Fraguas lucha por revivir

Una de las cosas más llamativas al llegar a Fraguas es el silencio reinante. Un mutismo que sólo se alcanza en plena naturaleza. Justo el emplazamiento donde se encuentra esta localidad –oficialmente despoblada desde finales de la década de 1960–. Se halla en plena Serranía de Guadalajara, un espacio protegido de 125.000 hectáreas. Sin embargo, allí, en 2013, llegaron un grupo de jóvenes con el fin de revivir la aldea.

Hoy en día, seis de ellos se enfrentan a un año y nueve meses de prisión y a una multa de miles de euros por persona, acusados de los delitos de usurpación y en contra la ordenación del territorio. Además, han de hacer frente a la responsabilidad civil por la que deberán sufragar los gastos de la demolición de lo edificado.

El montante asciende hasta los 43.303,94 euros, según el presupuesto realizado por la empresa Tragsa a petición del juez que lleva el caso, y que prácticamente dobla la anterior tasación. Las seis personas afectadas por esta circunstancia han impugnado el presupuesto.

La Audiencia Provincial de Guadalajara confirmó la sentencia del Juzgado de lo Penal número uno de la misma ciudad. Ya no hay posibilidad de recurso. La denuncia que inició el proceso la presentó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, propietaria del monte público sobre el que se asienta Fraguas. Fue interpuesta por el gobierno regional presidido por María Dolores de Cospedal, a finales de 2013. Se acusaba de usurpación a los nuevos pobladores.

Sin embargo, la llegada –en 2015– de un nuevo presidente autonómico, Emiliano García-Page, supuso la ampliación de la denuncia. Se añadieron los delitos contra la ordenación del territorio y por motivos medioambientales. Estos últimos cargos fueron retirados en sede judicial, tras atenderse las recomendaciones realizadas en este sentido tanto por el SEPRONA como por los técnicos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

A pesar de ello, la sentencia por las infracciones de usurpación y contra la ordenación del territorio salió adelante. Además, fue ratificada en la Audiencia Provincial. Razón por la cual, el abogado de los afectados, Erlantz Ibarrondo, pidió el amparo del Tribunal Constitucional (TC), alegando la imposibilidad de recurrir a instancias superiores y por no haberse realizado una acusación individualizada a los afectados.

“No teníamos muchas expectativas, ya que el TC sólo acepta el 1% de los escritos que se interponen”, aseguraba en su día Gonzalo Aracil, uno de los condenados. “Habiendo fallado dos veces en nuestra contra, no creemos que vaya a prosperar la vía judicial”, añadía. Finalmente, el TC desestimó el amparo.

Desde el gobierno de García-Page 2015-2019 defendieron su postura, enfatizando los problemas del emplazamiento de Fraguas. “Se encuentra en un monte de utilidad pública que, a su vez, está dentro de un Parque Natural”, explicaba el director general de Política Forestal y Espacios Naturales con la anterior administración, Rafael Cubero, en declaraciones a Informe Semanal, de TVE.

Por ello, Cubero incidía en la necesidad de obtener las correspondientes autorizaciones para llevar a cabo un proyecto como el referido. “No se entendería que el gobierno regional, siendo responsable de las competencias pertinentes, y ante el conocimiento de una infracción, mirara hacia otro lado”, añadía. Aseguraba que, si no hubieran actuado, les podrían haber acusado de “dejación de funciones” e –incluso– de “prevaricación”.

Además, el director general también alertaba de los posibles riesgos ambientales asociados al nuevo asentamiento. Entre ellos, diversas afecciones sobre la cubierta vegetal, la fauna silvestre o la posibilidad de fuego forestal ante la presencia de maquinaria.
No obstante, Cubero se mostraba favorable a llegar acuerdos con los afectados. Sin embargo, los repobladores no acabaron de creerse estas palabras. Y pedían que la buena voluntad de la administración cristalizara en un diálogo eficaz. De hecho, solicitaban la retirada de la responsabilidad civil, evitándose –al menos– el derribo de las viviendas, así como el pago de los costes asociados.

“Actualmente, si no abonan esta deuda, la misma se podría convertir en prisión, por lo que acabarían yendo a la cárcel, al superarse los dos años de condena”, asegura el abogado de los afectados, Erlantz Ibarrondo.

“Satisfaremos la pena de 2.800 euros por persona, al ser una multa interpuesta por el Estado ante los delitos que dicen que hemos cometido”, señala Isaac Alcázar, otro de los seis afectados por la condena. “Lo que no estamos dispuestos a pagar es la responsabilidad civil, que significaría que sufragamos la demolición de nuestro propio proyecto, en el que seguimos creyendo”, añade.

