Barcenilla: “Los trasvases se hacen bajo una perspectiva economicista, favoreciendo el neoliberalismo”

Augusto Barcenilla es presidente y portavoz de Ecologistas en Acción de Guadalajara. Pero, sobre todo, es un ciudadano comprometido con lo que hace. Dedica gran parte de su tiempo a la defensa de la naturaleza. Cumple aquella máxima de «piensa globalmente, actúa localmente». De hecho, conoce cada uno de los problemas ambientales que afectan a la provincia. Y siempre ofrece una respuesta calmada y reflexionada. Critica aquellas decisiones que no les gustan, pero también reconoce las que le convencen. No tiene reparos en hacerlo.

Henares al Día ha querido hablar con él. No en vano, en 2018 Ecologistas en Acción cumple 20 años. Dos décadas en las que dicha organización se ha convertido en una de las principales entidades sociales a nivel provincial, regional y nacional.

Hace unos días tenía lugar la gala de Ecologistas en Acción Guadalajara, que este año ha llegado a su vigésima edición. Y el premio Atila –que pone de manifiesto la peor conducta ambiental– fue a parar a manos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, debido a su “pésima gestión, que ha destruido social, económica y medioambiental el área de Entrepeñas y Buendía”. ¿Tan mal lo han hecho?
Su prioridad economicista está acabando con gran parte de los proyectos que se estaban desarrollando en la comarca. Durante el 2017 se han aprobado unos 20 trasvases, algunos de ellos se han autorizado por el Ministerio y otros se han generado por el comercio del agua. Hay regantes en la cuenca media y baja del Tajo que no usan sus cuotas hídricas, por lo que se las venden a terceros, sean de la misma confederación hidrográfica o de otra, como la del Segura.

Por ejemplo, la última derivación hacia el Levante viene causada por dicho mercadeo… Se trata de un negocio legal, pero no ético. A pesar de ello, se está favoreciendo por el Gobierno nacional. Por ello, le hemos concedido el premio Atila.

Sin embargo, hay más razones para este «galardón». Entre ellas, el recurso del Ministerio contra las medidas de la Junta de Comunidades que buscaban evitar el ATC en Villar de Cañas.

O, también, los intentos de paralización de la ley antifracking de Castilla-La Mancha, que se aprobó el año pasado. Es otro ejemplo más del esfuerzo para expoliar el medio ambiente con el único fin de fomentar el beneficio empresarial.

Desde que Mariano Rajoy es presidente, ¿ha habido un cambio de política con el Tajo-Segura respecto a gobiernos anteriores? ¿O, sin embargo, se ha seguido la misma línea de actuación?
No hay ninguna diferencia. Han realizado los trasvases con la misma perspectiva economicista, favoreciendo un enfoque neoliberal. Es cierto que la Junta de Comunidades, con el actual gobierno del PSOE, está en contra de esta situación. Pero cuando el Partido Socialista se encontraba en la Moncloa, las derivaciones de agua se producían de la misma forma…

Hace unos años se estableció el límite de 400 hectómetros cúbicos para poder trasvasar. Por aquel entonces, el PP gobernaba en Madrid y en Toledo. ¿Es suficiente esta cantidad?
No ha servido para nada. Y a las pruebas nos remitimos. No se ha respetado ningún tipo de límite. De hecho, hace poco, y con unas reservas cercanas al 10%, se ha producido una nueva derivación. Realmente, quien hace la ley hace la trampa. Y, en este caso, se han utilizado todas las argucias posibles para seguir llevando agua a la cuenca del Segura.

Por tanto, la solución a este problema, ¿debería pasar por un cambio en el modelo de explotación agraria? O, dicho de otro modo: ¿se debe permitir que en un territorio seco, como el Levante, proliferen cultivos de regadío?

Efectivamente. Estamos ante un problema mucho más profundo. No se trata exclusivamente de llevar un recurso de un lugar a otro. La cuestión fundamental es que en la zona de Murcia, Albacete, Alicante y Almería se están desarrollando una serie de cultivos altamente exigentes en agua. Y aunque los agricultores maximizan todo lo que reciben –al usar sistemas de riego muy eficientes–, actualmente están floreciendo vergeles en sitios semidesérticos y desérticos.

Este desarrollo insostenible alguien lo tiene que pagar. Hasta ahora, lo hemos hecho nosotros con el trasvase. Pero el actual modelo tiene un recorrido corto, salvo que se comience a generar agua de riego barata a partir de las desaladoras. Sin embargo, esto tampoco sería la panacea, ya que se ocasionaría un problema de generación de residuos –se tendría que gestionar la salmuera producida en la desalación– y de alto consumo energético. En consecuencia, lo aconsejable sería implementar una producción sostenible. El gran cambio que se debe afrontar se basa en el control, la reducción y la limitación de la agricultura intensiva.

