En la «España Vaciada» hay problemas hasta para cobrar…

Gasolinera de Condemios de Arriba
Gasolinera de Condemios de Arriba

El apoyo a las zonas rurales se ha puesto de moda. No hay representante nacional o autonómico que no muestre su querencia por apoyar a la «España Vaciada». Queda muy bien. Vende. Los últimos ejemplos de esta predisposición se vieron durante la última campaña electoral. La práctica totalidad de los partidos mostraron su inclinación a defender dichas zonas. Varios de líderes políticos y sociales realizaron promesas en ese sentido. E, incluso, los programas electorales incluían acciones a desarrollar en aquellas comarcas menos pobladas…

Sin embargo, las elecciones generales se celebraron el 10 de noviembre y la cruda realidad se ha vuelto a imponer. Desde hace unos días está corriendo por las redes sociales un escrito que, a modo de denuncia pública, han redactado desde la estación de servicio de Condemios de Arriba. Se trata de una de las pocas gasolineras que existen en la Serranía de Guadalajara. La más cercana se encuentra en Atienza, a 25 kilómetros de distancia…

En el mencionado anuncio, los responsables del negocio relatan las causas de una decisión que han tenido que tomar en su negocio. Desde hace unas semanas únicamente pueden cobrar con tarjeta. La Subdelegación del Gobierno les exige que posean una caja fuerte en el establecimiento –para resguardar el dinero en efectivo generado por su actividad–, y no pueden asumir a la inversión requerida. Por eso, han tenido que optar por el cobro electrónico como recurso exclusivo.

En este sentido, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, establece como “infracción muy grave” de los usuarios y centros de formación “la falta de adopción o instalación de las medidas de seguridad que resulten obligatorias” (art. 59.1.f). Unas acciones que vendrían especificadas en el Real Decreto 2.364/94, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.

Documento emitido por la dirección de la empresa
Documento emitido por la dirección de la empresa

En el artículo 130 del mencionado Real Decreto se indica lo que se debe implementar por parte de las estaciones de servicio en materia de seguridad. En concreto, se exige una caja fuerte anclada “en una estructura de hormigón armado, preferentemente en el suelo” y que posea, al menos, dos llaves que –utilizando ambas– se permita su apertura.

“Una de estas llaves estará en poder del encargado del negocio u otro empleado. Y la segunda se encontrará en posesión del propietario o persona responsable de la recogida de los fondos, sin que, en ningún caso, pueda coincidir la custodia de ambas llaves en la misma persona ni en ciudadanos que trabajen juntos”, se añade en el mencionado texto legal.

Desde la Subdelegación han basado su postura en el cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, los gerentes de la gasolinera de Condemios señalan que han intentado explicar su situación particular. Se constituyen como un establecimiento emplazado en el medio rural, con un nivel de negocio que no alcanza –ni de lejos– las cifras medias de su sector. Así lo asegura Manuel Ortega, uno de los responsables de este negocio. Él, junto a su mujer, Miriam Herrera, regentan dicha estación de servicio desde hace seis años.

En este sentido, y según comenta Ortega, una pareja de policías pasó por el negocio hace unos meses a realizar una inspección para comprobar las medidas de seguridad que poseían. Y les preguntaron si tenían caja fuerte. “Les dijimos que sí, que contábamos con una”, confirma el copropietario. Sin embargo, tras asumir la gestión del complejo –que había permanecido cerrado durante siete años–, Ortega y Herrera no encontraron las llaves de la «cámara acorazada». Los anteriores dueños las habían extraviado y, por tanto, esta medida de seguridad “no se encontraba operativa”, confirman fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Empero, los actuales titulares del negocio se defendieron diciendo que sus ingresos en efectivo eran “tan pequeños” que “no se justificaba hacer una inversión de la relevancia que les estaban exigiendo” desde las instancias públicas. La compra de una nueva caja fuerte alcanzaría los 4.000 euros, debido a las demandas legales que se han de cumplir al respecto. La misma ha de estar anclada, debe tener al menos dos llaves, etc.

Así las cosas, estas peticiones de la ley han dificultado el problema. “Entonces, nos dijeron que cabía la posibilidad de solicitar una exención a esta medida de seguridad”, rememora Manuel Ortega. Una excepción que se contemplaría en el artículo 129 del Real Decreto 2.364/94, de 9 de diciembre, ya mencionado.

En el referido pasaje normativo se indica que: “teniendo en cuenta el reducido volumen de negocio u otras circunstancias que habrán de ser debidamente acreditadas, los Gobernadores Civiles podrán dispensar de todas o algunas de las medidas de seguridad previstas en […] este Reglamento a los establecimientos cuyos titulares lo soliciten”.

Por tanto, ante esta posibilidad, los gerentes de la estación de servicio de Condemios de Arriba se dirigieron a la Subdelegación del Gobierno. Lo hicieron el 27 de febrero de 2018. En la solicitud de exención, alegaban el estrecho margen de dinero efectivo que recibían, apenas un 30% de los ingresos diarios.

El 4 de junio de 2019, “nos contestaron que nos denegaban esta dispensa porque no demostrábamos la cantidad que teníamos de ingresos en metálico”, relatan los gestores de la gasolinera. Por tanto, interpusieron un recurso al referido dictamen. Y, para ello, reunieron la documentación que les requerían desde la Administración.

