Plataformas

Josep Pla escribió en La calle estrecha: “No vayas al café, no juegues a cartas. No frecuentes tertulias estúpidas alimentadas por chismorreos pornográficos o insignificantes anécdotas políticas. Si lo haces quedará asfixiado por el ambiente. Todo lo verás a través de esa atmósfera en una escala infinitamente pequeña”.

La vida provinciana puede ser una letanía anodina o un espejismo lejos de la pérfida urbanidad. A caballo de esta escisión, la Semana Santa parece un territorio propicio para encontrarse a sí mismo. Puede que por el recogimiento, pero también por las hordas que llegan a nuestros pueblos en busca de una tregua. La lluvia, las ventoleras y el agua que desborda todos los ríos y arroyos han marcado estos días. También otro percal: el mantenimiento de las urgencias en los centros de salud. Un milagro de resurrección en forma de penitencia para el Gobierno regional.

No todos los que se hinchan de botellines en las tascas están preocupados por la asistencia sanitaria. Algunos regresan a sus pueblos de origen como quien a va a Benidorm a zamparse una paella: para matar el tiempo, para contar nubes, creyendo que los servicios caen del cielo, o peor aún, que no merece la pena que caigan. Otros no. Otros paisanos no se resignan y mueven el culo para defender su dignidad.

La movilización en contra del cierre de las urgencias en Castilla-La Mancha tiene una dimensión modesta, pero histórica: nunca antes en la corta historia de este invento de autonomía se había producido una unión entre las cinco provincias tan solidaria como ahora. Alcaldes de colores políticos opuestos, asociaciones de pueblos lejanos, plataformas de comarcas extramuros. Jamás Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo habían estado tan cosidas por un asunto que traspasa la linde provincial. Cospedal y Echániz pueden apuntarse este mérito incuestionable.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprovechó la víspera de Jueves Santo para derogar la orden del 14 de enero que condenaba al cierre a 21 puntos de atención continuada (PAC). Es un alivio, pero solo temporal. El propio consejero, a modo de pataleta inmadura, anunció el mismo día que ya estaba preparando un nuevo plan para “reestructurar” las urgencias de los 919 municipios de la región. No quieres caldo, pues toma dos tazas, vino a advertir. Y además con soberbia: “a la vista de la constatación del escaso uso de estos recursos se obstaculiza el logro de una sanidad más eficiente, eficaz, útil, rápida, moderna, racional y efectiva”. Es lo que sostiene la orden rubricada por el consejero de Sanidad, el mismo que primero adujo un ahorro de 5 millones de euros para cerrar los PAC y luego se puso a filosofar sobre las ventajas de la privatización de la sanidad pública.

La versión oficial de la Junta es que desiste en su propósito porque la justicia se lo impide. La realidad es que cede por la acción conjunta de la justicia y de la calle. Los diferentes autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, favorables al mantenimiento de las urgencias tal como hasta ahora han funcionado, son la consecuencia de la presión de ciudadanos, colectivos, ayuntamientos, sindicatos y partidos políticos (básicamente PSOE e IU). Y también, justo es reconocerlo, de la iniciativa de los diferentes alcaldes, que han antepuesto el interés general de sus vecinos a todo lo demás.

El desenlace de esta batalla certifica la fuerza de la sociedad civil cuando se une y actúa. La Otra Guadalajara y la Plataforma Sierra Norte son dos ejemplos de ello. Resulta comprensible la crítica hacia estas plataformas por parte de aquellos partidos (pongamos que hablamos del PP) que no comparten sus fines. Lo que ya no es tan comprensible es esa porfía en tildar de partidistas a quienes se mueven por causas sociales que, por supuesto, tienen una base política. Su argumento machacón es la “degeneración de la protesta” de la que hablaba Martín Prieto en su columna del martes pasado.

Echániz ha llegado a tachar de irresponsables y egoístas a los ciudadanos que han protestado por las urgencias. En febrero de 2012 fue más allá y soltó que los dirigentes de la Plataforma de la Ley de Dependencia son “francotiradores”. Esta misma semana, la senadora Carmen Riolobos aseguró sin añadir ni un dato que “detrás” de este colectivo “está el PSOE”, una frase que sigue la línea de quienes desde este partido vinculan a la plataforma de afectados por la hipoteca con grupos “filoterroristas” y acusan a sus miembros de estar a las órdenes de Rubalcaba. ¡Qué más quisiera el PSOE que controlar a estos movimientos!

Si no dan con la tecla para arreglar los problemas del personal, y si tampoco saben encajar con humildad sus propios errores, por lo menos sería deseable que no dieran la murga esparciendo bulos y sembrando sospechas que no se le ocurren ni al que asó la manteca.