La muerte de ‘El Ruiseñor’

“Guadalajara es una ciudad íntima y minúscula, entrañable y abierta, en cuyo jardín intelectual crece lozana la airosa flor de la poesía”, escribió Cela. Tal vez el escritor gallego podría haber añadido que también crece la no tan airosa flor de la polémica. Esta es una ciudad que litiga por casi todo. Recuerden cómo se gestó el Buero Vallejo, cómo se gestionó la ubicación de la estación del AVE, cómo ha acabado la riña alrededor del frustrado Palacio de Congresos o cómo la parálisis ha enterrado la Ciudad del Transporte.

La tendencia continúa. Guadalajara permanece encallada en su proverbial atonía y quizá por ello la supresión del Ruiseñor ha pasado con más pena que gloria, salvo en los correcalles políticos, donde todo se comenta a la espera de ver qué pasa. Y lo que pasa es que no pasa nada. Como casi siempre en Guadalajara. La crisis lo puede todo, Barreda era un manirroto que presentaba maquetas sin poner un duro y Valerio no se entera de la misa la media y es muy mala candidata. Y así. Las consignas lo pueden todo, y más en la cuna de Romanones.

La reunión a últimos de febrero entre el alcalde Román y el consejero Romaní escenificó la devolución de casi todas las parcelas que el Ayuntamiento había cedido a la Junta de Castilla-La Mancha para desarrollar El Ruiseñor. Esto significa que, después de asumir, firmar y comprometer el proyecto, tanto el Ayuntamiento como la Junta se echan para atrás y dejan a la Universidad con el campus colgando. De un compromiso institucional se ha pasado a una refriega política. Y lo más sorprendente, por no decir estrambótico, es que el Ayuntamiento lo vende como un éxito.

El Ruiseñor es la iniciativa más importante que tenía Guadalajara sobre la mesa. No era una quimera, sino un polígono de dos millones de metros cuadrados, urbanizado al 70%, en el que ya se han invertido 30 millones de euros. Según los socialistas, solo la construcción del campus podría haber generado alrededor de un millar de empleos. Mil puestos de trabajo en una ciudad con 9.000 parados es algo extraordinario. Cerrar el paso a esta vía resulta una barbaridad difícil de explicar ante la ciudadanía si no es con marrullería política o directamente quedándose mudo, que es la opción escogida por Román.

El descarte de El Ruiseñor tiene una triple consecuencia para la ciudad.

Primera: bloquea la ampliación del campus. El alcalde, erre que erre, sigue empeñado en llevarla al casco histórico, en contra del criterio expresado por la propia Universidad de Alcalá, partidaria de agrupar sus instalaciones para optimizar recursos y costes. El Ayuntamiento propone como alternativa el colegio de las Cristinas. El PSOE avisa que estos terrenos son de Defensa y que no le van a salir gratis a las arcas municipales.

Segunda: retrasa la instalación del Parque Científico y Tecnológico, que el Ayuntamiento sí parece querer levantar en El Ruiseñor (a la espera de que hable Román y aclare el asunto). Un parque científico, como ocurre con el paradigma del que se promovió en Barcelona, debe estar cerca del recinto universitario. Es de cajón. El objetivo es facilitar aquello que los especialistas llaman transferencia de conocimiento, y para ello, es aconsejable acercar todos los elementos implicados en este proceso.

Y tercera: perjudicará seriamente a las empresas que han invertido en el proyecto. Cerquia ya ha presentado una demanda por responsabilidad patrimonial de casi un millón de euros y estudia otras demandas por un valor que rondaría los 40 millones de euros. Veremos qué dice Hercesa, el agente urbanizador.

El impacto en el mercado laboral y la relevancia de las infraestructuras que contenía el proyecto son suficiente argumento como para esperar del Ayuntamiento de Guadalajara algo más que un descarte rotundo. Román ni siquiera ha sido sensible a la propuesta de la oposición de flexibilizar los plazos de ejecución. Nada. Ha optado por el brochazo gordo en un asunto que requería inteligencia para aunar voluntades, audacia para dar aire a una ciudad atrofiada y tesón para obtener financiación hasta de debajo de las piedras si fuera necesario.

Cospedal, claro, está encantada. Sus mariachis, también. La presidenta tenía dos problemas gordos en Guadalajara (el Hospital y el Ruiseñor) y ahora Román le ha extirpado uno. El argumento esgrimido es recurrente: no hay líquido. Según el Ayuntamiento, el dinero que presupuestó la Junta no permitió ni licitar la obra. En las cuentas de 2009 figuraba una partida de casi 67 millones de euros y en 2010, otros 47.

El estado avanzado de la urbanización del polígono acredita por sí solo que el Ruiseñor no era papel mojado. O Barreda gastaba demasiado o era un rácano de narices, pero no ambas cosas a la vez. La Junta promovió y financió el arranque del proyecto. Era responsabilidad de los gobiernos sucesivos dotarlo de una financiación estable. Esa es la responsabilidad de la que ahora abdican, al mismo tiempo, tanto la Junta como el Ayuntamiento.

El 23 de octubre de 1959, el Consejo de Ministros aprobó la designación de Guadalajara como Polígono de Descongestión preferente de Madrid, a propuesta de la Comisión Interministerial presidida por el falangista José Luis Arrese. La ciudad dormitorio estaba servida, pero también el futuro. Dos días más tarde, cuentan las crónicas que alrededor de 5.000 personas salieron a las calles para aclamar a su alcalde, el doctor Sanz Vázquez. Nueva Alcarria tituló: “llega la hora de Guadalajara”.

Cualquier tiempo pasado fue peor, desde luego. Pero no deja de tener nísperos que hasta un alcalde franquista, catolicón y despierto demostrara más visión de futuro que su sucesor en pleno siglo XXI. Debe de ser que cada médico tiene su librillo.

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PD.: TRASVASE HASTA 2027.- El Ministerio de Agricultura publicó ayer en el BOE el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, que recoge un aumento de la reserva de la cabecera de los 240 hectómetros cúbicos actuales a 400. El plan, gestado a través de un opaco proceso de negociación, no satisface a nadie, salvo a los dirigentes del PP del Gobierno central, Castilla-La Mancha, Murcia, Guadalajara y Talavera. Habrá que esperar las alegaciones que presenten los ribereños y las plataformas del río, pero la reserva propuesta está muy lejos de la lámina que reivindican los pueblos y los agricultores de la cabecera. El acuerdo da aire al ministro Cañete, pero no resuelve la llamada guerra del Tajo. El plan aprobado no respeta el caudal ecológico del río, no es sensible a las necesidades de los ribereños, no modifica las reglas de explotación del trasvase (regulado por ley) y perpetúa el acueducto hasta 2027. La Junta de Castilla-La Mancha defiende que el plan del Tajo garantiza las necesidades de ciudadanos y regantes, pero el Gobierno murciano calificó de “positivo” el acuerdo: “se ha pasado de la intención de Barreda, en Castilla-La Mancha, de hacer inviable el trasvase a hacerlo viable y que siga funcionando”. El PP tendrá que explicar en Castilla-La Mancha por qué ha pasado de apoyar la fecha de caducidad del trasvase en 2015 a rubricar su extensión otros catorce años.