“El cambio climático obligará a modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura”

ENTREVISTA CON NURIA HERNÁNDEZ-MORA. Doctora en geografía, expresidenta y socia de la Fundación Nueva Cultura del Agua y coautora del Estudio de los impactos socioeconómicos del trasvase Tajo-Segura sobre los municipios ribereños de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía (Grupo de Investigación del Tajo), presentado en marzo pasado en Guadalajara.

“El trasvase es inviable en el medio plazo. Los distintos escenarios de cambio climático pronostican una disminución de los recursos disponibles en la cabecera”

La ministra para la Transición Ecológica debe promover unas nuevas reglas que garanticen de verdad la prioridad de la cuenca cedente”

“Es éticamente inaceptable que, 40 años después de la puesta en funcionamiento del trasvase, algunos municipios ribereños sigan con sus sistemas de abastecimiento en precario”

“La entrada en funcionamiento del trasvase en 1981 paralizó y destruyó el desarrollo del ‘Mar de Castilla’”

“Cuando un Gobierno, como el actual, cuestiona la viabilidad del trasvase, la maquinaria social y política de los regantes ejerce una presión que es difícil resistir políticamente”
“Los ‘hidromitos’ sobre el desarrollismo hidráulico han permitido al PP mantenerse en el poder dos décadas en Murcia”

“En la cuenca del Segura existen miles de pozos ilegales. La ausencia de control del uso de las aguas subterráneas ha sido una constante en España”

“Resulta políticamente irresponsable no sentar las bases para la transformación socioeconómica que garantice la viabilidad del sector agrario, que depende del trasvase en las regiones receptoras”

“El Tajo, aguas abajo de Entrepeñas y Buendía, se encuentra en un estado medioambiental deplorable”

¿Por qué el Estado sigue sin cuestionar el trasvase del Tajo-Segura cuatro décadas después de su puesta en funcionamiento?
El trasvase Tajo-Segura se ha convertido en la obra paradigmática del desarrollismo hidráulico en España, la obra que estructura algunas de sus ideas fundamentales: la articulación de la política y la gestión del agua al servicio de las políticas sectoriales; el desarrollo de infraestructuras hidráulicas costeadas por el Estado con el fin de lograr objetivos de desarrollo socioeconómico que teóricamente sirven al interés general; la interconexión de cuencas para compensar los desequilibrios naturales de nuestra península, llevando agua desde donde “sobra” hasta donde “falta”; la necesidad de obtener la máxima rentabilidad por cada gota de agua… Todas estas ideas o “hidromitos” han calado hondo en la mentalidad de la gente, y se han utilizado muy hábilmente por los partidos políticos del sudeste peninsular. El lema de “Agua para todos” que hasta hace pocos años colgaba en los balcones de muchos ayuntamientos y hogares de la región de Murcia se convirtió en la seña de identidad del Partido Popular en esa comunidad autónoma, y ha contribuido a mantenerlo en el poder durante más de dos décadas.
El Gobierno unos días cuestiona el trasvase y otros reafirma su compromiso en manterlo.
Aunque ahora empiezan a escucharse voces críticas en la cuenca del Segura, y el discurso dominante se va resquebrajando, existe una creencia bastante generalizada entre la ciudadanía murciana de que el trasvase es un derecho y que sin el trasvase la economía regional se hundiría. Sin embargo, el sector agrario sólo representa el 4% del producto interior bruto de la región y el 10% del empleo, y no todo el sector agrario está vinculado al trasvase. En cuanto a la necesidad del trasvase para garantizar el abastecimiento de la región, uno de los argumentos más potentes de sus defensores, hay que decir que existen suficientes recursos propios en la Demarcación hidrográfica del Segura para garantizarlos. Según el propio plan de cuenca del Segura para el período 2015-2021, la demarcación cuenta con unos recursos propios totales de unos 1400 hm3 al año, y únicamente requiere 283 hm3 para atender las demandas (legalmente prioritarias) de abastecimiento. Por lo tanto, el trasvase no es necesario para dar de beber a la población de la cuenca del Segura, es necesario para seguir alimentando el sector agroindustrial que se ha desarrollado a raíz de su puesta en funcionamiento.

