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El juicio a los jóvenes del colectivo que ha reconstruido parcialmente lo que fue el pueblo de Fraguas, enclavado en la Sierra de Guadalajara, presenta todos los elementos propios de la desgracia que ha convertido la España interior en un erial demográfico: un pueblo enterrado bajo pinos, un núcleo urbano derruido, unos vecinos expulsados, un coto de caza, un tablero de prácticas militares, un parque natural de salón, un asentamiento okupa y una administración que lleva a juicio a unos jóvenes por reconstruir un pueblo que ya no es un pueblo sino un punto invisible e inexistente a ojos de la Administración.
El asunto es conocido y ha despertado tanto interés que incluso ha traspasado el ámbito provincial. El envío a juicio de los jóvenes que ocuparon y reconstruyeron el antiguo pueblo de Fraguas, abandonado desde que en 1968 sus moradores fueron obligados a marcharse tras recibir una pírrica indemnización, constituye una excepción que merece una consideración especial por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, que es la que gestiona las competencias en materia de ordenación del territorio. La repoblación de pinos en la Sierra de Guadalajara es una de las mayores rémoras de esta zona, pero el pasado no tiene solución y ahora de lo que se trata es de que el Gobierno regional encuentre un encaje legal a este atolladero.
Cabe preguntarse por qué los jóvenes que se fijaron en Fraguas para moldear un proyecto de vida en el campo no escogieron un emplazamiento en ninguno de los 288 términos municipales y casi 400 núcleos de población de la provincia de Guadalajara. Se fueron hasta allí, es evidente, porque buscaban el aislamiento como forma de vida. La autogestión, la autosuficiencia, el rechazo al Estado. Y eso, claro, siempre encuentra obstáculos. El primero es la burocracia: se han instalado en un núcleo que administrativa y jurídicamente dejó de ser un pueblo hace cuatro décadas. El segundo es la ley: la ubicación integra el Parque Natural de la Sierra Norte que, aunque impuesto sin consenso por el Gobierno de Barreda hace casi una década, no deja de ser una norma que blinda medidas de protección medioambiental sin precedentes en la comarca. El tercer obstáculo es administrativo: la Junta se muestra contraria a reconocer a Fraguas como un nuevo municipio porque, en caso contrario, contraería de forma instantánea la obligación de dotación de infraestructuras y servicios.
En puridad, las 15 personas que residen hoy en Fraguas no son repobladores. O no solo. Son okupas. Han usurpado un terreno que no les pertenece y al margen de la legislación. De ahí que la Junta de Castilla-La Mancha les denunciara por delitos contra la ordenación del territorio y por usurpación de monte público.
No es cierto, como retóricamente blanden algunos dirigentes políticos y organizaciones conservacionistas, que se persiga a unos chicos por levantar una zona despoblada. Fueron denunciados por usurpar monte público y por urbanizar una pequeña aldea en mitad de un parque natural. Y la Administración frisaría la prevaricación si no obrara conforme a la ley. Lo contrario es de una demagogia supina.
Existió una actuación irregular por parte de los jóvenes del colectivo Fraguas y eso va a tener consecuencias legales, aunque resultaba una completa barbaridad y una salvajada que tuvieran que enfrentarse a una pena total de 26 años de cárcel. Cárcel, oiga. La demanda podría haberse cursado desde el principio por la vía administrativa. Nos hubiéramos ahorrado el bochorno de los titulares que han aparecido en los últimos meses, máxime teniendo en cuenta que la Fiscalía solicitaba penas inferiores a las reclamadas por la Junta.
El Gobierno regional ha reaccionado tarde, pero la retirada de la denuncia por daños al medio ambiente –con lo que los okupas evitarían el ingreso en prisión- es un paso adecuado en la buena dirección. La vista oral sirvió, en todo caso, para certificar el desencuentro entre las partes. Ahora falta que, a través de la mediación de Ecologistas en Acción y el sentido común del director provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, que no es un señor de Toledo sin conocimientos del medio sino un tipo que ha explorado palmo a palmo el territorio provincial, se abra un diálogo que permita encontrar una salida legal y razonable a la situación.
Existe un precedente que podría marcar el camino, que es la ocupación de La Vereda, en plena Sierra del Ocejón. Es verdad que entonces no existía el Parque Natural, pero tampoco resultaría admisible que una norma destinada a proteger el territorio sirviera justo para todo lo contrario: para vetar lo que sin duda es un proyecto de reconstrucción serio y respetuoso con el entorno. Un proyecto, además, que cuenta con el beneplácito de muchos de los antiguos vecinos de Fraguas, lo que resulta un elemento determinante para respaldar a los okupas.
Los terrenos donde ahora emerge este núcleo pertenecen al municipio de Monasterio (16 habitantes censados) aunque su gestión compete a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Icona demolió el pueblo original para plagar la zona de pinos. Después se convirtió en coto de caza y terreno abonado para prácticas militares. El lugar lleva dos décadas dejado de la mano de Dios. Estos motivos indican la necesidad de extremar la sensibilidad por parte de la Administración. Sobre todo, en un contexto en el que se ha acentuado la preocupación por las políticas demográficas, que deberían estar orientadas a incentivar la llegada de nuevos vecinos a las zonas rurales.
No obstante, el caso Fraguas deja un damnificado político de primera magnitud. Y es importante subrayarlo porque revela el peligro de lanzar alegremente promesas cuando no se ostentan responsabilidades de gobierno. José García Molina, secretario regional de Podemos y vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, visitó en abril de 2017 a los okupas de Fraguas cuando aún no formaba parte del Gobierno regional. Les mostró su apoyo, comió con todo el grupo y se hizo la foto para ofrecer la imagen de un político guay y enrollado. Un representante de la gente, por decirlo en el argot de la formación morada.
Los okupas han permanecido estos meses esperando una respuesta, una acción, siquiera una llamada, de quien ya es un alto cargo en el Gobierno de Castilla-La Mancha. No recibieron respuesta. El respaldo público y expreso de García Molina se difuminó al poco de pisar moqueta en Fuensalida, un pasotismo que contrasta con la insistencia con la que su compañero de filas y rival interno, David Llorente, ha reclamado una solución a este asunto. Solo ahora, en la víspera del arranque del juicio, García Molina se ha ofrecido como “mediador” entre la Junta y los okupas. Insólito. Como si él no fuera miembro destacado de una de las partes en litigio. Es como si el vicepresidente de EEUU se ofreciera a mediar entre Trump y Kim Jong-un. Un ejemplo.
El caso Fraguas arroja muchas lecciones. Una de ellas es la calamitosa planificación del medio rural de este país. Otra es que esto no se resuelve con demagogia barata, sino con medidas pragmáticas.
Periodista. El Espanyol es mi tormento y los Ribera del Duero, mi debilidad. «Cultura, justicia, libertad» (Azaña).
