Julia Martínez cierra la farmacia de Villanueva de Alcorón: “La despoblación y la bajada del precio de los medicamentos han hundido la facturación”

Julia Martínez delante de la farmacia de Villanueva de Alcorón. // Foto: J.M.

El caso de Villanueva de Alcorón revela los graves obstáculos de la farmacia rural en Guadalajara: pocos ingresos y guardias mal retribuidas

El Ayuntamiento pide a la Junta que saque a concurso “de inmediato” esta botica para evitar que los nueve pueblos a los que surte “queden desprotegidos”

A pesar del reiterado discurso oficial alrededor de la necesidad de potenciar el medio rural y frenar la despoblación, la realidad es que los pueblos no sólo no capaces de atraer nueva población sino que siguen perdiendo servicios básicos. Es el caso de Villanueva de Alcorón (162 habitantes, según el INE), cuyo anunciado cierre por falta de rentabilidad ha desatado la alarma en los ocho pueblos a los que surte: Arbeteta, Armallones, Peñalén, Peralveche, Poveda de la Sierra, Valtablado del Río, Zaorejas y Villanueva de Alcorón. A partir de ahora, el servicio lo tendrá que prestar la botica de El Recuenco.

Julia Martínez, titular de la farmacia de Villanueva de Alcorón, ha decidido cerrar el negocio después de 14 años de actividad. Lo hace por la baja rentabilidad y la falta de personal para realizar los relevos y las guardias que exige un servicio de estas características.

En declaraciones a Henares al día, Martínez señala que “con las continuas bajadas de precios de los medicamentos y el descenso de población en la zona ha bajado mucho la facturación y me he visto obligada a buscar otras alternativas para desarrollar mi profesión, he participado en un concurso de nuevas aperturas en Cantabria y la legislación de Cantabria me obliga a cerrar la farmacia actual sin poder transmitirla”.

De cara a hacer rentable estos negocios, asegura que “es necesario hacer un cambio en el modelo retributivo de las farmacias rurales, ya que el farmacéutico cobra exclusivamente por los medicamentos que dispensa y no por la atención farmacéutica que realiza durante todo el año ni por el servicio de guardias que en mi caso es de 6 meses al año guardias de 24 horas que se realizan de manera obligatoria y totalmente altruista”. Precisamente, asegura que el sistema de guardias “no es asumible, ya que son guardias nada rentables que suponen un sacrificio económico y personal a costa del farmacéutico rural. Es un servicio necesario por la atención farmacéutica al paciente pero que no puede ser mantenido a costa de un farmacéutico ya de por sí mal pagado”.

El Ayuntamiento de Villanueva de Alcorón, en una nota reciente enviada los medios, denunció el futuro cierre de la farmacia y reclamó al Gobierno de Castilla-La Mancha “medidas inmediatas para evitarlo”. Villanueva, con centro de salud y punto de atención continuada, se quedaría sin farmacia, “con los problemas que desde el punto de vista sanitario éste hecho puede acarrear”. El Consistorio pide a la Junta que saque a concurso “de inmediato” la oficina de farmacia para evitar que los pueblos a los que abastece “queden desprotegidos y privados de un servicio tan importante para la población”.

Los problemas que han desembocado en el cierre de la farmacia de la mencionada localidad del Alto Tajo reflejan las trabas que encuentran las farmacias rurales. La provincia de Guadalajara es un exponente de esta realidad. De hecho, en octubre de 2010, Julia Martínez promovió una iniciativa que recogió más de 14.500 firmas para exigir protección para las farmacias rurales.

El elevado número de firmas cosechado expresó con claridad el apoyo de los pacientes a este servicio. El manifiesto firmado exigía a Sanidad que la botica rural se viera exenta de los recortes dictados por el RDL 8/2010, que supuso una aportación de las farmacias del 7,5% sobre los productos financiados fuera de precios de referencia, fundamentalmente. Correo Farmacéutico, cabecera de referencia en el sector, recogió las palabras de la propia Julia Martínez: “En los pueblos, la gente se vuelca mucho con nosotros. Sabe que, al fin y al cabo, la farmacia también es patrimonio de la localidad. (…) Hay alcaldes que ya se han dirigido a nosotros y que apoyan que se tomen medidas para preservar las farmacias rurales ante los recortes”.

La iniciativa recabó el apoyo de 33 municipios de la provincia de Guadalajara. El texto pedía modificar el RDL 8/2010 y se excluya de dicha norma a las farmacias rurales de poblaciones de menos de 500 habitantes. “Suponemos poco dinero para Sanidad y supondría un alivio para las rurales”, afirmó Martínez al citado periódico. Además, planteaba el problema que suponía el sistema de guardias en la botica rural, aunque admitió que “somos conscientes de la situación, y cobrar por guardias no es negociable, como ya ha dicho el consejero”.

El objetivo de fondo de aquel movimiento pretendía que el colectivo de farmacéuticos rurales fuera reconocido como una actividad de bien público rural y como soporte sanitario en estas zonas. Asimismo, también solicitaban la inclusión en las subvenciones que se otorgan a determinados establecimientos para sostener el medio rural.