Y, a pesar de todos esos datos, ni el Gobierno de Rajoy cuestionó lo más mínimo el trasvase ni parece que el de Sánchez vaya a cambiar el marco legal en lo sustancial.
Cuando un Gobierno, como el actual, cuestiona la viabilidad del trasvase, la maquinaria social y política que maneja y dirige el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) se pone en marcha y ejerce una presión que es difícil resistir políticamente. Por ejemplo, en las últimas semanas, a raíz de la autorización por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de 7 hm3 en el mes de noviembre destinados exclusivamente a los abastecimientos (en estricto cumplimiento de las reglas de explotación del trasvase), los portavoces del SCRATS han amenazado con emplear “acciones de guerrilla” contra el Ministerio para la Transición Ecológica. Han amenazado con acciones legales por el “robo” de agua que en su opinión esa decisión supone, y han anunciado que convocarán a los presidentes de Murcia, Valencia y Andalucía para defender sus interese. Convocatoria a la que estos últimos, especialmente Murcia y Alicante, probablemente acudirían.

¿Qué motivos deberían llevar a la Administración a revertir el trasvase?
En estas circunstancias requiere mucha coherencia y valentía política cuestionar la viabilidad del trasvase, aunque los datos son tozudos y lo irresponsable es lo contrario, continuar sin cambiar las cosas. El trasvase tal como es gestionado actualmente es inviable en el medio plazo por muchos motivos. El río Tajo, aguas abajo de los embalses de Entrepeñas y Buendía de donde parte el trasvase, se encuentra en un estado medioambiental deplorable. Es el único río de la Península Ibérica que no tiene un régimen de caudales ecológicos operativo. Esta situación tiene que revertirse porque la ciudadanía del Tajo lo demanda, pero también porque la legislación de aguas vigente en España, derivada de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, lo exige. Cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones impuestas por la Comisión Europea, como ha ocurrido recientemente con los incumplimientos de la directiva de depuración de aguas residuales urbanas. Por lo tanto, además de mejorar la depuración de las aguas residuales de Madrid, también será imprescindible desembalsar más agua limpia de cabecera hacia el río Tajo para recuperar el buen estado del río y garantizar el derecho constitucional de todos los ciudadanos ribereños del Tajo a un medioambiente sano. Esto reducirá el agua disponible para trasvasar.

¿Qué efectos tendrá el cambio climático sobre el sistema Tajo-Segura?
Las previsiones de los distintos escenarios de cambio climático pronostican una disminución de los recursos disponibles en la cabecera del Tajo, por lo que, de nuevo, habrá menos agua para trasvasar. Por último, es evidente que la situación de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía no es sostenible en el tiempo, y deberán recuperar su derecho a utilizar los recursos existentes en su territorio, entre los que están los embalses de Entrepeñas y Buendía, para articular modelos de desarrollo basado en el uso lúdico y recreativo de los mismos. Esto implicará mantener unos niveles de embalse superiores y más estables que los actuales, y por lo tanto, obligará a modificar las reglas de explotación del trasvase que se aprobaron en 2014 a raíz del Memorándum del Tajo y siguen vigentes.

El proyecto del trasvase se inició durante la Segunda República, lo ejecutó el franquismo y se inauguró en 1979, ya en democracia. ¿Se puede considerar el trasvase una infraestructura amortizada?
Efectivamente, el trasvase fue ideado durante la Segunda República, construido durante la dictadura y puesto en marcha en democracia. Ha sido defendido, y promovido, por todos los Gobiernos democráticos durante los últimos 40 años. El Ministerio para la Transición Ecológica ha sido el primero en cuestionar su viabilidad abiertamente. Dadas las incuestionables amenazas que pesan sobre el mismo, su manifiesta inviabilidad en el medio y largo plazo, lo que resulta políticamente irresponsable es no empezar a sentar las bases para la necesaria transformación socioeconómica y territorial que será necesaria para poder garantizar la viabilidad del sector agrario que actualmente depende del trasvase en las regiones receptoras. Eso requerirá un mayor control y una reconversión de los usos, y honestidad y valentía política que hasta ahora ha brillado por su ausencia para abrir espacios de diálogo que acompañen e impulsen esta imprescindible transformación.

