La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir alzando la voz y llevando la defensa del agua allí donde sea necesario y seguirá haciendo “lo mismo” que venía haciendo en la defensa jurídica de los intereses hídricos de la región, razón por la que la Junta va a volver a recurrir el trasvase de 38 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura aprobado este miércoles.
Un trasvase que para la consejera, “es la nefasta consecuencia del memorándum que se firmó en la anterior legislatura por parte del Gobierno de la señora Cospedal y que dejó a un lado los intereses de Castilla-La Mancha, que vendió los intereses de la región a precio de agua”, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Ha manifestado que son ya 26 los trasvases recurridos por parte del Gobierno regional “con un gobierno del PP y con unas leyes del PP”. “Ahora es el primer trasvase que vamos a recurrir con un gobierno socialista a nivel nacional, pero con unas leyes del PP”, ha continaudo.
García Elez ha solicitado a la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una reunión cuanto antes para “ponerle de manifiesto nuestra postura y también manifestarle que nos parece bien lo que estamos escuchando como ha dicho hoy mismo sobre que los trasvases solo deben ser extraordinarios”.
Como ha asegurado la consejera, “tiene que garantizarse el uso de boca para el abastecimiento humano, pero hay otras alternativas, y eso lo queremos dejar claro y que la ministra no sólo lo verbalice, sino que también lo materialice”.
De esta forma, la responsable de Fomento ha manifestado su buena disposición hacia “ese sentido común que con el cambio del Gobierno, hace apenas un mes, ha llegado al Ministerio”, pero también ha asegurado que “queremos concreción en esas acciones”. “Que si el agua no puede llevarse a demanda, que quede regulado”, ha apostillado.
Para García Elez, desde esta región se va a seguir “reivindicando la modificación de las reglas de explotación, así como la derogación de un memorándum que ataca los intereses de Castilla-La Mancha, pues de nuevo es un trasvase ilegítimo que no garantiza la prioridad de la cuenca cedente al seguir aplicando una ley que es injusta para la región”. Y, como ha añadido, “es un trasvase que va a provocar pasar de un nivel 3 de prealerta, a un nivel 2 de alerta, por tanto no será nunca agua excedentaria de la cuenca cedente para que pueda ir a otro sitio”.
