La excepción de Bonaval

Monasterio de Bonaval en Retiendas
Monasterio de Bonaval en Retiendas

El consejero de Cultura, Ángel Felpeto, confirmó el lunes en Guadalajara que el monasterio de Bonaval, ubicado en Retiendas, recibirá este año una inversión cercana a los 400.000 euros para “consolidar los paramentos que están en peligro de derrumbe” y resolver los problemas de humedades. No me extenderé en los detalles de la intervención que anunció la Junta; me remito a las informaciones que se han publicado estos días. Lo fundamental, en todo caso, es que el propio consejero ligó esta primera medida a una dotación de tres millones de euros que se distribuirán en tres o cuatro fases. La primera arrancará en verano y debería estar concluida antes del próximo invierno.

Que el Gobierno de Castilla-La Mancha se plantee en serio salvar el monasterio cisterciense de Bonaval (s. XII), declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y considerado una de las joyas del patrimonio arquitectónico de Guadalajara, es digno de elogio por un doble motivo. Primero porque el edificio merece ser salvado del lacerante estado de degradación y de ruina que arrastra desde hace décadas. Y, segundo, porque la reacción de la Junta, aunque tardía, demuestra que la movilización de la sociedad civil es la mejor garantía para preservar el patrimonio.

Felpeto expresó que el objetivo final no sólo consiste en frenar el deterioro de este monumento, sino restaurarlo, ponerlo en valor y hacerlo visitable.

Es una excelente noticia, sin duda, fruto del esfuerzo de la plataforma Salvar Bonaval y de la asociación Buen Valle de Retiendas, motor de una protesta que logró aglutinar a amplios sectores de la sociedad guadalajareña. Sé por experiencia propia la dificultad que entraña impulsar una reivindicación en esta materia en lugares apartados, sin influencia política y donde los votos escasean. La gente que ha luchado por Bonaval tuvo dos grandes aciertos: nunca cejó en su empeño y siempre se ha mostrado abierta a canalizar su iniciativa con el máximo respaldo posible, y ello hasta el punto de convertir Bonaval no en una causa de Retiendas, ni siquiera de la Sierra, sino de toda Guadalajara. Ahora la tarea será otra. Consistirá en fiscalizar el compromiso y las labores que lleve a cabo la Junta en los próximos meses.

No sé si Felpeto lo dijo en su comparecencia, pero es evidente que el desbloqueo del dossier de Bonaval se ha producido por la suma de dos factores. El primero, la aclaración de la responsabilidad de los propietarios privados del edificio: los descendientes de los propietarios cedieron el inmueble durante 50 años al Ayuntamiento de Retiendas, que lo puso a disposición del Gobierno regional ante la falta de recursos económicos municipales. El segundo factor radica en la voluntad manifestada por la Administración para ejecutar una iniciativa bastante más ambiciosa que la birria de 15.000 euros que destinó el Gobierno de Cospedal en 2015 para practicar una cata en este recinto monacal.

El asunto acredita también que cuando el Gobierno regional se lo propone, no existe conflicto jurídico ni barrera económica que le impida atender las necesidades en materia de patrimonio. El problema es que se lo propone poco y, además, con escasa altura de miras o con una visión en la que prima el cortoplacismo.

El verano pasado tuve una reunión con Felpeto en su despacho de la Consejería de Cultura, en Toledo, no en calidad de periodista sino como miembro de la Asociación Castillo de Galve. Encontré a un señor afable y atento, más conocedor de los entresijos del departamento de Educación que el de Cultura, aunque consciente de la importancia de rehabilitar el patrimonio como consecuencia de su labor en este ámbito en Toledo. Fue muy claro, cosa que le agradecí, a la hora de confesar las limitaciones de la Administración regional para hacer frente a todas las causas abiertas en Castilla-La Mancha en lo tocante al patrimonio arquitectónico.

Que empiece a verse la luz en Bonaval resulta positivo y alentador. Pero lo sería aún más si esta intervención respondiera a una política cultural a medio y largo plazo destinada a poner el patrimonio al servicio de la sociedad, la cultura y la economía de la región. O lo que es lo mismo, al servicio del desarrollo de un territorio que necesita como el comer explotar al máximo el aprovechamiento de sus recursos endógenos, entre ellos, las piedras históricas.

Page anunció en el arranque de la legislatura que el 1,5% del presupuesto de Obras Públicas iría destinado a la conservación del patrimonio. Ignoro si se ha cumplido, pero en Castilla-La Mancha no hay planes a medio o largo plazo en materia de patrimonio. No hay una visión integradora que aglutine las oportunidades que ofrece este segmento. No se han establecido las prioridades, partiendo de la base de que no todos los monumentos en peligro sufren el mismo grado de deterioro. No hay una batería de medidas distribuida por provincias conforme a criterios de racionalidad y exigencias de restauración. No existe una memoria económica específicamente destinada al patrimonio arquitectónico. Y no se ha elaborado un calendario de actuaciones que, aunque en distintas fases, permita acometer la tarea aún pendiente en este terreno.