No es la primera vez que la farmacéutica de Villanueva de Alcorón hace emerger en primer plano la problemática de la botica en los pueblos pequeños. El 12 de agosto de 2011, el diario El Mundo publicó un reportaje sobre su caso en el que reveló la deuda que acumulaba su negocio, que ascendía a 22.000 euros. “Yo hago seis meses de guardia al año y el día que estoy de guardia, lo estoy las 24 horas. Sin embargo, mi sueldo es más bajo que el de un adjunto de farmacia, no tengo más fuentes de ingresos que la venta de fármacos con receta. Habitualmente me mantengo gracias al verano, aquí la población aumenta mucho en estos meses y con esos ingresos paso el invierno”, aseguró Martínez al rotativo de Unidad Editorial.

Entonces hacía mella en el sector el impago de la Administración, lo que obligaba a los farmacéuticos a distribuir los medicamentos que necesitan sus pacientes. “Los tratamientos para las personas trasplantadas, para los enfermos de cáncer, para los que necesitan insulina… Son muy caros. Tan sólo las insulinas pueden ir desde los 30 euros hasta los ciento y pico”. La situación era tan angustiosa que confesó que algunos vecinos le preguntaban si tenía para comer. “Yo no estoy forrada. La Administración conoce mis ingresos, tiene mi declaración de hacienda. No puedo afrontar por mucho tiempo continuar así”.

Han pasado ocho años desde entonces y la paciencia parece haberse agotado. El farmacéutico rural presta un servicio básico e imprescindible estas comarcas. Conoce al paciente, le trata por su nombre, paga desplazamientos a pueblos remotos. El caso de Villanueva de Alcorón no sólo desmiente el tópico de los elevados ingresos de los farmacéuticos –algo que no se cumple en el mundo rural- sino que simboliza los obstáculos que encuentra la farmacia para subsistir en el campo.

Martínez confirma a Henares al día que ha tenido el apoyo de la mayoría de vecinos, “aunque siempre hay excepciones, por regla general se valora mucho el servicio”. En todo caso, matiza que “el desconocimiento de la población en general hace que la gente no se plantee ciertos problemas económicos. En las zonas rurales no es suficiente un apoyo al farmacéutico, tienen que ser conscientes de que sin habitantes no se puede mantener un servicio privado y en muchos casos son zonas muy reacias a aceptar que venga gente a vivir, a trabajar y a emprender, por lo que los servicios inevitablemente van desapareciendo. En estos pueblos por diferentes intereses personales de los autóctonos se facilita la huida de personas que sí querrían vivir aquí, es una despoblación activa que no se soluciona con subvenciones sino con apertura de mente y una mejor gestión de estos municipios”.

Mejorar la retribución

Toda ayuda a la farmacia rural “es poca”, puntualiza. Desde SEFAR (Sociedad Española de Farmacia Rural) se han realizado diversos estudios económicos que incluyen posibles soluciones para poder mantener el servicio de farmacia rural en las zonas rurales que esta entidad denomina ‘Farmacias Esenciales’. “La exención de estas farmacias en la aplicación de decretos de recortes –explica-, el incremento de los márgenes en mayor medida de lo que se hace actualmente para las farmacias VEC y sobre todo el cambio del modelo retributivo con un pago por las guardias y por la atención farmacéutica serían fundamentales para mejorar las condiciones de los profesionales. No olvidemos que el farmacéutico rural es frecuentemente el único agente sanitario que reside en los pueblos y que realiza una atención sanitaria diaria”.

A propósito del cierre de la farmacia de Villanueva de Alcorón, la SEFAR ha emitido un comunicado de apoyo en el que denuncia que, “desafortunadamente, el cierre de esta oficina de farmacia rural no ha sido, no es y no será un caso puntual y viene siendo habitual en todo el territorio nacional lo que refleja la ineficacia de las escasas medidas de sostenibilidad aplicadas hasta la fecha. Desde SEFAR se ha venido exponiendo el dudoso futuro de la farmacia rural en España si no existe un cambio en el modelo retributivo de estas pequeñas farmacias”.

Esta entidad hace hincapié en la aportación de la farmacia rural a la prestación del servicio público y universal de la sanidad, al tiempo que subraya que “los beneficios anuales de una farmacia rural media son menores que el sueldo base según convenio para los farmacéuticos adjuntos, con una base mínima de cotización de autónomos. A este hecho hay que sumar la sobrecarga de servicios de urgencia no remunerados (en el caso al que nos referimos, concretamente, de seis meses al año en turnos de 24 horas) lo que imposibilita una mínima conciliación de la vida familiar y profesional del titular”.

Polémica política

Por otro lado, la secretaria general del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha aprovechado el cierre de la mencionada farmacia para cargar contra el Gobierno regional. De hecho, la dirigente del PP ha culpado directamente a Emiliano García-Page del cierre de esta botica, que ha calificado como “un recorte sanitario”. También ha exigido a la Junta que convoque todos los concursos de oficinas farmacéuticas para cubrir este servicio sin deficiencias.

La portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha respondido Guarinos alegando que el cierre de la mencionada farmacia se debe, en realidad, a una ley elaborada durante el mandato de María Dolores de Cospedal que impide el nombramiento de titulares “adjuntos” en las oficinas de farmacia. El compromiso de la Junta de Castilla-La Mancha es convocar un nuevo concurso en cuanto se materialice el cierre y, de esta forma, abrir la posibilidad a la continuidad de la farmacia.