¿Cuáles han sido los principales daños económicos y medioambientales del Tajo en la zona de cabecera?
Nuestro estudio (disponible aquí) puso de manifiesto que a pesar de los impactos iniciales derivados de la construcción de los embalses de Entrepeñas y Buendía en los años 50, fundamentalmente, pérdida de terrenos agrícolas que eran el principal medio de vida en la zona, con el llenado de los embalses emergió un modelo económico alternativo en la comarca, sustituyendo la actividad agraria tradicional por un desarrollo basado en las actividades turísticas y recreativas vinculadas a Entrepeñas y Buendía. En una comarca caracterizada por una gran belleza paisajística y un importante patrimonio cultural y natural, la existencia de una enorme lámina de agua de más de 11.400 ha en la proximidad del área metropolitana de Madrid dotó a la zona de un enorme potencial de desarrollo. Durante las décadas de los 60, 70 e incluso 80, se construyeron urbanizaciones de segunda residencia, instalaciones hoteleras, de restauración y ocio, y puertos deportivos, particularmente en el entorno de los embalses. El cambio de modelo pareció funcionar y el Mar de Castilla y sus playas se convirtieron en un lugar habitual de veraneo de muchos madrileños. Sin embargo, la entrada en funcionamiento del trasvase en 1981 paralizó y destruyó este proceso de desarrollo. La gestión del trasvase ha priorizado la realización de trasvases al sureste español ignorando por completo las necesidades de los municipios ribereños y la prioridad legal de todos los usos de la cuenca cedente (incluidos los usos recreativos), y ha resultado en el declive poblacional y socioeconómico de estos municipios. Se trata por lo tanto de una pérdida de oportunidades de desarrollo en base a la riqueza natural y paisajística de la zona, en una comarca, como es la Alcarria, que tiene serios problemas de despoblación y abandono.

¿La ministra para la Transición Ecológica debería promover una modificación de las reglas de explotación de este trasvase?
Sin ninguna duda. Deben promulgarse unas nuevas reglas de explotación que garanticen de verdad la prioridad de la cuenca cedente, y por lo tanto, que garantice la satisfacción de todas las necesidades: ambientales, sociales y económicas, de la cuenca del Tajo. Esto supondría diversos cambios. Uno: mantener unos volúmenes embalsados más estables y superiores a los actuales en Entrepeñas y Buendía que garanticen los usos lúdicos y recreativos (legalmente prioritarios a cualquier trasvase). Dos: eliminar el límite de volúmenes que se pueden desembalsar al río Tajo. Tres: establecer un régimen de desembalses desde Entrepeñas y Buendía que garantice el cumplimiento de un régimen de caudales ecológicos real y efectivo en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina; y cuatro: eliminar la obligatoriedad de trasvasar determinados volúmenes dependiendo del nivel embalsado, devolviendo a la autoridad competente la posibilidad de decidir los trasvases en función de la situación real y las necesidades de la cuenca cedente en primer lugar, y de la cuenca receptora, en segundo.

Las obras de riego y abastecimiento que se plantearon en la comarca como compensación por la explotación de la tubería llevan medio siglo de retraso. ¿Por qué la cabecera del Tajo nunca ha sido una prioridad para la Administración?
El conjunto de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía tienen un total de 10.000 habitantes. La región de Murcia tiene 1,5 millones de habitantes. Evidentemente, el peso político de unos y otros es radicalmente distinto. Es éticamente inaceptable que, 40 años después de la puesta en funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, algunos municipios ribereños sigan con sus sistemas de abastecimiento en precario, siendo abastecidos con cisternas en verano. Desde 2010 el abastecimiento y saneamiento son, además de una necesidad vital, derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas que deben ser garantizados por las autoridades competentes. La Ley 21/1971 de aprovechamiento conjunto Tajo-Segura ya contemplaba el estudio y ejecución de obras necesarias para garantizar el abastecimiento de los pueblos afectados por el embalse de Buendía. Sin embargo pasaron 20 años hasta que seis de los 11 municipios ribereños en torno al embalse de Buendía empezaran a abastecerse en alta a través de la Mancomunidad del Río Guadiela, puesta en marcha en 1990. El resto de municipios ribereños de Buendía y todos los de Entrepeñas han seguido abasteciéndose con recursos propios o de las aguas de los embalses hasta la actualidad. El Plan Hidrológico del Tajo de 1998 incluía como infraestructuras básicas el refuerzo y ampliación de los abastecimientos en Guadalajara, entre ellos los de los municipios de Entrepeñas y Buendía, reconociendo las claras deficiencias de los mismos. Sin embargo, a día de hoy todavía no se ha puesto en marcha la mancomunidad que garantizará el abastecimiento de estos municipios.

