El cierre planificado de Trillo

El 1 de mayo de 2035 es la fecha prevista para el cierre de la central nuclear de Trillo. Lo hará después de 47 años de funcionamiento, teniendo en cuenta que comenzó a operar en 1988. Será el último reactor en echar el candado si se cumple el calendario pactado por las eléctricas tomando como referencia una vida útil de las centrales que alcanza una media de 46 años. Almaraz I cerrará en 2027; Almaraz II, en 2028; Ascó I, en 2030; Cofrentes, en 2030; Ascó II, en 2032; y Vandellós II, en 2035. El protocolo de acuerdo sobre el cierre del parque nuclear español entre 2027 y 2035, según CincoDías, llega a cambio de un incremento máximo de la actual tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales del 20%.

Esta programación, que ya cuenta con el beneplácito de Iberdrola y de Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y la empresa pública de residuos atómicos Enresa -falta que se incorpore Endesa, que quiere un calendario más “flexible”- está sujeta al Plan Nacional de Energía y Clima aprobado por el Gobierno. Y como en este país los planes se rompen en cuanto cambia el color político de La Moncloa, cabe tomarlo con precaución. Máxime si depende del visto bueno definitivo de Bruselas.

En todo caso, hay un hecho cierto:
la vida útil de las centrales es inferior al plazo que contempla el calendario acordado. Esto significa dos cosas. Primero, que las compañías eléctricas gozarán de una prórroga con la que inyectar liquidez a sus pingües cuentas de resultados teniendo en cuenta que se trata de instalaciones amortizadas una vez alcancen los 40 años de vida útil, que era el periodo inicialmente previsto. El Economista informaba que esta prolongación puede suponer para Iberdrola un impacto positivo de 100 millones de euros. Y, segundo, que las áreas afectadas por los reactores en uso deberían tomarse esta planificación como un aldabonazo para adoptar medidas paliativas y preventivas para evitar futuros cierres traumáticos.
Que no pase como en Zorita, donde el fin de la central José Cabrera ha terminado de hundir la economía, la renta y la población de la Alcarria Baja.

El apagón nuclear está íntimamente relacionado con los objetivos fijados por la Unión Europea en materia de sostenibilidad y se incardina en los planes que contempla el Gobierno con relación a la Agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático. Los gobiernos conservadores o los países que más decididamente han apostado por esta fuente de energía -Francia, sin ir más lejos- tendrán más difícil cumplir los planes comunitarios. Otros países han empezado a ponerse las pilas a rebufo de la presión política, como es el caso de Alemania, dada la dependencia del Gobierno conservador de Angela Merkel de sus socios socialdemócratas. La UE se propuso llevar a término, de aquí a 2020, la iniciativa 20-20-20, que pasan por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, aumentar la parte correspondiente a las energías renovables en el consumo de energía a un 20% –frente al 8,5 % de hace una década– e incrementar la eficiencia energética en un 20%.

En el caso de España, tal como informó Expansión, el principio de acuerdo alcanzado entre Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, y las grandes eléctricas tiene más de escenificación que de realidad tangible. Pero es razonable pensar en un cierre escalonado que satisfaga la voracidad contable de las eléctricas, que hasta ahora no han encontrado oposición en ningún gobierno. Lo relevante, más allá de las garantías en el tratamiento del combustible gastado y del obligado cumplimiento de las exigencias legales que acarrea el ocaso de una nuclear, es que este anuncio debe ser tomado como una oportunidad para provincias como Guadalajara. No es de recibo plantear el futuro de un territorio limitando el mismo a un monocultivo económico. La actividad de las centrales ha fagocitado otras alternativas de desarrollo. Eso, unido al dispendio municipal de los fondos procedentes de las centrales, provoca situaciones como las que ahora arrastra la comarca de Zorita.

De los 850 habitantes que tenía Almonacid de Zorita, alrededor de 200 trabajaban en la José Cabrera, la primera central nuclear que se abrió en España. El pueblo llegó a tener 11 bares y en el poblado de Unión Fenosa llegaron a residir 80 niños. Ahora, con el desmantelamiento de la planta, la inercia del declive parece irrefrenable. Zorita cerró y no hubo ni planes alternativos ni inversiones a futuro ni una visión a medio y largo plazo. Lo que se dice una previsión nula.

Este desastre debe evitarse en el caso de Trillo. En 2017, por ejemplo, su producción bruta fue de 8.531 millones de kWh., lo que supuso el 14% de la producción nuclear española y el 3% de la producción eléctrica nacional. Estos datos no le salvarán de su cierre cuando se considere vencida su vida útil.

La central de Trillo es propiedad de Iberdrola, con un 48% del capital, Naturgy (34,5%), EDP, a través de su filial Hidroeléctrica del Cantábrico (15,5%) y Nuclenor -sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa- (2%). En 2018, por cierto, el Supremo ratificó una sanción de tres millones de euros por perpetuar el sistema de cotitularidad, vulnerando la Ley de Energía Nuclear, que exige una titularidad única. Esta central tiene una plantilla propia de 300 empleados, a los que hay que sumar los 400 que son contratados de empresas externas con carácter permanente y otros 1.000 trabajadores cuando se realiza la recarga anual de combustible. Son cifras abrumadoras que dan una idea del peso que ejerce la nuclear en la economía local. Justo la razón que debería mover a los poderes públicos a no dejar pasar el tiempo sin labrar alternativas. No será por falta de avisos.

Raúl Conde

Periodista. El Espanyol es mi tormento y los Ribera del Duero, mi debilidad. «Cultura, justicia, libertad» (Azaña).