Se recupera la memoria de Juan Concha

Milicianos en el Alto Tajo
Milicianos en el Alto Tajo

Conocer el pasado compartido es fundamental. El acercamiento a la historia es muy relevante para entender el presente y poder afrontar el futuro. Por ello, es imprescindible dominar todos los flecos de nuestro devenir pretérito. Es esencial hacer memoria. También en Guadalajara. Se han de comprender todos los procesos y sucesos. Incluso, aquellos más ignorados, como los que remiten a los acontecimientos relativos a la Guerra Civil española, además de los protagonistas más destacados de dicho periodo en nuestra provincia.

En este sentido, se ha de mencionar la figura de Juan Concha, un miembro de la Unión General de Trabajadores (UGT) cuya documentación ha sido digitalizada y puesta a disposición de la ciudadanía –libre y gratuitamente– por parte del Centro Social Octubre. “Los expedientes de cerca del 90% de los represaliados de la provincia de Guadalajara, se encuentran en el juzgado togado militar territorial n°32 situado en el cuartel de San Fernando de Zaragoza, que es el encargado de custodiar los mencionados legajos”, explica el historiador Alan Herchhoren, uno de los responsables de investigar la biografía de Concha. Pero, más allá del punto de vista físico, la referida documentación depende del Tribunal Militar Tercero situado en Barcelona, y es ahí donde se debe solicitar permiso de acceso a la documentación.

Por ello, se cursó la pertinente solicitud para poder consultar la información relativa a dicho personaje. Una vez obtenido el reporte completo, se procedió a su digitalización. Pero, ¿quién fue Juan Concha? ¿Cuál fue su relevancia? “En la documentación existente sobre la guerrilla en nuestra provincia, su nombre aparece en varias ocasiones. Como muchos de sus compañeros, se dedicaba profesionalmente a la agricultura y a la ganadería”, asegura Herchhoren. “Se involucró en muchas acciones y, la que más nos sorprendió, fue la del ataque al General Moscardó”, uno de los gerifaltes de las tropas franquistas.

Milicianos en el Alto Tajo
Milicianos en el Alto Tajo

Concha, al inicio de la Guerra Civil, se alistó en las milicias y, ante el avance de las falanges sublevadas, tuvo que huir del Señorío de Molina, comarca de la que procedía. Más concretamente, había nacido y vivido en Cobeta. Tras dejar su pueblo –y su vida– atrás, atravesó la zona de Zaorejas y acabó llegando a Guadalajara capital, donde se integró en un «Batallón de Fortificaciones», para incorporarse –finalmente– en el «Cuerpo de Guerrilleros». A pesar de esta trayectoria, una vez finalizó la contienda –con la victoria de los nacionalistas–, fue fusilado en el cementerio de Guadalajara.

– Pero, ¿cómo se involucró este personaje en el ataque al General Moscardó?

– Juan Concha proyectó un atentado contra este militar franquista, que se ejecutó en el cruce de la venta de Aragoncillo, que aún hoy se conserva –explica el investigador Alan Herchhoren–. La referida acción se realizó al paso del convoy, sin poder alcanzar a Moscardó, pero si neutralizando a parte de su guardia personal. Este hecho figura en su causa judicial que acabamos de digitalizar.

El mencionado acontecimiento tuvo lugar el 1 de junio de 1937 y, durante la declaración de Juan Concha, nunca negó que formase parte del atentado. “Una circunstancia que induce a pensar que sí tuvo lugar la acción y que, además, él participó en la misma”, explican los especialistas. Sin embargo, no delató a ninguna otra persona que hubiera participado en el ataque, ya que, cuando fue preguntado al respecto, “todos los nombres y apellidos que proporcionó se comprobaron falsos”. No quiso comprometer a ningún amigo de militancia.

Parte del expediente de Juan Concha
Parte del expediente de Juan Concha

En cualquier caso, el protagonista del acontecimiento relató algunos detalles de aquella agresión. Se trató de un asalto a un convoy en el que iba Moscardó, acompañado de varios de sus soldados. A la altura de la venta de Aragoncillo se produjeron una serie de tiroteos, se incendió el camión en el que transitaban los sublevados, se produjeron varios heridos y se tomaron a dos prisioneros. “Fue un hecho que no estuvo muy alejado, por ejemplo, de los asaltos que muestran las películas de Hollywood sobre la «Resistencia Francesa», en las que se reflejan diversas arremetidas a las caravanas de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial”, explican los historiadores.

Juan Concha, cuando terminó la Guerra Civil de 1936–1939, regresó a su pueblo –Cobeta–, pero fue detenido por la «Guerrilla del Alto Tajo», nombre con el que se autodenominaban los “voluntarios fascistas” que se integraron en el mencionado grupo. “Pero, en realidad, nunca tuvieron una «actividad guerrillera» como tal, al no participar en acciones ofensivas. Sólo impulsaron respuestas represivas”, señalan los investigadores.

