El PSOE llevará a los tribunales el transfuguismo de la Diputación de Guadalajara

El portavoz del Grupo Socialista, Julio García, ha anunciado que en los próximos días se emprenderán acciones judiciales por el caso de transfuguismo ocurrido en la Diputación de Guadalajara. Así lo ha desvelado hoy tras constatar que el recurso de reposición presentado ante la propia Corporación va a ser desestimado por el Equipo de Gobierno del PP y por la diputada tránsfuga, Yolanda Ramírez, en el Pleno convocado para mañana, viernes.

El Grupo Socialista pedía que se echara atrás el acuerdo aprobado también en Pleno a finales del pasado mes de enero, que materializó la compra del voto de Ramírez otorgándole una dedicación exclusiva de 50.000 euros anuales. “Lo cierto es que no esperábamos otra cosa de los protagonistas, promotores y ejecutores de este pacto antidemocrático e indecente, que además consideramos ilegal. Ni la diputada tránsfuga quiere renunciar a un sueldo que no debería percibir tras abandonar su grupo, ni el PP a una mayoría que no le dieron las urnas, pero que ha conseguido ahora por esta otra vía”, ha señalado García.

Por eso, el Grupo Socialista va a presentar un recurso contencioso-administrativo, aunque no descarta tampoco otras medidas judiciales. “Sostenemos que no solo se puede decir que en el ámbito político estamos ante un clarísimo caso de corrupción, ante uno de los mayores escándalos políticos de la provincia en los últimos 20 años, sino que además de violar el Pacto Antitransfuguismo, se han vulnerado también leyes, se han vulnerado normas, y se ha hecho a sabiendas”, ha afirmado el portavoz socialista.

Según su opinión, se ha infringido en primer lugar la ley de Bases de Régimen Local, modificada en 2003 precisamente para desincentivar el transfuguismo mediante la limitación de los derechos que pueden tener quienes abandonan un grupo político –como hizo Ramírez con Ciudadanos– o son expulsados. Las restricciones impuestas entonces han sido claramente rebasadas en este caso.

Tampoco se ha cumplido, a su juicio, el Reglamento de la Diputación, reformado en 2005 para regular la situación de los diputados provinciales no adscritos tras la expulsión de cinco de los integrantes del Grupo Popular. Esta norma establece que les corresponderán los derechos políticos y económicos que tengan individualmente por su condición de miembros de la Corporación, que en el aspecto económico no son más que las dietas por asistencia al Pleno o a las comisiones, muy lejos de la dedicación exclusiva que ha otorgado el PP a Ramírez.

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