Cataluña, un fracaso colectivo

Barcelona, Guadalajara, Madrid, Lugo. “Tienes muchas patrias, Raulito”, me espetó un día Manu Leguineche en el jardín de su casona de Brihuega. Fue un elogio que, desde entonces, llevo a gala. En la facultad tuve un profesor que de vez en cuando obligaba a sus alumnos a cambiar de pupitre. “Es para que no os acostumbréis a ver las cosas desde el mismo sitio”, nos decía. No creo que exista mayor enriquecimiento personal que el mestizaje identitario: derriba fronteras mentales, inmuniza ante los prejuicios y ayuda a generar dudas. Si la infancia es el paraíso perdido, tal como cantó Lorca, la madurez es el tiempo en el que descubrimos que el mundo no se reduce a las cuatro paredes de nuestra aldea.

Sirva la introducción para enmarcar el diálogo de sordos en el que suele incurrirse a la hora de abordar los problemas territoriales en nuestro país. Problemas que, haberlos, haylos, y no son invención de cuatro lunáticos.

Gerald Brenan dejó escrito en El laberinto español (1943) que España “es un conjunto de pequeñas repúblicas, hostiles o indiferentes entre sí, agrupadas en una federación de escasa cohesión”. ¿Por qué? Básicamente, por el apego al terruño. España es el país de la “patria chica”, de tal manera que hacemos de cada pueblo y ciudad el centro de nuestra vida social. La patria, a diferencia de EEUU; y el Estado, a diferencia de Francia, son secundarios.

Este planteamiento, heredado tras un pretérito cuyo anclaje pivota sobre las taifas y el cantonalismo, explica por qué hemos llegado hasta aquí. Por qué, tras cuatro décadas de desarrollo del Estado autonómico, el proyecto político planteado por el independentismo catalán se ha convertido en el mayor desafío de la etapa democrática. Ni la execrable huella de ETA, ni la devastadora crisis económica, ni las tensiones centrífugas de un modelo de Estado descentralizado. Nada ha logrado poner en jaque la unidad nacional como el embate del secesionismo, lo que se ha traducido en una respuesta coordinada y fulminante –quizá también tardía- de los tres poderes del Estado.

Es posible que no pueda fijarse una fecha concreta para señalar el arranque del procés, pero sí podría ubicarse alrededor de la concurrencia de tres circunstancias clave. La primera es la crisis económica, que agudiza el proceso de desafección hacia la política. En Cataluña este hecho fue explotado por el independentismo. En el resto del país, en cambio, se traduce en el auge de movimientos sociales de contestación, como el 15-M.

La segunda circunstancia es el declive de Convergència, eje del catalanismo pactista sobre el que se ha sustentado el gobierno de la Nación desde la Transición. CDC difumina su posición central en el tablero catalán a partir de la apuesta fallida por el soberanismo, una estrategia que no se entendería sin el correlato de la corrupción que ha terminado por liquidar al extinto partido de Pujol. La tercera circunstancia es la falta de visión de las élites del Estado para entender la reforma del Estatuto no como una afrenta al modelo del 78 sino como una oportunidad de transformar el mismo sin desbordar los límites constitucionales.

“El independentismo es el 15-M catalán”, me dijo Antón Costas en una entrevista en El Mundo. Costas –economista y ex director del Círculo de Economía, organizador de las conocidas jornadas de Sitges- sabe de lo que habla. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), motor social del separatismo, se registró apenas un mes después del 15-M. La recesión económica da pie a una crisis de representación que se traduce en un enojo creciente hacia la clase dirigente. En Madrid se cercó el Congreso. En Barcelona, los diputados (todos) tuvieron que salir en helicóptero del Parlament para sortear las protestas.

Artur Mas, cuya ejecutoria al frente de la vieja CDC queda perfectamente perimetrada en la sentencia del saqueo del caso Palau, no activa el botón del procés pero sí decide acelerarlo. Asume como propios los planteamientos clásicos de ERC, tumbando así la tradición reformista y negociadora del nacionalismo conservador, y pone toda la maquinaria institucional de la Generalitat al servicio de la desconexión.

Lo que ocurrió durante los últimos años son los efectos desatados de una hoja de ruta que el Gobierno cesado de Puigdemont y Junqueras llevaron a cabo bajo la atenta presión de la CUP. Fue una irresponsabilidad mayúscula, aderezada con dosis ingentes de demagogia y falsedades, prometer a los catalanes una independencia low cost, según la define Enric Juliana. No hay secesión sin costes. Y ahí está para corroborarlo el fracaso colosal que supuso el referéndum del 1 de octubre, tanto por la falta de garantías como por las cargas policiales; la inseguridad jurídica, la salida de empresas, la quiebra social, la división casi binaria entre buenos y malos catalanes, y la judicialización de la vida política con la encarcelación de políticos y líderes independentistas.

En este tránsito, el presidente del Gobierno se mostró incomprensiblemente hierático. Su quietismo fue temerario. Mariano Rajoy se negó en redondo en 2012 a negociar el pacto fiscal exigido por Mas. Pero lo peor no fue su negativa, un extremo lógico habida cuenta las deficiencias del modelo de financiación autonómica. Lo peor fue su renuncia a hacer política en Cataluña, quebrando así la conducta habitual de todos los jefes de Gobierno desde la eclosión del catalanismo en los albores del siglo pasado.

