La Defensora del Pueblo pide a la Junta que actúe ya en el castillo de Galve de Sorbe

En un escrito dirigido a la Asociación Castillo de Galve, la institución estatal considera que el Gobierno regional “no ha actuado con celeridad ni eficacia” en el castillo

Lamenta que aún no se haya abierto un nuevo expediente sancionador al dueño “pese a haber transcurrido más de un año” desde que se archivó el anterior

La Defensora del Pueblo ha dirigido recientemente un escrito a la Asociación Castillo de Galve en el que censura la actuación de la Junta de Castilla-La Mancha a lo largo de los últimos años con relación a este monumento, según un comunicado remitido a la prensa por la entidad galvita. En concreto, señala que “la actuación de la Administración responsable [la Junta] no se ha adecuado a los principios constitucionales de celeridad y eficacia a que se debe ajustar la actuación administrativa”. El escrito remitido por la institución estatal es consecuencia de la queja presentada por la Asociación Castillo de Galve en diciembre de 2013.

En su escrito, la Defensora del Pueblo lamenta con claridad que no se haya abierto un nuevo procedimiento sancionador al propietario del castillo de Galve pese “a haber transcurrido más de un año desde la caducidad del anterior”.

Asimismo, esta institución recuerda que el 17 de septiembre de 2014 se acordó el inicio de un expediente sancionador contra el dueño de la fortaleza galvita por “infracción grave” –la asociación de Galve pedía que se tipificara como muy grave- “por incumplimiento del deber de conservación y mantenimiento del mismo castillo, bien integrante del patrimonio cultural de Castilla La Mancha”. La Defensora del Pueblo señala que el Gobierno regional estimó imponer una sanción de 78.000 euros, teniendo en cuenta la importancia del bien afectado (el de Galve es un castillo que ostenta la máxima categoría dentro de los bienes pertenecientes del patrimonio cultural de Castilla La Mancha), el calibre de los daños causados y el “incumplimiento reiterado de los diversos requerimientos realizados por la Administración competente en materia de patrimonio cultural”

La Defensora del Pueblo, en un escrito firmado por su Adjunta Segunda, subraya que el expediente tramitado por la Junta caducó a los seis meses, y que finalmente tuvo que archivarse por “debido a que el procedimiento sancionador se había abierto contra persona distinta del propietario según los datos del registro de la propiedad”. Es decir, el Gobierno regional dirigió la sanción contra el anterior dueño del castillo y no contra la sociedad titular actual del inmueble, tal como en su día denunció la Asociación Castillo de Galve.

Ante este bloqueo, la Defensora del Pueblo recomienda a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha “llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, las actuaciones necesarias para la incoación del expediente sancionador contra la propiedad del castillo de Galve de Sorbe, por el incumplimiento del deber de conservación y mantenimiento del mismo”, justo lo que la Asociación Castillo de Galve lleva exigiendo desde hace más de un año.

En noviembre pasado, varios miembros de la asociación galvita mantuvieron una reunión con el viceconsejero de la Junta en la que se acordó iniciar los trámites para sancionar al dueño del castillo. “Han pasado cuatro meses y el expediente sigue sin abrirse, y eso que los técnicos ya tenían mucho trabajo avanzado del año anterior. Ahora en la Junta nos tratan mejor que durante los últimos años, son receptivos a escuchar nuestras peticiones, pero sigue faltando voluntad política”, recalca Rosa María Herrero, secretaria de la Asociación de Galve.

Reunión con el dueño

Durante las últimas semanas, la Asociación Castillo de Galve ha retomado el contacto con el actual propietario del edificio, quien ha mantenido una reunión con representantes de esta asociación, del Ayuntamiento de Galve de Sorbe y técnicos de la Delegación Provincial de la Junta. El único compromiso acordado en este encuentro, que se celebró en Galve el pasado 17 de marzo, fue mantener abiertas las vías de negociación. En todo caso, la Asociación Castillo de Galve exige la incoación urgente del expediente sancionador, dada la parálisis y negligencia del propietario del edificio.