Seteros furtivos y otras especies

IMG_4478Uno de los reportajes más interesantes de mi etapa de trabajo en Guadalajara -y perdón por arrancar con una autocita- fue el que realicé en un campo de temporeros de las setas en Cogolludo. La historia era acompañar en un día de trabajo a grupos más o menos organizados, con abundancia de extranjeros, en los que cada persona cobraba alrededor de 20 euros por una jornada en régimen de semiesclavitud y sin paraguas laboral de ningún tipo. Han pasado doce años, pero probablemente hoy volveríamos a encontrar una estampa similar si no en Cogolludo, sí en cualquier otro pueblo limítrofe en el que la recolección micológica se convierte en reflejo del abandono del campo y en pasto de la economía sumergida.

No existen datos globales del negocio que acarrea la recolección ilegal de setas en Guadalajara. Sí sabemos que en otras provincias, y no demasiado lejanas, han sabido poner coto a esta delincuencia con una normativa razonable y ajustada a las necesidades de los pueblos. Leo en el periódico Heraldo de Soria, que en estas fechas se convierte en una biblia para seguir la información setera, que continúan en aumento las denuncias de recolectores ilegales por los constantes controles de la Guardia Civil.

Hasta esta semana, los agentes medioambientales de Castilla y León en la provincia de Soria (que son 90 en total) han interpuesto 85 denuncias administrativas por incumplimiento de la Ley de Montes en la recogida de hongos.  El último decomiso –y valga el ejemplo para hacerse una idea del calibre del negocio- se produjo el pasado martes en Vinuesa, al pie de la Laguna Negra, y ascendió a 350 kilos de productos micológicos.

En Soria, igual que en Teruel o en otros territorios como Cataluña o el País Vasco, los decomisos son frecuentes. Y la información de los agentes llega casi en tiempo real a través de las redes sociales. A ello hay que sumar la planificación de una estrategia global y coherente orientada a explotar el potencial de la micología, ya sea sumando a los restauradores en esta labor, organizando actividades específicas como las distintas jornadas seteras, potenciando la comercialización (véase el extraordinario Mercasetas soriano) o incluso acercando las nuevas tecnologías: Micocyl, el servicio de micología de Castilla y León (Castilla-La Mancha carece de una entidad análoga) acaba de presentar una aplicación de Android para ir a por setas.

En Guadalajara, sin embargo, continúa el desamparo. Un desamparo triste y lánguido que se prolonga desde hace décadas, y del que se aprovechan cada año los seteros furtivos que saben que con tan solo cruzar la linde provincial, pueden campar a sus anchas gratis et amore.

Ni Guadalajara ni el conjunto de Castilla-La Mancha han sabido gestionar adecuadamente el potencial micológico. Ni en el ámbito de la conservación del entorno, ni tampoco en la regulación laboral, ni en el aprovechamiento comercial. Y no ha sido por desconocimiento sino por falta de voluntad política de los distintos gobiernos regionales y locales.

Durante la legislatura anterior, la Junta de Castilla-La Mancha emitió el borrador de una orden destinada a regular esta actividad. Ya dijimos entonces que había que tomarlo con cautela porque el historial de incumplimientos del Gobierno regional en esta materia es más largo que la lista de los reyes godos. Y, desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón. La era Cospedal tocó a su fin y acabó exactamente igual que en tiempos de Bono y Barreda: sin rastro de una normativa que limite el desafuero de los seteros ilegales.

El Gobierno de Page no ha abierto la boca sobre este particular. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, lleva dos meses atendiendo una prioridad incuestionable: el expolio del agua del Tajo en los pantanos de la cabecera. Sin embargo, convendría que alguien de su equipo le recordara la asignatura pendiente en materia micológica.

La Junta debería aprovechar esta legislatura para ejecutar la orden que emitió el Ejecutivo anterior –actualizada y mejorada- y completarla con el desarrollo de la legislación específica de cada espacio natural. Por ejemplo, la ley por la que se creó el Parque Natural de la Sierra Norte (125.422 hectáreas) recoge expresamente en su segundo anejo el establecimiento de la ordenación micológica. Pero nada se supo después. Ni del anejo ni casi del parque entero.

El colofón a las medidas de protección legal sería elaborar una estrategia encaminada a convertir las setas en un baluarte del entorno pero también de la industria agroalimentaria regional, exactamente igual que se ha hecho con otros productos como el vino, el aceite, el azafrán o la miel.

Para ello, claro, hacen falta medios y personal porque el control de una recolección micológica regulada no se puede hacer con voluntarios. Exige armonizar normas y tarifas, y una dotación de personal adecuada. Pero, ¿ha pensado algún lumbreras de tantos que habitan los despachos de la Administración que esta posibilidad, además de preservar la naturaleza, contribuiría a dinamizar la paupérrima economía de zonas como el Alto Tajo o la Serranía?

El vacío legal es tan hondo que llevó a algunos ayuntamientos a hacer la guerra por su cuenta. Peralejos de las Truchas implantó unas ordenanzas municipales en 2009, Cogolludo lo hizo cuatro años después y Orea se ha estrenado este año aprobando unas tarifas asequibles: 10 euros al año para los vecinos e hijos del pueblo, y 5 euros para los foráneos aunque con una recolección limitada a cinco kilos por persona y día. Y una tasa especial de 1 euro por persona y día a quien se gaste 25 euros en la localidad (El Hexágono). Esta tasa es un reflejo de lo mencionado hace dos párrafos: como ni Guadalajara ni Castilla-La Mancha se han preocupado en desarrollar el aprovechamiento comercial y gastronómico de las setas, la mayoría de los seteros va al campo con comida, de tal manera que el gasto en restaurantes y alojamientos se queda en nimio. De ahí la desesperación de muchos pueblos para convertir al setero también en un turista.

Hay que tener en cuenta que las ordenanzas municipales aprobadas hasta ahora en Guadalajara se circunscriben al ámbito recreativo, es decir, que van dirigidas a los aficionados que deciden pasar un día entre pinares o hayedos cogiendo setas de cardo, níscalos o boletus. Queda pendiente la regulación en el ámbito comercial, lo que exige una intervención supramunicipal que nunca llega.

Los municipios afectados, las entidades conservacionistas y las sociedades micológicas llevan años insistiendo en la necesidad de ordenar la recolección micológica en Guadalajara. Y quien suscribe, también, y aquí están los enlaces a varios artículos relacionados en Guadalajara Dos Mil, Nueva Alcarria, El Decano y Henares al día. Da la impresión de que es predicar en el desierto.

El futuro del medio rural es siempre complicado. En Guadalajara o en la China popular. Pero se hace casi imposible cuando ni las administraciones colaboran para que los pueblecitos puedan extraer algún partido de los recursos endógenos.

Raúl Conde
Periodista. El Espanyol es mi tormento y los Ribera del Duero, mi debilidad. «Cultura, justicia, libertad» (Azaña).