La peor herencia de Rajoy, tras cuatro años de mayoría absoluta y una legislatura –la presente- lastrada por la parálisis legislativa, es la dejación ante una crisis de Estado que ha requerido incluso la intervención del Rey. Rajoy pasará a la historia como el primer presidente de la democracia española al que los nacionalistas catalanes le declaran la independencia. Su falta de altura política no es la causante de la implosión de Cataluña, pero sí ha agravado ésta hasta el punto de poner en riesgo la unidad territorial.

Adolfo Suárez con Tarradellas en tiempos más complicados que los actuales; Felipe González y José Mª Aznar con Pujol, pese al turbio pasado del hombre que llevó Banca Catalana a la quiebra; e incluso Rodríguez Zapatero con Maragall y Montilla, pese al estrepitoso fracaso de la operación política de la reforma del Estatut en 2006. Ninguno de ellos declinó hacer política con Cataluña, en aras de la manida conllevancia orteguiana, de la misma forma que tampoco lo hicieron los políticos de la Segunda República.

Ningún tiempo es idéntico. Pero si uno relee ¿Qué pasa en Cataluña?, el volumen en el que Almuzara ha recopilado las crónicas escritas por Manuel Chaves Nogales durante las proclamas independentistas de Macià y Companys, comprobará las concomitancias con el presente: la división política, la efervescencia social, la quimera secesionista, la impotencia de las autoridades del Estado, la presión judicial, el conflicto en el Tribunal Constitucional. “Cataluña tiene esta virtud imponderable: la de convertir a sus revolucionarios en puros símbolos, ya que no puede hacer de ellos perfectos estadistas”, escribió el periodista sevillano.
En esas estamos. Con un ex president fugado en Bruselas, un ex vicepresidente entre rejas y los balcones de Cataluña repletos de esteladas y rojigualdas. Esperando a los estadistas mientras arranca una legislatura que, lejos de resolver el conflicto, parece abocada a cronificarlo.

Con todo, la consecuencia más nociva de la fractura generada por el proceso soberanista no es tanto el choque institucional sino el abono mutuo de la intolerancia y la desconfianza. Un cóctel letal agitado en el sumidero de las redes sociales y unos medios de comunicación más volcados en la militancia que en la información.

No creo que en Guadalajara se tenga especial ojeriza al catalán y lo catalán. Nunca percibí esa sensación, aunque sí creo que persisten prejuicios –especialmente, alrededor del uso de la lengua- que no se compadecen con la realidad. Guadalajara es una tierra admirable incrustada en el corazón de la historia y la tradición castellanas. Castilla y Cataluña estuvieron demasiado tiempo de espaldas. A pesar de las cordiales diatribas entre Unamuno y Joan Maragall. A pesar de la correspondencia entre Delibes y Vergés.

Quizá por ello me entristeció pero no me sorprendió ver a finales de septiembre a tantos guadalajareños, delante de la Comandancia de la Guardia Civil, despidiendo con gritos de “a por ellos” a los efectivos desplazados a Cataluña. Allí estuvieron también, para escarnio del Ayuntamiento de Guadalajara, varios miembros del equipo de Gobierno de Antonio Román. Aquel despliegue no estaba destinado a ganar ninguna guerra, sino a preservar el orden público en una parte del territorio nacional cuyas autoridades habían quebrantado la ley. Y eso exige una pulcritud institucional y una comprensión social que el extremismo transformó en obscenas manifestaciones de catalanofobia.

A mediados de los 90, tras publicar una columna en Nueva Alcarria sobre política catalana, recuerdo la reacción iracunda de varios lectores que entendieron en mi defensa de las singularidades regionales una justificación subrepticia del nacionalismo. Lejos de mi intención. Todo nacionalismo, como dijo Sánchez Ferlosio, participa de “la moral del pedo”, así que es posible que ninguno merezca consideración. Ni el nacionalismo catalán, que ha vampirizado el espacio público hasta hegemonizar una posición de dominio en ámbitos como la educación o los medios; ni tampoco el nacionalismo español, ahora envalentonado a raíz del envite de Puigdemont y sus socios.

En aquel artículo sostuve que ningún proyecto de convivencia tiene futuro en España si no se asume la riqueza plurinacional del Estado. España no es Francia ni Israel. Carece de unidad nacional, de modo que siempre he creído que la opción más razonable para garantizar la cohesión territorial pasa por reforzar la descentralización en lugar de mitigarla en aras del inmovilismo. La mayor prioridad ahora no es reconstruir los puentes políticos, sino recomponer los lazos afectivos. Y para eso no basta la ley. Hace falta pragmatismo, comprensión, empatía. Justo lo que ha faltado durante los últimos cinco años a un lado y otro del Ebro.

• Este artículo se publicó en el Anuario 2018 de la Asociación de la Prensa de Guadalajara.

Raúl Conde

Periodista. El Espanyol es mi tormento y los Ribera del Duero, mi debilidad. «Cultura, justicia, libertad» (Azaña).