Posición ee Unidos Podemos frente al Trasvase Tajo-Segura

HACIA UNA GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL AGUA COMO BIEN PÚBLICO Y DERECHO SOCIAL

Como bien sabemos en Castilla-La Mancha, el agua es un recurso limitado y valioso, sometido a una presión creciente como resultado de políticas públicas irresponsables, de un modelo de desarrollo insostenible, y de los efectos del cambio climático. El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, que funciona sólo para lo que quiere, se niega a someterse al control democrático del Congreso, pero funciona a pleno rendimiento para aprobar un trasvase tras otro. Además de adoptar otras decisiones también perjudiciales para nuestra región, como el cierre de Elcogas, la autorización de nuevas licitaciones para la construcción del Cementerio Nuclear o el recurso a la recuperación de la jornada semanal de 35 horas de nuestras empleadas y empleados públicos.

Desde Podemos nos hemos opuesto con claridad a los sucesivos trasvases impuestos por el Gobierno central y hemos rechazado también en las Cortes regionales el “decretazo” de revisión de los planes hidrológicos. Lo hemos hecho por motivos sociales, porque no se contemplan los derechos prioritarios de la cuenca cedente; derechos prioritarios que deben ser para usos prioritarios, es decir, para beber y para regar. Por motivos ambientales, porque no se aplican ni se respetan unos caudales ecológicos que permitan recuperar los embalses, humedales y acuíferos, lo que amenaza la disponibilidad de agua en cantidad y calidad en el presente y el futuro. Y también por motivos legales, porque, como han denunciado las organizaciones ecologistas, los planes hidrológicos, tal como están planteados, son contradictorios con los objetivos de la legislación española y europea en materia de gestión del agua, lo que pone en riesgo además la asignación de fondos europeos a nuestro país y nuestra región.
Frente a estas políticas irresponsables e insostenibles y frente a las “guerras del agua” interterritoriales alentadas por los viejos partidos, desde UNIDOS PODEMOS defendemos la necesidad de un Pacto de Estado, basado en el diálogo y el acuerdo interterritorial, que se oriente a una gestión integral y sostenible del agua como bien público y derecho social. Esta gestión debe garantizar los usos prioritarios de abastecimiento de la población y de la agricultura, frente a los campos de golf, los macro-resorts turísticos y otros intereses privados y actividades no sostenibles; debe establecer y respetar unos caudales ecológicos que permitan la recuperación y mantenimiento de los recursos hídricos; y debe promover alternativas a los trasvases como la puesta en marcha y el uso eficiente de las desaladoras de agua del Mediterráneo.
No sólo debe seguirse el rastro del agua, sino también el rastro del dinero. La compraventa privada de agua alimenta la especulación y la desigualdad y conduce a su acaparamiento por parte de unos pocos grandes aguatenientes. Por eso proponemos también la realización de una auditoría pública del negocio y la privatización del agua, a fin de evitar que una minoría se siga lucrando, a costa de un recurso que debe protegerse como un bien público y un derecho social de todas y todos.
La gestión del agua está estrechamente ligada al modelo de agricultura. La extensión ilimitada de la superficie de cultivo de regadío intensivo no es compatible con una gestión sostenible de los recursos hídricos. Los cultivos autóctonos de secano adaptados al entorno y la agricultura ecológica son alternativas a ese modelo que deben potenciarse. La agricultura ecológica no sólo produce alimentos más sanos y nutritivos, y contribuye a recuperar la biodiversidad y preservar el medio ambiente. Al restituir la materia orgánica a los suelos, la agricultura ecológica incrementa también su fertilidad y rendimiento a largo plazo y su nivel de retención hídrica, lo que reduce la demanda de agua y evita su contaminación por agroquímicos. Por todo ello, la agricultura ecológica es un sector de interés general y forma parte fundamental del modelo de desarrollo sostenible y, particularmente, de la gestión sostenible del agua que debemos impulsar decididamente en el futuro. La propia normativa comunitaría contenpla la agricultura ecológica como un instrumento clave para la lucha contra el cambio climático.
En este sentido, el recorte de primas a la agricultura ecológica no sólo es una medida perniciosa para los alrededor de 6.000 productores que han invertido en ella en Castilla-La Mancha y que pueden verse abocados a la ruina, sino también para una gestión más eficiente y sostenible del agua en nuestra región. Frente a esa medida, desde UNIDOS PODEMOS hemos formulado una enmienda a los presupuestos regionales, aprobada por las Cortes, que destina 14 millones de euros al apoyo a la agricultura ecológica para tratar de compensar al menos parcialmente ese recorte de primas en lo inmediato. Además de esa medida de choque, hemos instado también al Gobierno de la Junta a convocar una Mesa Regional de la Agricultura Ecológica para acordar una financiación adecuada en el marco del Programa de Desarrollo Rural que permita la viabilidad del sector y definir un Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica en el que podrían incluirse medidas como convenios entre comedores escolares y sociales y productores agroecológicos locales.
Al hablar de la gestión del agua en nuestra región, hay que hablar también de los proyectos de minería de “tierras raras”. Desde 2013 los gobiernos regionales de PP y PSOE han aprobado 10 proyectos de investigación de minería de “tierras raras” en la provincia de Ciudad Real que en conjunto abarcan una extensión de más de 27.000 hectáreas, el equivalente a cerca de 50.000 campos de fútbol. La minería de “tierras raras” no es una minería convencional, sino una minería extensiva y depredadora que consiste en remover toda la tierra fértil para lavarla y extraer el mineral, generando una gran cantidad de residuos. Estos proyectos representan una grave amenaza para la salud, el medio ambiente, la agricultura y el abastecimiento y la calidad del agua. Sólo el primero de los 10 proyectos de explotación requeriría un volumen de agua de hasta 500.000 metros cúbicos de agua al año, en una zona donde los recursos hídricos existentes apenas alcanzan para abastecer a la población y la agricultura. Por eso, todas las organizaciones y plataformas agrarias, ecologistas y ciudadanas se han opuesto con rotundidad a la minería de “tierras raras”, igual que hemos hecho desde UNIDOS PODEMOS.
Pese al impacto y la relevancia de los proyectos mineros de tierras raras, PP y PSOE han mantenido, en cambio, todo este tiempo un pacto de silencio en torno a esta cuestión, protegiendo los intereses de la oligarquía depredadora afín a Felipe González y Juan Luis Cebrián que acecha tras estos proyectos y que aparece en los papeles de Panamá. Este pacto de silencio no se ha roto hasta que la sociedad civil se ha organizado y movilizado y hasta que las Cortes regionales han aprobado una resolución presentada por UNIDOS PODEMOS en la que se insta al Gobierno regional a paralizar los proyectos, someterlos conjuntamente a evaluación ambiental estratégica en un procedimiento unificado y actuar con la mayor transparencia. Sólo entonces PP y PSOE han comenzado, a regañadientes, a tomar posición sobre esta cuestión, sin bien el Gobierno regional no ha dado aún cumplimiento a esta resolución.
El cambio político que necesitamos en nuestro país debe implicar también un cambio en las políticas de gestión del agua que anteponga la defensa del medio ambiente y de los intereses de la mayoría social a los de una minoría privilegiada. Por eso desde UNIDOS PODEMOS apostamos con claridad por avanzar hacia una gestión integral y sostenible del agua como bien público y derecho social.

Por Ariel Jerez, candidato de Unidos Podemos al Congreso por Guadalajara,
y David Llorente, diputado de Podemos por Guadalajara
en las Cortes de Castilla-La Mancha.