¿Qué está pasando con las macrogranjas en Castilla-La Mancha?
Es un asunto que también está muy relacionado con el problema del agua. En Murcia existe una gran densidad de de estas explotaciones, que ocasionan un elevado consumo de recursos hídricos. Y, al final, se acaba generado un colapso del sistema. Ya no caben más granjas de este tipo. Por ello, se están buscando nuevos territorios para expandir la producción porcina.

A esto se une un elemento adicional. La Junta de Castilla-La Mancha ha realizado un cambio legislativo, por el que ha considerado a la ganadería intensiva como sector estratégico. Así, las granjas de cerdos, en lugar de irse a otros sitios, prefieran venir a nuestra región. Aquí encuentran un lugar en el que se aceptan este tipo de explotaciones y donde, además, reciben subvenciones del gobierno autonómico.

Entonces, ¿cómo se podría nivelar una producción cárnica sostenible con la demanda del mercado, que es creciente?
Equilibrar oferta y demanda es complicado. Hay que tener en cuenta la exigencia de los consumidores de carne a buen precio. La forma de conseguir esta opción es mediante las granjas intensivas, aunque no es lo más saludable ni lo más recomendable.

El planeta, hoy por hoy, cuenta con capacidad suficiente para alimentar a todos los seres humanos, pero no consumiendo los mismos niveles de alimentos cárnicos. Hay que tener en cuenta que entre el 60% y el 70% de los cereales que se producen en el mundo se destinan a la industria ganadera. Sin olvidar otros daños, como la generación de purines y de gases de efecto invernadero, como el metano.

Por ello, proponemos un cambio en la educación del consumidor. Es posible comer más verdura y legumbres, e ingerir menos carne. Y, además, la producción de ésta última podría ser extensiva. De esta forma, sería más saludable y se evitarían afecciones al medio ambiente.

Acaba de referirse a la ganadería extensiva. En la provincia de Guadalajara hay bastantes ejemplos de la misma. Y los ataques del lobo son una de las quejas más importantes de los pastores. ¿Cómo se puede gestionar este choque de intereses entre una especie protegida y una actividad profesional tan relevante para el medio rural?
Es cierto que cuando hay presencia de lobo, de vez en cuando se producen ataques y, por tanto, bajas en la cabaña. Y, para subsanar estos daños, existen subvenciones, que han de ser ágiles y suficientemente importantes como para compensar los trastornos producidos.

Pero, por otro lado, el mayor problema que tienen los ganaderos con los que hemos hablado es que cuentan con un sistema muy bajo de protección de sus animales. En este sentido, uno de los métodos propuestos es la adquisición de mastines, que defienden muy bien al rebaño.

Sin embargo, y al mismo tiempo, los pastores no pueden dejar sueltos a estos perros porque los turistas que visitan el medio rural se sienten intimidados. Incluso, ha habido sentencias en virtud de las cuales estos profesionales han tenido que indemnizar a los excursionistas porque el mastín «les ha amenazado» por acercarse en exceso al ganado. Pero, en realidad, el perro estaba haciendo su labor, y el que tenía que haber sido sancionado es el «pseudoturista».

Por otro lado, ¿qué tal es la relación de Ecologistas en Acción con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?
Tenemos una conversación abierta y fluida con el gobierno regional. Ahora bien, esto no significa que sea efectiva. Es cierto que nos escuchan. Siempre que llamamos a sus puertas, nos las abren. Tenemos un sitio para poder hablar, pero muchas veces consideramos que este diálogo es de sordos. Por tanto, la relación con la Junta de Comunidades no es ni mucho menos negativa. Pero nos gustaría que fuera más práctica y efectiva.

Además, en la labor con las instituciones existe otro asunto importante. Hay que tener en cuenta que todos los miembros de Ecologistas en Acción somos voluntarios. No cobramos nada.

Y muchas de las reuniones con la administración se producen en «horas lectivas», cuando estamos en nuestros trabajos. Por tanto, tenemos que buscar huecos, pedir días libres, vacaciones… Y esto, a veces, nos crea problemas.

En consecuencia, nos gustaría que los gobernantes nos plantearan: «dime qué días puedes y hago el esfuerzo de buscar esa posibilidad». Sin embargo, el administrador se ha acabado convirtiendo en administrado. No obstante, siempre hay honrosas excepciones que buscan un hueco, aunque normalmente es difícil establecer las fechas.

