La Junta modifica a la baja su petición de pena para los ‘okupas’ de Fraguas

El Gobierno de Castilla-La Mancha se suma a la petición de la Fiscalía en las penas para los seis jóvenes pobladores de Fraguas, en Monasterio, que este viernes se han sentado en el banquillo acusados por la Administración Regional de diversos delitos tras retirar uno de ellos, concretamente el de daños contra el medio ambiente, penado con dos años de cárcel.

En el juicio, que ha quedado ya visto para sentencia, la Acusación Particular ha mantenido sin embargo las peticiones de pena por los delitos contra la Ordenación del Territorio, penado con dos años de cárcel, y el de usurpación de monte público, con cuatro meses, solicitudes que compartía y que ha elevado a definitivas también el Ministerio Fiscal.

De esta forma, las penas solicitadas ahora para cada uno de los encausados por el Ministerio Fiscal y Acusación Particular son de 2 años y cuatro meses frente a los cuatro años que pedía en sus conclusiones provisionales la Acusación Particular que representa a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En su exposición, la letrada representante de esta acusación particular, tras retirar la petición de pena por un delito de daños al medio ambiente, ha señalado que mantiene sus peticiones por los delitos de usurpación, al considerar probado que Monasterio, que es el pueblo en el que se ubica el paraje de Fraguas -expropiado para reforestarlo- no tiene planeamiento urbanístico y se rige por las normas provinciales subsidiarias que prohíben construir allí.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, la única modificación que ha realizado de su informe provisional de calificaciones es la consideración de que se refleje en el mismo la cantidad de 26.779,27 euros como la cuantificable de daños causados en base a un informe presentado en sala.

Ha mantenido las peticiones de pena que ya había solicitado y que ha justificado alegando que los encausados no pueden eximir su culpa alegando que no conocían que su conducta era antijurídica porque si sabían de la ilegalidad de la actuación.

Por lo que respecta a la Defensa de los seis encausados, ha solicitado para todos ellos la libre absolución entendiendo que “no se puede usurpar un monte público”; ha defendido que estos jóvenes no sólo no han destruido, sino que han reconstruido aludiendo a que es diferente que construir según la RAE.

Por su parte, uno de los acusados señalaba que pensaba que lo público nos ayudaría a tener una concesión repobladora porque pensábamos que ese era el interés prioritario de la Junta ”, y además “nosotros cuidamos el monte”, ha dicho.

El juicio ha quedado visto para sentencia.