Tras ser apresado, don Juan prestó declaración –en primera instancia– ante los mencionados «guerrilleros», que estaban al mando tanto de un médico de cobetano –llamado Eugenio Peña– como del Juez de Paz de Sacecorbo, Raimundo Ochaíta. Sin embargo, mandaron trasladar al reo hasta Guadalajara, donde –tras ser procesado– se le condenó a pena de muerte. Fue ajusticiado en el cementerio arriacense.

La relevancia del estudio del pasado
En los últimos años se ha avanzado mucho en sapiencia histórica. No obstante, se ha de continuar trabajando en la recuperación de la memoria en España. Es la única forma de construir un relato completo del pasado. Pero, ¿cómo se están abordando y rehabilitando estos asuntos en nuestro país, tanto a nivel político como historiográfico? “La investigación en torno a temas memorísticos se ha convertido en algo individual. El Estado no se mete”, denuncia Herchhoren. De hecho, “los trabajos de exhumación de los restos existentes en fosas comunes los están implementando asociaciones, no instancias gubernamentales”.

Sin embargo, estas labores habrían de realizarse por las instancias administrativas. La referida reparación “debería ser un empeño que tendría que partir desde una investigación criminal”, explican diversos investigadores. Para solucionar esta circunstancia, se podrían tomar de ejemplo otros países, como Argentina. Allí, “si se descubre una fosa común de la dictadura [1976–1983], acude la policía científica, los forenses y el juez, no un grupo de voluntarios pertenecientes a las entidades de memoria”.

Además, los especialistas también solicitan otras medidas complementarias, con el fin de facilitar su trabajo. Entre ellas, “la derogación de la Ley de Secretos Oficiales”, ya que entorpece la posibilidad de arrojar luz sobre algunos pasajes de la historia. Asimismo, se ha de apostar “por abrir los archivos” a través de “una clara inversión pública”, que permitiese y facilitase a la ciudadanía la consulta y la recuperación de la información. “Si la gente cuenta con el acceso a estos complejos, tendrá la oportunidad de analizar la documentación y obtendrá más información, lo que –a la postre– les generará derechos”, confirma Herchhoren.

Por ello, han de ser las instituciones gubernativas las que, “de oficio”, digitalizaran todos los expedientes. Y que, además, los mismos fueran de libre acceso y consulta, sin coste adicional. Así, se pondría al alcance de los interesados todos los legajos y datos que desearan obtener. Por ello, mientras que se condensa esta labor, iniciativas ciudadanas –como el Centro Social Octubre– están realizando dicha función, colgando en su web estos expedientes.

Esto, unido a otras medidas –como una apuesta clara por la investigación–, supondría un incremento del conocimiento sobre el pasado. Un aumento de la sapiencia que permitiría a todos nosotros poseer más herramientas para entender el presente y encarar el futuro más adecuadamente. De esta forma, se podría poner fin a aquel precepto que asegura que la «historia sólo la escriben los vencedores». La edificación del pasado se ha de elaborar democráticamente, interviniendo el mayor número de sectores posible, con el fin de conseguir una mirada plural a nuestro devenir.

Las fosas comunes de la capital
Juan Concha fue condenado a muerte y fusilado en el cementerio de la capital provincial, tras finalizar la Guerra Civil española de 1936–1939. Sin embargo, y por desgracia, no fue el único. Hubo muchos más ciudadanos que fueron ajusticiados en el lugar y que sus cuerpos se inhumaron en fosas comunes. Según el Foro por la Memoria arriacense, se podrían conservar hasta 822 cadáveres sólo en el capitalino.Empero, con el paso de los años, se va complicando –más y más– la recuperación de los cuerpos. Sin ir más lejos, “tras varias ampliaciones del complejo, los restos de una de las fosas comunes del lugar –que cuenta con centenares de cadáveres– fueron removidos y, hoy en día, son prácticamente inidentificables”, explican los investigadores. Por ello, se han adoptar –lo más rápido posible– decisiones encaminadas a la rehabilitación de la memoria histórica de nuestro país, para que no se sigan deteriorando los enterramientos.

Por ello, es tan encomiable la labor que estaría realizando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que lleva más de dos décadas trabajando en esta línea. De hecho, en todo este tiempo se habrían realizado más de 180 exhumaciones. Empero, todavía quedarían más de 114.000 desaparecidos, tal y como cifró el exjuez Baltasar Garzón. Además, no hay un dato concreto de cuántos opositores fueron asesinados por el Franquismo entre el fin de la contienda –en 1939– y mediados del decenio de 1950. Según los historiadores Alberto Reig Tapia y Mirta Núñez, se alcanzarían los 125.000 afectados. “Las cifras se están elaborando constantemente y, aunque no se puede dar un número exacto, son apabullantes”, concluyen los referidos investigadores.