De hecho, nunca hubo nada de esto en Castilla-La Mancha. Ni con Bono, ni con Barreda, ni con Cospedal, ni ahora tampoco. Y esta falta de planificación nos diferencia de otras comunidades autónomas. No detallaré la labor de algunas comunidades consideradas ricas, como Madrid, Cataluña o Navarra. Pero sí pondré un ejemplo más cercano, un espejo en el que Castilla-La Mancha debería mirarse.

Me refiero a la Junta de Castilla y León, que hace dos años aprobó el plan PAHIS 2020 –heredero de uno anterior análogo que se remonta a 2004- para impulsar la rehabilitación integral del patrimonio cultural en esta región. Se trata de una iniciativa que actúa sobre el conjunto de los bienes culturales en Castilla y León. Contempla cinco ejes estratégicos (sociedad, conocimiento, sistema, territorio y cooperación), 28 objetivos, 26 programas y 139 acciones. Y no se limita a promover inversiones de la administración, sino también a fomentar la colaboración pública-privada, no sólo para racionalizar el gasto sino para implicar a la sociedad civil.

El tercer eje de este plan es clave. Refleja un sistema que parte de “la vinculación del patrimonio con el territorio, conformando una única realidad, que se aplica también a su gestión, que debe ser compartida con todos los actores implicados de manera coordinada y planificada” (extraído literalmente del decreto de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León). El plan PAHIS concibe el patrimonio cultural como un servicio público, pero también como un activo para el desarrollo económico y social de las áreas deprimidas. De ahí que el propio Gobierno castellano-leonés articule esta iniciativa en coordinación con otro tipo de planes industriales, de innovación y de turismo.

La inversión del PAHIS entre 2004 y 2012 superó los 500 millones de euros en 5.400 intervenciones. Y a él se debe, en gran medida, la ejecución del Plan Románico Norte desarrollado en el conjunto de Castilla y León, pero especialmente en las provincias de Palencia y Burgos. El presupuesto de este programa hasta 2020 asciende a 150 millones de euros. Sólo en 2016, el gobierno vecino llevó a cabo más de 100 actuaciones en el ámbito de conservación y restauración del patrimonio.

Hay que tener en cuenta que uno de cada tres bienes patrimoniales amenazados de España está en Castilla y León. Según el listado de la asociación Hispania Nostra, de los 725 monumentos que se encuentran en peligro en España, 237 se localizan en Castilla y León. La segunda autonomía en la lista es Castilla-La Mancha, con 73, de los que 19 se ubican en Guadalajara: el monasterio de Bonaval, el castillo de Galve de Sorbe, el convento de San Francisco (Atienza), el monasterio de San Salvador de Pinilla, la iglesia de Querencia, las salinas de Imón (patrimonio industrial), el castillo de Pelegrina, el castillo de La Torresaviñán, el monasterio de Óvila, la iglesia de la Asunción de Villaescusa de Palositos, el monasterio de Santa Ana y el convento de Nuestra Señora de la Salceda (Tendilla), Lupiana, el poblado de Villaflores (Guadalajara), Sopetrán, la iglesia de San Simón (Brihuega), el monasterio de San Blas (Villaviciosa de Tajuña), el palacio de Virrey Valdés (Molina de Aragón) y la casa fuerte La Bujeda (Traid).

A esta lista podría sumarse la que en su día elaboró la Asociación Serranía de Guadalajara, supervisada por el malogrado José Luis García de Paz, investigador del patrimonio, y coordinada por José Antonio Alonso y quien suscribe. En este documento constaban 27 monumentos. Algunos conocidos; otros, no tanto: el castillo de Beleña de Sorbe, la iglesia de Querencia o el castillete de Diempures, en Cantalojas. En el Señorío de Molina podría elaborarse un documento similar.

No es casual, en todo caso, que las dos Castillas sigan liderando este funesto ránking. Primero porque su volumen de patrimonio, fruto de su densa Historia, es colosal. Y, segundo, porque ambas han estado históricamente maltratadas en los Presupuestos del Estado. De ahí que sea fundamental desarrollar proyectos a medio y largo plazo y no sólo en intervenciones puntuales, por muy acuciantes, justificadas y relevantes que éstas sean.

Raúl Conde
Periodista. El Espanyol es mi tormento y los Ribera del Duero, mi debilidad. «Cultura, justicia, libertad» (Azaña).