El anacrónico populismo de Zahonero

Hacía tiempo que no leía una sarta de simplezas, falsedades y lugares comunes del calibre de las despachadas por Antonio Zahonero, presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG), en sendas entrevistas el pasado lunes a Raquel Gamo en eldiarioclm.es y a Alberto Girón en SER Guadalajara. De otra manera no se puede calificar su anacrónica defensa del trasvase del Ebro, su irreflexivo empeño en la conexión de Beleña con Alcorlo, su elocuente sectarismo a la hora de atizar la política agraria de García-Page soslayando cualquier crítica al Gobierno de Rajoy o al mandato de Cospedal en Castilla-La Mancha, sus salvajes ataques al lobo o su estrafalaria defensa de las macrogranjas de porcino como tabla de salvación de los pueblos pequeños.

Zahonero es un dirigente vinculado al Partido Popular y este matiz explica el anacronismo de su discurso en materia hidrológica, aunque es probable que ni siquiera el PP se atreva a estas alturas a hacer suyas algunas de las barbaridades que aún abraza el máximo dirigente de los agricultores y ganaderos de Guadalajara. Zahonero fue más de cuatro décadas alcalde de Quer y acumula más de 30 años al frente de la APAG. A lo largo de este tiempo, esta organización se ha consolidado como el primer sindicato agrario de la provincia, ha sido un instrumento de presión eficaz en defensa de los intereses de este colectivo y también a la hora de prestar ayuda y asesoramiento al debilitado sector primario de Guadalajara, incluida la compleja tramitación de la PAC. Sin embargo, también se ha revelado una correa de transmisión del PP cuya fijación para instalarse en el victimismo no ha hecho más que devaluar sus propias reivindicaciones.

Nadie –salvo Zahonero- defiende a estas alturas la aberración del trasvase del Ebro. Se trata de una obra faraónica rechazada por la Unión Europea que, además de maltratar a este río, hubiera disparado el precio del agua para los regantes de Levante, que ahora la pagarían bastante más cara que la procedente de las desaladoras. De hecho, si no fuera por las desaladoras, el Campo de Cartagena y el resto de regadíos de Murcia, Alicante y Almería se hubieran quedado este año sin abastecimiento. Aunque el presidente de la APAG arguya sin aportar ni un solo dato que las desaladoras “no han dado resultado”.

El acueducto para conectar el Ebro con el Segura, auspiciado por el Gobierno de Aznar al rebufo de la mayoría absoluta de 2000, era un proyecto inviable tanto desde el punto de vista económico como social y medioambiental. El coste sobrepasaba los 4.000 millones de euros y no tenía en cuenta ni la irregularidad hidrológica del Ebro, ni sus caudales (que son menos voluminosos de lo que en su momento esgrimió el Gobierno Aznar) ni la falta de obras de riego en Aragón. En 2013, el Tribunal Constitucional desestimó los recursos de los gobiernos valenciano y murciano de hace una década contra la eliminación de esta infraestructura. Su derogación no fue una ocurrencia de Zapatero, sino un compromiso político previo a las elecciones de 2004.

Es una ofensa a los pueblos de Entrepeñas y Buendía afirmar a estas alturas, como hace Zahonero, que los problemas generados por un trasvase, el del Tajo, se solucionarían con otro trasvase, el del Ebro, que causaría una cicatriz irreparable no sólo al río sino a toda la cuenca mediterránea. Y es una ofensa aún mayor reiterar el mantra del agua que el Ebro vierte al mar, como si ello no fuera necesario para mantener su ecosistema –incluido el Delta- y como si se pudieran maltratar los ríos como si fueran tuberías de una comunidad de vecinos.

Abochorna que el máximo representante de los agricultores y ganaderos de Guadalajara utilice argumentos de preescolar para defender lo indefendible. La razón principal que pone encima de la mesa es que “hay que llevar agua de donde sobre a donde falte”. Soluciones simples a problemas complejos. Populismo hidrológico sin fuste ni muste.

Sostiene también Zahonero que el trasvase del Tajo “se va a cerrar solo” por la falta de agua. Quizá no le falte razón porque es evidente que si algún siglo de éstos se llega a producir su clausura no será por la voluntad decidida ni por la unidad de acción acreditada en Guadalajara. Que el principal sindicato agrario de la provincia vacile en su defensa del Tajo y que incluso asuma como una obligación inexcusable la exigencia de abastecimiento a los regantes levantinos, ignorando u ocultando que la maraña legislativa alrededor del Tajo prioriza los usos y necesidades de la cuenca cedente, explica por qué el saqueo a Entrepeñas y Buendía no sólo ha arrasado con la cabecera sino que ha causado un gravísimo quebranto a la sostenibilidad del Tajo. Es ridículo acusar a la Junta de Castilla-La Mancha de olvidarse de los regantes de Guadalajara y, al mismo tiempo, ponerse de perfil en la batalla del Tajo.

