López de Uralde: “No se puede descartar que el incendio de Chiloeches fuera intencionado”

El pasado 26 de agosto de 2016 ardía una planta de residuos en un polígono industrial de Chiloeches. En la parcela se custodiaban desechos tóxicos. Estaban ocultos entre lodos. Así, los propietarios se ahorraban los costes de tratamiento y gestión, según confirma El País. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ha abierto diligencias por este asunto. Ha imputado a una veintena de personas. Entre ellas, representantes públicos –tanto socialistas como populares– que supuestamente habrían permitido la existencia de este vertedero sin las autorizaciones correspondientes. Hay nombres muy conocidos, como el del ex alcalde de Chiloeches, César Urrea, o el de la antigua directora de Calidad e Impacto Ambiental del Gobierno de María Dolores de Cospedal, Matilde Basarón –ambos del PP–. El ex viceconsejero de Medio Ambiente del actual Ejecutivo regional, Sergio David González, también ha tenido que ir a declarar. Dimitió de sus cargos el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, las consecuencias del fuego permanecen. A pesar de que han transcurrido más de cinco meses y que se han retirado la mayor parte de los materiales quemados, aún se pueden observar los rastros del incendio. En la parcela afectada el olor es fétido. También en el arroyo próximo a la planta. En el mismo se produjeron vertidos. Las altas temperaturas alcanzadas durante la quema de agosto derritieron parte de los desechos acumulados en el lugar, derramándose por el regato. Una contaminación que, actualmente, todavía se observa en el cauce. El color negro invade los estratos del barranco. La polución permanece en el entorno. Y el hedor, también.

Una realidad que el diputado nacional y coportavoz de EQUO, Juan López de Uralde, conoció de primera mano. Hace unos días estuvo en el lugar. Henares al Día le acompañó en la visita que efectuó por el entorno. Durante el recorrido, mantuvimos una conversación en la que el representante político analizó la gestión del incendio.

En Chiloeches existió durante muchos años una planta de residuos que no tenía autorización. ¿Cómo ha sido posible esta situación?
Desgraciadamente, la empresa KUK [propietaria de la planta quemada] es una expresión clara de lo que pasa en España con la mala gestión de los residuos tóxicos. Una situación que se agrava en el caso de Chiloeches, debido a la naturaleza de los restos quemados y a su impacto en el medio ambiente.

Pero, ¿no existió ningún tipo de vigilancia? Por el lugar han pasado hasta 50.000 toneladas de desechos en estos años…
Es algo escandaloso. Lo que aquí existía era una trama para esconder los residuos tóxicos entre escombros, para luego llevarlos a un vertedero en Madrid. Se trataba de un auténtico delito medioambiental continuado, que se ha permitido durante todo este tiempo. Algo que sólo pudo ser posible con la connivencia de las administraciones, como posteriormente se ha conocido.

Precisamente, uno de los imputados en el proceso judicial es el ex viceconsejero de Medio Ambiente del actual Gobierno regional, Sergio David González. Él ya ha dimitido. Sin embargo, ¿se deberían pedir más responsabilidades?
Desde luego. Aquí ha habido una trama que ha estado funcionando mucho tiempo de manera delictiva. Por tanto, debe investigarse hasta las últimas consecuencias. El proceso está en manos del juez y son los Tribunales quienes deben delimitar las responsabilidades. Pero si no hubiera habido connivencia con la Administración, el incendio de Chiloeches no habría ocurrido.

Por tanto, y desde un punto de vista político, ¿se podrían pedir más responsabilidades?
No es comprensible que estando implicando el viceconsejero, las responsabilidades políticas se queden ahí, puesto que hay alguien por encima. Por tanto, las exigencias deberían ir más allá.

Además, los hechos han demostrado que González, tras su implicación en la trama de Chiloeches, no se trataba de la persona adecuada para ocupar el cargo de viceconsejero. Como dice el refrán, no se puede ser al mismo tiempo zorro y cuidar las gallinas…

Sin embargo, el Partido Popular no ha dicho casi nada sobre el incendio de Chiloeches. Dicha actitud, ¿puede deberse a que el PP también tiene imputados por este asunto?
Una cosa que me ha llamado la atención de lo acontecido ha sido el silencio político que se ha dado alrededor del incendio de Chiloeches. Es llamativo que un escándalo de tan grandes dimensiones esté teniendo tan poca trascendencia política a nivel regional. No sólo por lo que supuso el fuego, su impacto ambiental y las consecuencias que pudo generar sobre la población, sino también por toda la trama que hay detrás. Realmente, este fuego es un hecho bastante más grave que otros acontecimientos que, sin embargo, generan más repercusión.

Con las emisiones tóxicas realizadas durante el fuego del 26 de agosto, ¿existió un peligro real para la población?
Sin duda. En la planta de Chiloeches se estaban manipulando sustancias altamente tóxicas, por lo que los gases que se emitieron durante el incendio tenían una alta toxicidad. Afortunadamente, el viento acompañó y finalmente no se dieron incidencias. Pero pudieron haberse dado, como ocurrió en Seseña.

¿Es posible que el incendio fuera provocado?
No se puede descartar ninguna hipótesis, y esa –desde luego– tampoco. El proceso se encuentra en investigación judicial. Esperemos que se llegue hasta el final y que, además, el culpable sea castigado con una sentencia ejemplar. En cualquier caso, no se puede desechar ninguna posibilidad respecto a las causas del suceso.

En otro orden de cosas, problemas como el acaecido en Chiloeches el pasado verano, ¿se hubieran sorteado con otro modelo de gestión de residuos?
Este suceso se podría haber evitado con una verdadera voluntad política de vigilancia ambiental. Aquí ha existido falta de inspección, y se ha permitido –por activa o por pasiva– que la trama ahora investigada estuviera funcionando durante tanto tiempo. Por tanto, con una vigilancia adecuada este hecho se hubiera podido impedir.

Y si la totalidad del proceso de tratamiento de los desechos dependiera directamente de la Administración, ¿se hubiera minimizado el riesgo de sucesos como el del 26 de agosto?
El problema de la gestión de residuos está basado en que se maximiza el beneficio a costa de lo que sea. Y esto, por desgracia, puede ocurrir en cualquier caso. Lo que nos hemos encontrado en Chiloeches es que se pagaban precios muy bajos por un trabajo especializado. Pero, en realidad, lo que ocurría es que no se procesaban los deshechos adecuadamente. Las sustancias tóxicas se escondían bajo escombros, por lo que en lugar de desarrollar un proceso correcto de tratamiento, se realizaba un vertido incontrolado. En esta forma de actuar es donde se encontraba la trama y el negocio.

Julio Martínez

Historiador y periodista, especialista en comunicación ambiental y en Masonería mexicana. El reporterismo es mi vocación. Ahora informando desde Guadalajara. “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” (Benito Juárez, 1867).