La Diputación, condenada a readmitir al ex gerente del Organismo de Deportes, tras declararse nulo su despido

La sentencia del Juzgado de lo Social, dictada el 10 de julio de 2012, es consecuencia de la demanda interpuesta por el ex gerente del Organismo Autónomo de Deportes, a quien el pasado 27 de febrero le fue comunicado que se le despedía con fecha 1 de marzo de este mismo año. El fallo judicial considera probado que este trabajador recibió un trato discriminatorio respecto al resto de integrantes de la plantilla del extinto OAD, ya que mientras a él se le despidió sin ofrecerle ninguna alternativa pese a tener plaza aprobada por oposición en la Institución Provincial, todos los demás fueron reubicados en el servicio de Deportes de la Diputación, salvo tres que fueron reasignados al servicio de Juventud.

Además, se deja constancia de que, pese a extinguirse el Organismo Autónomo de Deportes, la plaza de gerente no puede amortizarse sin más, ya que sus funciones siguen siendo necesarias y, de hecho, se le han encargado de forma temporal a otro trabajador de la Diputación que, por otra parte, no cumple todos los requisitos que exigían en la convocatoria que aprobó el trabajador cuyo despido se ha declarado nulo.

La portavoz socialista, tras leer varios párrafos de la sentencia que reflejan con absoluta contundencia la existencia de un trato vejatorio y discriminatorio al trabajador, ha destacado que “la justicia viene a corroborar con pruebas las críticas que viene haciendo el Grupo Socialista sobre la prepotencia, la soberbia y el sectarismo con que actúan Guarinos y su equipo, que atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores”, y de la que “este fallo judicial es sólo la punta del iceberg del derroche de dinero público que Guarinos está dedicando a la persecución y la purga política de numerosos trabajadores de la Diputación”.

En este sentido, la sentencia condena a la Diputación a readmitir al trabajador injustamente despedido en las mismas condiciones que desempeñaba anteriormente sus funciones, y a pagarle, por un lado, los salarios que le corresponden desde el despido hasta su readmisión y, por otro, la indemnización por no haberle comunicado el despido con el plazo legal de quince días que marca la ley, pese a que la desaparición del OAD estaba decidida desde el 20 de diciembre de 2011.