Ribereños, entre la protesta y la frustración

Imagen del pantano de Entrepeñas, en Guadalajara. // Foto: JAVI MARTÍNEZ (EL MUNDO).
Imagen del pantano de Entrepeñas, en Guadalajara. // Foto: JAVI MARTÍNEZ (EL MUNDO).

Los pueblos ribereños han convocado para este domingo su segunda caravana de protesta (entre Chillarón y Alocén), tras la organizada el pasado marzo entre Sacedón y Pareja. El objetivo, obviamente, es alzar la voz contra los últimos trasvases y la penosa situación que atraviesa el Tajo, especialmente, en sus embalses de cabecera. Y, ciertamente, cada vez tienen más mérito estas iniciativas de la Asociación de Municipios de Entrepeñas y Buendía. Primero porque consiguen aglutinar voluntades en una comarca que protesta contra los trasvases que aprueba el Gobierno del PP, pero luego vota mayoritariamente al PP. Y, segundo, porque no es fácil mantener la llama de una reivindicación desdeñada por las instituciones, ocultada por los medios de comunicación y orillada –por cansina o irrelevante- por la práctica totalidad de las cúpulas nacionales de los partidos políticos.

Decía Mitterrand: “Los franceses hacen huelga los lunes porque suben el pan; los martes se manifiestan porque ganan poco; los miércoles protestan por la falta de libertades… Y el domingo votan a la derecha”. Algo así podría aplicarse a la comarca de los ribereños.

En todo caso, razones objetivas para patalear por el saqueo del Tajo no faltan. El Gobierno ha aprobado este mes otra derivación de 15 hectómetros cúbicos, cuando los pantanos de cabecera apenas alcanzan el 16,4% de su capacidad. Hace un año estaban casi al 23%, que también es una birria pero al menos no ofrecían la raquítica y espeluznante imagen de la actualidad. Entrepeñas y Buendía se desangran y lo cierto es que tanto los ribereños, que son pocos e inofensivos políticamente, como el Gobierno de Castilla-La Mancha se muestran impotentes a la hora de frenar el saqueo del Tajo. Es más: no sólo es que no se haya detenido la política con relación al Tajo-Segura si no que cualquiera que ose criticar esta infraestructura en el ámbito nacional será tachado inmediatamente de insolidario o cateto, elijan ustedes el orden.

Trabajo en un periódico de ámbito nacional y he podido comprobar, en el contacto con las fuentes y los lectores, lo difícil que es trasladar la sensibilización alrededor del Tajo. No hay manera. La pertinaz voluntad trasvasista de los distintos gobiernos de la democracia –sean del PP o del PSOE-, el influjo político del Levante y el poderío económico de los regantes murcianos han logrado que cuaje en la opinión pública la idea de que el trasvase no sólo es necesario, sino que es irrenunciable.

Valencia, Murcia y la Andalucía oriental exhiben un lema efectivo (Agua para todos) y muchos diputados en las Cortes. Castilla-La Mancha no tiene lema, ni tampoco unidad política alrededor del agua, ni apenas escaños en la Carrera de San Jerónimo.

Súmenle a ello que la legislación vigente, pactada por Cospedal con el Gobierno durante la mayoría absoluta del PP, blinda el trasvase sine die a cambio de respetar la famosa lámina de los 400 hm3. Una lámina que, en la práctica, como se está viendo en la actualidad, es una barrera que las autoridades se pasan por el arco de triunfo. Tanto el memorándum del Tajo, como las reglas del trasvase, como toda la maraña legal en la que se enmarca el acueducto está pensada y orientada para favorecer los intereses del Levante. De ahí que los recursos legales interpuestos por Fuensalida tras los trasvases aprobados se queden en agua de borrajas. Nunca mejor dicho.

Da pena ver los embalses. Da pavor encaramarse al viaducto de Entrepeñas o al mirador de Alocén y contemplar la ciénaga de lodo en la que se ha convertido lo que un día fue el Mar de Castilla. Pero también es el reflejo del fracaso de las políticas hidrológicas de los últimos 40 años en España y el reconocimiento de la impotencia de Guadalajara, de Castilla-La Mancha, para hacer prevalecer sus argumentos.

Mantener el trasvase del Tajo supone una irracionalidad medioambiental, económica y social. Es una infraestructura obsoleta, muy gravosa para las arcas del Estado y pensada en los años 30 como solución para un tipo de tejido productivo que ya no existe en Levante. Sin embargo, nadie la cuestiona salvo los 22 ayuntamientos ribereños y las plataformas y asociaciones implicadas. El desequilibrio de fuerzas hace que no haya color en la guerra del agua, si es que ésta existe, por lo que quizá es hora de replantearse la estrategia en el terruño.

Salvo utopías políticas de largo alcance, una protesta es útil cuando combina la tenacidad con un objetivo viable a medio o largo plazo. Y, francamente, cerrar el trasvase no es un objetivo ahora mismo viable ni a medio ni a largo plazo. Primero porque ni PP ni PSOE lo han asumido en sus programas. Segundo porque ni Ciudadanos, ni Podemos, que podrían haber aportado frescura a este asunto, parecen decidido a cambiar el statu quo del agua. Y, tercero, porque es difícil derrocar una obra que no molesta a nadie, más que a cuatro gatos en los pantanos de cabecera o a la vera del Tajo en Toledo y Talavera.

Existe también una cuarta razón: si bien Emiliano García-Page ha recuperado con acierto el discurso antitrasvasista de todos sus predecesores salvo Cospedal, Castilla-La Mancha no ha sido capaz de tejer una estrategia sólida y eficaz para definir su posición alrededor de una cuestión central para nuestro territorio. ¿Por qué? Por muchas razones pero quizá la principal es que la tubería del Tajo no sólo surte a los huertos murcianos, sino también a los manchegos. Eliminar el trasvase significaría tener que buscar una solución para surtir el regadío del sur de la región. Y Castilla-La Mancha no dispone, a día de hoy, de ninguna alternativa para ello.

La combinación de todos estos factores debiera mover a la Junta a cambiar la táctica. También a los ribereños, instalados en una queja justa, coherente y legítima, pero también frustrante en la medida que no se vislumbra ninguna salida factible. Renegociar las condiciones del trasvase, llevar el agua a primera línea de la agenda política, encarecer la tarifa del agua trasvasada, reequilibrar las inversiones en la región con el dinero procedente del acuerducto. Todo eso ayudaría a aliviar el enojo, plenamente justificado, que existe entre los ciudadanos cercanos a Entrepeñas y Buendía.

Y, mientras todo eso no llega, conviene seguir alzando la voz. En caravana o a pie, los ribereños hacen muy bien en no dejar mudo el grito del Tajo. Otra cosa son los políticos de esta tierra. Quizá deberían chillar menos y afinar más.

Raúl Conde
Periodista. El Espanyol es mi tormento y los Ribera del Duero, mi debilidad. «Cultura, justicia, libertad» (Azaña).