un río para esta tierra. El Tajo no es de Castilla-La Mancha en exclusiva, pero tampoco la costa puede adueñarse de los argumentos sobre el desarrollo. Si el Gobierno regional no rectifica su falta de determinación sería un paso atrás de décadas. Debajo de una cuestión medioambiental subyace la necesidad de articular un discurso político capaz de defender los intereses de la región. Buscar acuerdos es bueno. Poner siempre la mejilla, o sea, el agua, es de bodoques.

PD.: Esta columna vuelve a sus orígenes. La Garlopa nació en el primer número de la edición impresa de HENARES AL DÍA, publicado en marzo de 2001. Ha pasado más de una década y la cabecera se ha volcado de lleno en internet, pero sin perder sus rasgos. La vuelta de este espacio es algo natural, consecuencia de una amistad forjada gracias al interés por Guadalajara. Mi agradecimiento al medio y a su editor. Y, sobre todo, mucha, mucha fuerza para seguir bregando.