¿Cuáles deberían ser los pilares de un desarrollo sostenible en la cabecera del Tajo?
La enorme riqueza natural y paisajística de la cabecera del Tajo debería servir de base para el desarrollo de una economía basada en el turismo rural, los deportes de aventura, y los usos lúdicos y recreativos de los embalses de cabecera. Un modelo de desarrollo que pusiera en valor este gran patrimonio, ofreciera oportunidades de empleo, facilitara el emprendimiento, y posibilitara un desarrollo que ya se ha mostrado exitoso en otras zonas cercanas, como por ejemplo el embalse de San Juan en la cuenca del Río Alberche.

¿Habría que realizar una auditoría para fiscalizar la existencia de pozos ilegales en la cuenca del Segura?
La legislación de aguas vigente en España desde 1985 obliga a todos los usuarios de aguas subterráneas a inscribir sus derechos de uso si existían antes de 1985 o a obtener concesiones administrativas para cualquier explotación posterior a la entrada en vigor de la ley. Por lo tanto hace ya más de 30 años que los organismos de cuenca (confederaciones hidrográficas) deberían tener un registro actualizado de todos los usos de aguas subterráneas. Pero la realidad es que distintos estudios han estimado que en España pueden existir hasta 1 millón de pozos ilegales. En la cuenca del Segura existen miles de pozos ilegales, pero también en el Guadiana, en el Guadalquivir, en el Duero… La ausencia de control del uso de las aguas subterráneas ha sido una constante en la gestión del agua en este país, y lamentablemente sigue sin solucionarse satisfactoriamente.

¿Es necesario aumentar la concienciación entre la ciudadanía para encarar una nueva cultura del agua que evite la transferencia de agua entre cuencas?
La nueva cultura del agua busca un cambio en la política y la gestión del agua que nos permita avanzar hacia la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural de los usos del agua, y fomentar una consideración ecosistémica y patrimonial del agua. Esto supone reconocer que los ríos son mucho más que canales; que el agua, al fluir por el territorio cumple infinidad de funciones y nos proporciona múltiples servicios de los que nos beneficiamos: agua para beber, ríos para bañarnos y navegar, paisajes del agua de los que disfrutar, agua para usos económicos, etc. Para garantizar que podemos seguir disfrutando de estos beneficios en el futuro es necesario que protejamos la salud de nuestras aguas (lo que en términos legales y técnicos llamamos, el buen estado de nuestras aguas) y esto requiere, efectivamente, un cambio en nuestra relación con el agua y los ecosistemas que nos la proporcionan: reduciendo nuestra presión sobre ellos y potenciando sus valores naturales. En un escenario de cambio climático, en el que tendremos menos agua disponible, es imprescindible que protejamos las fábricas naturales de agua, nuestros ecosistemas, devolviéndoles en la medida de lo posible su espacio y características naturales.

Raquel Gamo

Periodista. Madrileña de nacimiento y molinesa de crianza. He sido redactora de Telemadrid, Radio Intercontinental, La Tribuna de Guadalajara, CNC (televisión del Grupo El Día) y la división de revistas de Vocento. En la sección ‘Guadalajara a fondo’ de HENARES AL DÍA abordaré asuntos de actualidad en la provincia a modo de crónicas, reportajes y entrevistas.