La Defensa del Pueblo vuelve a reprochar la “tardanza” de la Junta con el castillo de Galve

Torre del Homenaje desde el patio del castillo.La institución, por tercera vez en un año, exige a la Junta de Castilla-La Mancha “por vía de urgencia” que entregue la documentación sobre este monumento

La Asociación de Galve expresa su “profundo malestar” por la falta de colaboración del Gobierno regional incluso con una institución pública del Estado

La Defensora del Pueblo ha enviado recientemente un escrito a la Asociación Castillo de Galve quejándose de la “tardanza” de la Junta de Castilla-La Mancha a la hora de entregar la documentación que la Defensora del Pueblo le exige sobre el castillo galvito. El objetivo de la institución que dirige Soledad Becerril es recabar toda la información disponible a fin de evaluar hasta qué punto el Gobierno regional ha cumplido con sus obligaciones con relación a este monumento.

El escrito de la Defensora del Pueblo, fechado el pasado 19 de febrero, es el tercero en un año que recibe la Asociación de Galve en el que esta institución estatal afea al Gobierno de Castilla-La Mancha su falta de diligencia para colaborar. Los anteriores están fechados el 30 de abril y el 11 de septiembre de 2014.

Al no recibir el informe solicitado, la Defensora del Pueblo ha comunicado a la asociación que ha vuelto a reclamarlo “por vía de urgencia” a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. “Una vez que la Administración envíe lo solicitado, la Defensora del Pueblo adoptará las medidas que considere oportunas para impulsar el proceso alrededor del castillo de Galve.

Los escritos de la Defensora del Pueblo tienen su origen en la queja presentada por la Asociación Castillo de Galve el 30 de diciembre de 2013 contra el propietario del monumento, que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que se encuentra en un avanzado estado de degradación; y contra la Junta de Castilla-La Mancha, como administración competente en materia de patrimonio histórico. La Defensora del Pueblo necesita contrastar con la Administración de Castilla-La Mancha las alegaciones de la asociación galvita para admitir a trámite la queja.

La Asociación Castillo de Galve expresa su lamento y su malestar por la falta de colaboración del Gobierno regional, teniendo en cuenta además que se trata de una exigencia directa de una institución pública del Estado.

Asimismo, la asociación recuerda que durante los múltiples contactos que sus miembros han mantenido con los responsables de la Delegación Provincial de la Junta, éstos se comprometieron a entregar toda la documentación que requiriese la Defensora del Pueblo.

Tras varios intentos frustrados con el dueño para negociar la rehabilitación del castillo, y ante la negativa del propietario a cumplir con las exigencias que desde 2007 le ha formulado la Comisión Provincial de Patrimonio, la Junta de Castilla-La Mancha valoró sancionarle entre 2010 y 2011. Tras el cambio de gobierno regional, la Consejería de Cultura volvió solicitar al propietario que presentara el  proyecto de ejecución, estudio arqueológico y de paramentos, aunque sin resultados. En febrero de 2014, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció la incoación de un expediente sancionador que está pendiente de ejecutarse.