La Junta podría hacerse cargo de las casas de San Vicente de Paul, pero quiere contar con el ayuntamiento

El pasado martes representantes de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Guadalajara han mantenido una reunión con el Director General de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha, José Antonio Carrillo Morente, para reiterarle el ofrecimiento de ceder las 96 viviendas de Guadalajara conocidas como “Operación Alamín” a la Junta de Comunidades.

El 30 de enero de 2018, la Sociedad de San Vicente de Paul España dirigió un escrito al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, solicitando una reunión al objeto de iniciar los trámites pertinentes para ceder, a título gratuito, las 96 viviendas sociales de su propiedad en Guadalajara conocidas como “Operación Alamín” a la Junta de Comunidades; con el fin de que fuera esta quien, en uso de sus competencias, se hiciera cargo de la titularidad y la gestión de las mismas.

Esta solicitud no había tenido contestación hasta el martes, que tuvo lugar dicha reunión, en la que expusieron al Director General la situación en que se encuentran las viviendas así como las problemáticas existentes en este barrio de Guadalajara; ofreciendo, de nuevo, donar a la Junta las 96 viviendas sociales para que las gestione. El Director General se mostró interesado y afirmó que es necesario considerar todas las posibilidades y también implicar a otras administraciones, como el Ayuntamiento, para poder dar solución a los problemas planteados; solicitando a los representantes de la Sociedad de San Vicente que le enviasen un informe detallando todos los extremos planteados en la reunión, para su posterior estudio.

Desde la Sociedad de San Vicente de Paúl manifiestan que en breve enviaran el informe solicitado en el que se recogerán tanto las necesidades materiales de las viviendas como los problemas del barrio, destacando los de convivencia -incluso de orden público-, falta de escolarización de niños, vandalismo, acumulación de basuras, “okupación” y venta de llaves, y también el riesgo de aparición de “narcopisos”. Pidiendo a las administraciones que se comprometan, cada una en sus competencias, a poner solución a todas estas cuestiones.