La obsesión trasvasista de la APAG no acaba en el Ebro. También se reproduce en la defensa de la conexión de los pantanos de Alcorlo y Beleña con el peregrino argumento de que ésta última presa está ahora desembalsando tras las lluvias caídas durante las últimas semanas. La interconexión de estos embalses fue rechazado por la negativa de su impacto ambiental en la Sierra, tratada como una mera hidrocolonia al servicio de agricultores y regantes, en aras de blindar el suministro al Corredor del Henares. Es cierto que los regantes de Guadalajara se ven claramente perjudicados por las restricciones de agua, pero la conexión Alcorlo-Beleña no es la solución, entre otras cosas, porque se trataría de una obra que vulneraría la Ley del Parque Natural de la Sierra Norte.

Esta norma, en su Anejo 2, aborda los “Usos aprovechamientos y actividades incompatibles” y limita en su punto 29 “la construcción o ampliación de presas, embalses, canales, acequias; las nuevas explotaciones o captaciones de aguas superficiales o subterráneas, y la ampliación de las existentes, con la excepción de los abastecimientos a los núcleos urbanos de El Cardoso de la Sierra, Bocígano, Peñalba de la Sierra, Cabida, Colmenar y Corralejo, y los puntos de agua para incendios forestales que se consideran autorizables”. En consecuencia, mientras no se modifique esta ley, la tubería entre Alcorlo (agua del Bornova) y Beleña (subcuenca del Sorbe) resulta inviable.

El resto del discurso de Zahonero, aunque no es novedoso para todo aquel acostumbrado a lidiar con los asuntos públicos de Guadalajara, resulta delirante. Tanto su indiscriminado azote al Gobierno de García-Page, al que directamente acusa de tener olvidados a los agricultores y ganaderos, un extremo insostenible a poco que uno observe el porcentaje del presupuesto anual de la Junta destinado a estas partidas; como su demagógica defensa de la ganadería extensiva.

Dice el presidente de la APAG que esto del lobo antaño se resolvía con escopetas. Puede que tenga razón, pero también antaño los ganaderos asumían los costes derivados de su explotación y disponían de personal –vaqueros, por ejemplo- que cuidaban de los rebaños, lo que evitaba que quedaran al albur de un animal que entre los 70 y los 80 pasó de ser una alimaña a una especie cinegética y, ahora, en algunas CCAA como Castilla-La Mancha, a especie protegida.

La ganadería es un sostén del campo en la Sierra Norte, pero no es la única actividad que necesita ayuda ni tampoco la que más empleo genera. Ese papel le corresponde al turismo y, sobre todo, el sector servicios, que sí está dejado de la mano de Dios aunque llore menos.

El problema no es que exista el lobo, sino sobredimensionar un problema hasta el punto de convertir a este animal en el causante de todos los males de la ganadería. La APAG intensifica sus protestas ante Castilla-La Mancha cuando en la Junta gobierna el PSOE. Durante los cuatro años del mandato de Cospedal, los ganaderos callaron o bien relajaron sus protestas pese al elevado número de ataques registrado. Basta repasar el número de comunicados hechos públicos o la convocatoria de manifestaciones.

Es difícil tomarse en serio la reivindicación alrededor del lobo cuando la propia APAG se presta a politizarlo. Y más aún cuando, sólo en 2017, la Junta de Castilla-La Mancha abonó 55.753 euros a ganaderos de Guadalajara para la puesta en marcha de medidas preventivas que frenen posibles ataques de lobos a su ganado. Las ayudas son de hasta 3.000 euros para la instalación de cercados nuevos; de 1.500 para la instalación de vallados portátiles (teleras); de 1.000 euros para un pastor eléctrico y de hasta 360 euros para la adquisición de un perro mastín. A todo ello habría que sumar las indemnizaciones por cada res o ejemplar muerto a raíz de ataques de buitres o de lobos, una vez que los tribunales han reconocido la responsabilidad patrimonial de la Junta al ser el lobo una especie protegida en la región.

Si la Administración incumple sus compromisos o tarda en pagar las ayudas, harían bien las agrupaciones de ganaderos en denunciarlo con datos concretos. Pero no sirve de nada parapetarse en mensajes tremendistas, especialmente, teniendo en cuenta el peso que ejerce el sector ganadero en la comarca de la Sierra, su control efectivo del territorio y su nivel de renta. Estamos ante un sector en regresión, pero no olvidado ni marginado. Estamos ante un colectivo relevante para la sostenibilidad del medio rural que debe ser tratado con respeto y consideración, pero evitando el victimismo. El desparrame populista del máximo responsable de la APAG contribuye a lo contrario: a enquistar la queja y a reducir lo que podrían ser sólidos argumentos en simples clichés.

Raúl Conde

Periodista. El Espanyol es mi tormento y los Ribera del Duero, mi debilidad. «Cultura, justicia, libertad» (Azaña).