Soria se electrocuta

SESION DE CONTROL EN EL SENADO
El ministro de Industria, José Manuel Soria. Foto: Vozpópuli

El embrollo legal, normativo, jurídico y fiscal en el que se ha convertido el sector eléctrico en España tuvo su estrambote el pasado miércoles. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró que prefiere concentrar sus inversiones en países “que disfruten de una regulación predecible y estable” y añadió que en Iberdrola son ya “más británicos, brasileños y mexicanos que españoles”. Lo hizo en Londres, durante la presentación anual de resultados de la compañía, a ojos de los principales inversores internacionales. La andanada de Galán en la City es un torpedo en la línea de flotación de la campaña de optimismo y marca España que trata de infundir el Ejecutivo en los mercados exteriores para estimular la llegada de capital. Sin embargo, a nadie que siga la evolución del sector le puede parecer sorprendente.

Con un sistema eléctrico oligopólico y sobrecargado, al disponer de una infraestructura que supera con creces la demanda actual, no es extraño que Iberdrola anuncie que solo el 15% de los más de 9.000 millones de euros que invertirá hasta 2016 se quedarán en España. Lo extraño es la dureza empleada por Galán en sus palabras, que son un golpe en la mesa del Gobierno. El año pasado, las cinco grandes empresas que controlan el sector pactaron con José Manuel Soria, ministro de Industria, la inyección de 3.600 millones de euros para taponar el déficit de tarifa (el desfase entre costes e ingresos del sistema que reclaman las eléctricas). Cuando todo estaba atado, Hacienda introdujo una enmienda en el Senado en diciembre a la Ley eléctrica para retirar esos 3.600 millones. Montoro dejó con el culo al aire a su compañero de gabinete y el acuerdo con las compañías se fue al garete.

Este cambio de paso tan drástico fue la mecha que prendió el 19 de diciembre, en la subasta trimestral del mercado mayorista. Esta subasta fija el 45% del precio de la tarifa TUR de último recurso, a la que están suscritos 27 millones de usuarios en España, es decir, todos los que tienen contratada una potencia inferior a 10 kilovatios. El resultado de la subasta fue un aumento de la luz de más del 11% a partir de enero. La patronal eléctrica asegura que la subasta se realizó conforme a las reglas, pero el Gobierno se espantó y acabó anulándola. Ahora es el propio Soria, en un nueva vuelta de tuerca, quien propone un cambio en el sistema de fijación de precios: se aumenta el peso en el recibo de la potencia contratada, no del consumo, y el usuario podrá elegir entre pagar una cuota anual o por horas.

Las consecuencias de este vaivén están siendo desastrosas. Las eléctricas se han puesto de uñas con el Gobierno gravando el bolsillo del consumidor, mientras el déficit de tarifa se ha disparado hasta los 30.000 millones de euros. Soria arrancó 2013 prometiendo déficit cero a final de año y resulta que ha aumentado en 4.098 millones, según la Comisión Nacional de la Energía. Si dividimos el agujero del déficit de tarifario por el número de consumidores, resulta que cada uno de nosotros debemos algo más de 1.100 euros a las empresas suministradoras.

El disparate del sector eléctrico es mayúsculo. Ningún actor está contento. El desbarajuste normativo se mantiene, no se ha aclarado el precio del kilovatio, no se ha definido la presencia que tendrán las renovables y no se ha simplificado la información al consumidor. El papel de sus antecesores no fue nada acertado, pero el achicharramiento de Soria es ya un hecho indiscutible en el sector. Nadie le quiere. Ni las grandes eléctricas; ni la industria renovable, cuyas patronales le acusan de querer liquidar el sector; ni la cogeneración, que habla de “pánico” en la gran industria por el alza de los costes energéticos.

Soria no ha logrado ninguno de los objetivos marcados a comienzos de la legislatura: el déficit de tarifa sigue creciendo, la liberalización del mercado es una quimera, España continúa pagando por la electricidad uno de los precios más elevados de la UE y se ha renunciado al objetivo comunitario de alcanzar en 2020 una participación del 20% de las renovables en el mix energético sin diseñar una alternativa.

La apuesta por los combustibles fósiles (con la inminente reapertura de la central nuclear de Garoña y la burbuja de los ciclos combinados) contrasta con el hundimiento del sector renovable, que en 2014 verá recortados sus ingresos en alrededor de 3.400 millones de euros y en 2012 perdió 23.000 empleos de los 137.000 que llegó a generar. Industria se ha mostrado incapaz de modular un sistema energético estable y se ha parapetado en una avaricia recaudatoria subiendo impuestos, creando nuevas tasas y aumentando la burocracia. Sirvan como ejemplos el aumento de la presión fiscal a las renovables o la última Orden de parámetros retributivos, que tiene 1.500 páginas de nada. La inseguridad jurídica se palpa tanto en la incertidumbre en la legislación, que fue lo que Galán ha denunciado esta semana, como en la imposición de sanciones retroactivas a instalaciones de fotovoltaicas, lo cual acerca a España a un país bananero.

El caos regulatorio lastra la competitividad de las empresas españolas. Las consecuencias son devastadoras para las familias, que empiezan a acostumbrarse ya al concepto de pobreza energética, y también para el tejido productivo. La luz subirá de media un 2,3% en el primer trimestre de 2014, pero hay que tener en cuenta que desde 2008 ha subido un 63%.

El ministro Soria no tiene la culpa de todos los males que aquejan al mercado eléctrico, pero su actuación ha sido calamitosa y su figura solo es capaz de generar un consenso: el rechazo de la mayoría de los agentes implicados. Anteayer publicamos en EXPANSIÓN un especial de Energía con una radiografía de la situación: no encontré ninguna fuente que quisiera hablar bien de la ejecutoria de este ministro. Su cabeza política se da por amortizada en Industria y solo el estilo de Rajoy, tan paquidérmico, le permite seguir en su puesto.