En este sentido, llegaron a tener contactos con el vicepresidente segundo de la Junta y secretario regional de Podemos durante la pasada legislatura, José García Molina, antes de que entrara en el gobierno autonómico en agosto de 2017. “Se llenó la boca afirmando que ni siquiera iba a firmar los presupuestos si no se variaba la política sobre Fraguas, pero llegó al poder y cambió de parecer, considerando que el proyecto se trataba de una buena idea pero en un sitio incorrecto”, explica Gonzalo Aracil.

“Apostamos por una salida en la que se combine el respeto a legalidad y la continuidad del proyecto”, señala Alberto Mayor, portavoz de Ecologistas en Acción-Guadalajara.

Además, desde la organización conservacionista aseguran que la Junta de Comunidades se habría comprometido a no derribar las viviendas rehabilitadas en caso de que los okupas abandonasen el pueblo. Asimismo, EA aboga porque las edificaciones de Fraguas no se demuelan y que pasen a formar parte de los bienes del monte público. “Entonces, habría posibilidad de alquilar estas casas a personas como los afectados para que puedan desarrollar un proyecto compatible con el Parque Natural”, señala Alberto Mayor.

El pasado 26 de mayo hubo elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha y Emiliano García Page revalidó la presidencia. En este caso, con mayoría absoluta. No necesita apoyos externos. Sin embargo, ha elegido como consejero de Desarrollo Sostenible a José Luis Escudero, cuyo nombramiento ha sido –inicialmente– bien recibido por algunos sectores del movimiento ambientalista. Por ello, se espera una mayor sensibilidad en este tema.

El inicio de todo
En cualquier caso, la continuidad del proyecto está en entredicho. No se sabe qué pasará con esta iniciativa, que comenzó en 2013, cuando un grupo de ciudadanos –componentes de la Asociación de Repobladores de la Sierra Norte– decidieron dar un cambio en su vida y repoblar Fraguas, un municipio expropiado en 1968 por el ICONA. Tras esta decisión, se convirtió en monte de utilidad pública y en sus alrededores se realizaron reforestaciones masivas de pino.

El lugar acabó por convertirse en un despoblado. Algo que se mantuvo así hasta 2013, cuando los nuevos habitantes llegaron a la localidad. “Hicimos esta elección porque era una aldea abandonada que tenía unas condiciones muy buenas para la vida, unos campos de calidad para el cultivo, agua en abundancia y diversas ruinas que nos daban la posibilidad de reconstruirlas”, explica Gonzalo Aracil, uno de los integrantes de esta idea.

Además, se trataba de un terreno de propiedad regional. Por ello, cuando estas personas se establecieron allí presentaron un proyecto de cesión. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente les rechazó la propuesta. “A pesar de ello, pensamos que como en otros lugares había habido una comprensión administrativa, permitiéndose ideas parecidas, creímos que –con el tiempo– conseguiríamos la regularización”, añade Aracil.

La forma de trabajo
La implicación en el proyecto es colectiva. Todos colaboran. Cada semana, la decena de moradores actuales de Fraguas se reúnen para distribuir las tareas. Hacen de todo. Rehabilitan las antiguas viviendas, cultivan la tierra, fabrican productos artesanales e –incluso– desarrollan reforestaciones con especies autóctonas.

“Los que iniciamos la idea éramos un grupo de ciudadanos vinculados a los movimientos sociales de Madrid y de Guadalajara, que teníamos ganas de llevar adelante un proyecto en el que plasmar nuestras inquietudes de autonomía y autosuficiencia”, explica Isaac Alcázar, otro de los participantes en Fraguas.

En este sentido, intentan que todas sus actividades tengan un sesgo sostenible. Producen su propia energía eléctrica, gracias a una placa solar que han creado. El agua la toman de un manantial cercano, depurando posteriormente aquella que han utilizado. “No pretendemos destruir la naturaleza, sino convivir con ella de acuerdo a unos principios de sostenibilidad”, asegura Gonzalo Aracil, otro de los implicados en el proyecto.

De hecho, los antiguos vecinos de la localidad –los anteriores a la expropiación de 1968–apoyan la iniciativa. Uno de ellos es Rafael Arias, que ha visitado la aldea en varias ocasiones. “Para cuidar la naturaleza no hay mejor cosa que poblar el medio rural”, explica.
De cualquier forma, los nuevos pobladores de Fraguas buscan demostrar que otro modelo es posible, al mismo tiempo que ponen de manifiesto el problema demográfico que atraviesan diferentes partes de España. Entre ellas, Guadalajara. “El proyecto es una opción interesante contra la despoblación”, concluye Isaac Alcázar.

Julio Martínez

Historiador y periodista, especialista en comunicación ambiental y en Masonería mexicana. El reporterismo es mi vocación. Ahora informando desde Guadalajara. “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” (Benito Juárez, 1867).