¿Qué tal es el contacto con el Ayuntamiento de Guadalajara y, más concretamente, con el regidor, Antonio Román, y con el edil de Medio Ambiente, Francisco Úbeda?
Con el alcalde de Guadalajara no tenemos ninguna relación. Sin embargo, con los concejales de Medio Ambiente, Francisco Úbeda, y de Cultura, Armengol Engonga, mantenemos un diálogo más estrecho. Discrepamos en bastantes temas, pero no tenemos las puertas cerradas, aunque nos gustaría que nuestras tesis calaran más en sus planteamientos.

Precisamente, uno de los asuntos en los que se ha generado polémica últimamente tiene que ver con la poda excesiva del arbolado urbano de la capital. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre dicho tema?
Este problema es recurrente. No sólo en Guadalajara, sino en otras muchas otras localidades de la provincia e, incluso, en el arbolado existente en las cercanías de las carreteras que dependen de la Diputación o de la Junta de Comunidades.

Nos duele que se trate así a los árboles. Se realizan podas excesivas y, en ocasiones, se producen talas, porque la vegetación molesta. Y, para evitar esto, se deberían elegir las especies más apropiadas para cada lugar y, después, diseñar una gestión adecuada de las mismas. Sin embargo, esto no ocurre. Por ejemplo, las plantaciones se realizan atendiendo a lo que esté más barato en cada momento. Y, luego, la atención posterior es claramente incorrecta.

En el caso de la capital, este tema fue tratado en un pleno municipal por parte de la concejala Susana Tundidor, de Equo-Ahora Guadalajara. ¿Cómo son las relaciones con los grupos políticos de la oposición? ¿Son sensibles a sus reclamaciones?
Tenemos unos contactos fluidos con ellos. No hay ningún problema. Por ejemplo, el año pasado se hizo una labor con todos los partidos con representación en el Ayuntamiento para declarar a la capital provincial como ciudad libre de circos con animales. La propuesta se aprobó en pleno, con los votos a favor de Ciudadanos, PSOE y Ahora Guadalajara. Pero, desgraciadamente, el PP se ha tomado este acuerdo plenario de una forma poco democrática. No lo ha llevado a cabo.

Otra de las colaboraciones con partidos a nivel provincial ha sido con Equo en relación al incendio de Chiloeches de 2016. ¿Cómo se encuentra este asunto a día de hoy?
La situación sigue siendo bastante preocupante. La Junta de Comunidades hizo una actuación de extinción y descontaminación tras el incendio que supuso una inversión económica importante. Pero en un momento dado, el gobierno regional decidió que no tenía más dinero para seguir limpiando la zona, dejándola un poco abandonada. Sin embargo, los residuos peligrosos continúan allí. Sólo hace falta acercarse hasta la zona para comprobarlo.

También es cierto que ciertos organismos –como el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente o la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)– han estado completamente ausentes en este problema. Y consideramos que también tienen responsabilidades en el mismo. Sobre todo la CHT, que ha hecho caso omiso y lo ha dejado todo en manos de la Junta de Comunidades. Es una falta muy importante a su deber.

En 2018 se cumple el vigésimo aniversario de Ecologistas en Acción. En estas dos décadas de vida, ¿se ha observado un incremento de la concienciación ambiental?
Tenemos que decir que sí. Desde hace 20 años hasta ahora ha cambiado mucho la conciencia ambiental de la ciudadanía. ¿Es la mejor? Pues no, pero existe más sensibilidad. Un ejemplo sería el tema del reciclaje. Antes era impensable tener en casa diferentes contenedores destinados a papel, vidrio, pilas, desechos orgánicos… Iba todo al mismo sitio. Pero,  actualmente, en el 90% de los hogares existe una separación de residuos.

Además, cada día es más importante la reutilización de productos.  Y se realiza en lugar de reciclar, que tiene un coste. Al fin y al cabo, reutilizar es lo más económico y lo más ecológico.

En definitiva, existe más conciencia medioambiental. ¿Es la ideal? Seguramente no. Quizá nuestras exceptivas sean demasiado elevadas y, por eso, siempre nos sentimos un poco insatisfechos. Pero esos objetivos son los que debemos tener, aunque sean muy altos.

Durante muchos años, Alberto Mayor fue la cara visible de Ecologistas en Acción Guadalajara. Ahora lo es usted. ¿Cómo ha sido la transición?
Alberto Mayor sigue estando dentro de la directiva de la organización. Es el secretario. Pero, en cualquier caso, Ecologistas en Acción no es un  lugar de poder, ni mucho menos. Cada uno trabajamos en la medida que podemos. No es importante que sea yo sea presidente o portavoz.

Lo relevante es que somos un grupo de personas que estamos al pie del cañón día a día. Y el cargo que ocupamos, en realidad, es lo menos significativo.

Julio Martínez

Historiador y periodista, especialista en comunicación ambiental y en Masonería mexicana. El reporterismo es mi vocación. Ahora informando desde Guadalajara. “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” (Benito Juárez, 1867).