El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha asegurado que el servicio provincial de basuras que pretende poner en marcha el Equipo de Gobierno del PP a partir del próximo 1 de octubre “es la crónica de un fracaso anunciado”. Según ha recordado, “se ha ido devaluando a pasos agigantados” desde que se anunció, hace tres años, “por la soberbia, la falta de diálogo, la falta de rigor y la inoperancia que quienes se han sucedido al frente de este proyecto”.
De hecho, el Equipo de Gobierno ha tenido que reconocer ahora que arrancará con 40 municipios solamente, cuando hace dos años la entonces presidenta, Ana Guarinos, aseguró que ya había entonces 65 ayuntamientos interesados. “Es decir, en vez de sumar nuevas adhesiones en este tiempo, se han perdido un 40% de los que supuestamente había”, ha subrayado García. Además, estos 40 municipios representan únicamente el 14% del total de ayuntamientos de la provincia y apenas aglutinan un 4% de la población. Curiosamente, entre ellos solo hay dos –Atienza e Illana– de los 12 que están representados en el Equipo de Gobierno. Ni siquiera está Sigüenza, donde es alcalde el presidente de la Diputación, José Manuel Latre.
Con todo, el portavoz socialista ha alertado de que lo peor es que puede acarrear graves consecuencias económicas tanto para los pueblos como para la propia Diputación. En efecto, el acuerdo que mañana lleva a pleno el Equipo de Gobierno mantiene que el importe del contrato con la empresa será de 3,2 millones de euros en un periodo de cuatro años, pese a que ese cálculo se hizo para una previsión de 65 municipios y en realidad solo van a ser 40. “Esto es una temeridad. Es crear falsas expectativas de negocio al contratista sin ningún fundamento y abrir la puerta a posibles reclamaciones de la empresa si no se confirman”, ha advertido.
Responsabilidades patrimoniales
Esto es así porque el importe del contrato para prestar servicio a esos 40 municipios en la primera anualidad no llega a 300.000 euros, mientras que en las tres siguientes prácticamente se duplica hasta llegar a cerca 600.000 euros, sin que haya ninguna previsión, ni mucho menos garantías, de que aumente el número de ayuntamientos adheridos al servicio. “Afirmar que el importe del contrato se va duplicar a partir del primer año es abocar a la Diputación y a los pueblos a tener que asumir responsabilidades patrimoniales si no se cumple la previsión”, ha enfatizado el portavoz socialista. A modo de ejemplo, ha recordado que las empresas constructoras de las autopistas de peaje –entre ellas la R-2– están reclamando compensaciones de miles de millones de euros porque el Gobierno de Aznar creó unas expectativas que no se han cumplido.
Además, García ha calificado de “verdadero desastre administrativo” la tramitación del proyecto. “Es increíble que se pueda decir que el servicio empezará el 1 de octubre cuando aún no se ha firmado ningún documento entre la Diputación y los ayuntamientos que establezca las condiciones del servicio y el precio, la forma de pago, las obligaciones y garantías de las partes o los mecanismos de supervisión”, ha indicado.
Por último, ha tachado de “embustero” al diputado responsable del proyecto, Francisco Javier Pérez del Saz, por haber asegurado en pleno el pasado mes de julio que había 42 municipios adheridos al nuevo servicio, cuando la realidad es tan solo había 18 en ese momento. El resto, incluido el ayuntamiento de Illana, del que Del Saz es alcalde, no lo han hecho hasta mediados de septiembre. “Por todo ello, por el desastre, por la chapuza y también por las mentiras, pedimos su dimisión, y pediremos también responsabilidades a quien apoye este dislate desde el momento en que se derive cualquier perjuicio para la Diputación o para los pueblos”, ha concluido.
