La regeneración era Yolanda Ramírez

Yolanda Ramírez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy. // Foto: Nueva Alcarria.
Yolanda Ramírez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy. // Foto: Nueva Alcarria.

Yolanda Ramírez, concejal de El Casar y ex diputada provincial de Ciudadanos, ha dado hoy por fin explicaciones después de que la semana pasada trascendiera que había pedido la baja de su partido. El retraso en ofrecer su versión disparó los rumores. Y, sobre todo, demuestra la tullida concepción de nuestra protagonista acerca de las obligaciones de cualquier representante público, la primera de las cuales consiste en asumir que tu sueldo procede del bolsillo de los ciudadanos. Que haya esperado tantos días para argumentar su volantazo significa que algo huele a podrido en Dinamarca.

Aunque se ha negado a responder a muchas de las preguntas de mis compañeros, Ramírez ha confirmado en rueda de prensa que ya no milita en Ciudadanos pero piensa seguir siendo diputada provincial. Vamos, que no suelta ni el acta, ni el sueldo de alrededor de 49.000 euros anuales que percibe en la Casa Palacio. Las razones esgrimidas son entre ridículas y estrambóticas. Que tiene un “compromiso” con su provincia. Que ha recibido muchos apoyos en las últimas horas. Y que cree firmemente en el papel de las diputaciones. Excusas propias, como bien decía esta mañana mi colega Rubén Madrid en la tertulia de SER Guadalajara, de salvapatrias que invocaron los intereses generales para esconder los suyos propios.

Cabe recordar que en los comicios de mayo de 2015 el PP logró 12 diputados provinciales; el PSOE, 10; Ahora Guadalajara, dos; y Ciudadanos, uno. Así que el PP se vio obligado a pactar con el partido de Rivera para garantizarse la continuidad en una administración clave para repartir favores allende pueblos y aldeas.

El portazo de Ramírez no cambiará nada. Si ella sigue, el PP continuará gobernando la Institución Provincial con comodidad. Y si hubiera tenido la decencia de irse a casa, Ciudadanos la hubiera sustituido por otro de sus ediles sin alterar su alianza con los populares. Quiere decir esto que Latre&Guarinos no sólo no van a notar apenas erosión o rasguño alguno por la indigna maniobra de Ramírez, sino que salen fortalecidos.

Ciudadanos se queda fuera de la Plaza de Moreno y sin posibilidad material de revisar el acuerdo con el PP, tal como al menos en teoría exige el documento que firmaron ambas formaciones. Y además le hacer perder efectivos. Con tan solo un diputado, el partido naranja había logrado disponer de un equipo propio que en realidad le servía de base para afianzar y extender su aún incipiente presencia en el territorio provincial, especialmente, en el Corredor y la Campiña. Ello se debió al cambalache urdido entre PP y Ciudadanos tras las municipales. Guarinos se tragó el sapo de no revalidar la Presidencia, entre otras cosas, como consecuencia de viejas querellas de algunos ediles Ciudadanos que antes lo fueron del PP de Azuqueca. A cambio, y pese a contar con un diputado menos que Ahora Guadalajara, Ciudadanos obtuvo los mismos liberados (entonces se justificó aduciendo que su representante presidiría las comisiones de Empleo y Transparencia).

El jefe de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, el alcarreño Alejandro Ruiz, teme ahora que su ya ex compañera de siglas pase a convertirse en la diputada número 13 del PP en Diputación –como si hasta ahora no lo hubiera sido ya de facto-; y el portavoz socialista, Julio García, exigió ayer con acierto que la ínclita deje su acta de diputada a la que accedió como representante de un partido al que ya no pertenece.

La decisión de no renunciar al acta es tan legal como impresentable desde el punto de vista político. Vulnera el Pacto Antitransfuguismo (¿no tiene nada que decir el PP, que seguirá gobernando en Guadalajara apoyada en una semitránsfuga?), y viola el compromiso que ella misma había firmado con su partido, que le obliga a renunciar a su acta si toma la decisión de abandonar las siglas por las que obtuvo la misma. Los compañeros le han preguntado hoy con insistencia si rubricó este documento interno. No ha querido contestar, pero es evidente que sí lo firmó, igual que el resto de sus compañeros. El documento dice literalmente: “abandonar el cargo público para el que fue elegido en listas de C’s, y los demás cargos públicos que en su caso pueda ostentar por designación de C’s, en el supuesto de que cese en la militancia del partido por cualquier causa”.

Pero hay que escarbar en la memoria para encontrar las causas de esta pataleta. Yolanda Ramírez llegó a Ciudadanos de la mano de Juan Gordillo, candidato de esta formación a la Alcaldía de El Casar en 2015. Sin embargo, Gordillo fue expulsado de Ciudadanos -según este partido- por “el uso indebido de los medios informáticos e incumplimiento de la ley de protección de datos”. En noviembre pasado pasó a convertirse en edil del grupo no adscrito en el ayuntamiento campiñero. Y ahora los dos concejales que le quedaban a Ciudadanos en El Casar también se han dado de baja.

Es evidente que el distanciamiento entre Ramírez y su ex partido comenzó a larvarse a raíz de las desavenencias en El Casar. La pretensión de Ciudadanos de colocar a Orlena de Miguel, que después de las generales de junio se quedó sin su escaño en las Cortes, como asesora de Ramírez en Diputación –el puesto que ocupaba Gordillo- fue la gota que colmó el vaso. Como ven, todas razones de alta política…

Desavenencias personales aparte, el propio Alejandro Ruiz reconoció recientemente que la oposición, por llamarlo de alguna manera, que Ciudadanos ha hecho en la Casa Palacio “estaba muy cerca de las líneas del PP”. Su confesión es sincera, pero revela el caos orgánico de Ciudadanos, un partido con una carencia de cuadros intermedios capaces de fiscalizar la labor de sus cargos públicos. De ahí el contraste entre su tarea en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde sus concejales han tenido arranques de autonomía (por ejemplo, en las mociones sobre las calles franquistas y el sueldo de Román), mientras en Diputación se ha comportado como un felpudo del PP. La diputada llave del gobierno provincial ha actuado como si estuviera integrado en éste, y además sin disimular lo más mínimo su docilidad.

Ramírez se ha quejado hoy de ser “fiscalizada” por sus propios compañeros. Es un subterfugio para tapar su conducta. Porque cualquiera que esté más o menos cerca de la política provincial sabe que, si por ella fuera, hubiese formado parte del Gobierno de Diputación a raíz del acuerdo con el PP. No pudo hacerlo no por falta de voluntad sino como consecuencia de la estrategia nacional de Ciudadanos, que cerró el paso a entrar en los gobiernos a los que presta apoyo.

No es la primera ni probablemente será la última tránsfuga en la provincia. Pero sí tiene el dudoso honor de ser la primera de la nueva política. Su onerosa ejecutoria colisiona frontalmente con el mensaje de regeneración y de instauración de una ética pública que abandera Ciudadanos. Guarinos y el PP pueden seguir tranquilos. El juguete de la Diputación lo tienen bien atado hasta 2019.