Condemios de Arriba (Foto Google Maps)
Condemios de Arriba (Foto Google Maps)

“Solicitamos a la gestoría que nos hiciera un certificado de nuestros ingresos durante 2017/2018. Y también pedimos al banco un documento de las ganancias que habíamos obtenido por tarjeta de crédito para el mismo periodo. La diferencia que existiera entre los saldos de ambos resúmenes [el elaborado por la gestoría y por la entidad bancaria] es lo que tendríamos en efectivo”, asegura Manuel Ortega.

La resta entre ambas cantidades arrojaba que, en esta gasolinera, se facturaban «en cash» unos 170 euros diarios… “Se trata de una cantidad ridícula como para tener una caja fuerte”, aseguran desde la estación de servicio afectada. Por ello, presentaron un recurso de reposición, adjuntando esta nueva información que les habían exigido. Sin embargo, el pasado 4 de septiembre de 2019 desde la Subdelegación del Gobierno se desestimaba el recurso interpuesto por los perjudicados. Por tanto, se rechazaba, otra vez, la dispensa solicitada.

Y, mientras tanto, la situación persiste
Ante esta circunstancia, desde le referida instancia gubernamental ofrecían otra opción para solventar el problema. Les recomendaban utilizar tarjetas de crédito/debito para cobrar. “Deberían presentarse medidas alternativas o sustitutivas a las establecidas por la vigente normativa de seguridad privada, como pudiese ser que el cobro del suministro de combustible exclusivamente mediante «Terminales de punto de venta (TVP)»”, se explicaba en el documento oficial.

No hay que olvidar que, como marca el artículo 63 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, si se incumplen algunas de las medidas de seguridad expresadas –la caja fuerte o la alternativa del pago con tarjeta– los afectados incurrirían en una infracción muy grave, lo que podría suponer una multa de entre 20.001 y 100.000 euros y el posible cierre del establecimiento durante un máximo de dos años.

Por ello, los responsables de este negocio se pusieron en contacto con la Subdelegación del Gobierno. Y, de hecho, llegaron a mantener una reunión con el máximo responsable de la misma, Ángel Canales, quien –además– fue alcalde de Prádena de Atienza, una localidad cercana a Condemios de Arriba.

“Nos dijo que iba a tener una reunión con los técnicos y que nos diría”, confirma Manuel Ortega. “De todos modos, yo siempre he dicho que no queremos saltarnos la ley, pero según la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada, se puede tener en la caja registradora hasta 1.200 euros. Por tanto, ¿no se tiene estipulado qué cantidad se considera mínima para poseer una caja fuerte pero, al mismo tiempo, en la caja registradora existe la posibilidad de alcanzar ese montante de 1.200 euros?”, se interroga Ortega.

Fuentes de de la Subdelegación consultadas por este medio insisten que las exigencias que han realizado a esta gasolinera son las que marcan la ley y que vienen justificadas por razones de seguridad. De esta forma se evitaría el robo de lo recaudado en metálico.

Además, la denegación de la exención, de acuerdo a lo asegurado por estas fuentes, se encontraría fundamentada en la opinión técnica de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

“En base a los informes de la policía, a la Subdelegación del Gobierno no le queda otra opción que denegar esta dispensa”, aseguran a Henares al Día. E insisten que se dieron varias alternativas, entre ellas, la del cobro con tarjeta, “que eximiría de tener una caja fuerte para resguardar el efectivo”.
– Pero, en este sentido, ¿han previsto alguna subvención que pueda ayudar a los pequeños comerciantes que se vean en una situación similar, para que puedan afrontar las medidas de seguridad exigidas?

– No hay diseñada una línea de ayuda específica, ya que se trata de un caso muy concreto, muy difícil de contemplar y, por tanto, es complicado realizar una convocatoria de subvenciones –aseguran las fuentes de la mencionada institución pública–. Lo ocurrido en Condemios de Arriba ha sido muy singular y excepcional.

La Serranía de Guadalajara, afectada

Vista general de Galve de Sorbe desde el castillo. // Foto: Raúl Conde.

En cualquier caso, y según confirman los responsables de la estación de servicio, la postura de la administración en este tema no les ayuda en el mantenimiento de su negocio. Un establecimiento que presta un importante servicio la Serranía. De hecho, la gasolinera más cercana es la que se encuentra en Atienza, a más de 25 kilómetros de distancia…

“Nosotros nos sentimos muy perjudicados por esta medida, al igual que muchos vecinos/usuarios, que no tienen tarjeta de crédito y/o no poseen ingresos suficientes para su uso”, se asegura en el comunicado realizado por Manuel Ortega y Miriam Herrera.

De hecho, tal y como afirman desde la estación de servicio, los más perjudicados por esta decisión serían aquellos “que menos tienen”. Más concretamente, “la gente mayor y las personas que no posean ganancias suficientes como para que el banco les proporcione una tarjeta de crédito”, denuncian. “Todos estos ciudadanos se manejan en efectivo”, recuerdan.

Asimismo, no se puede pasar por alto la carencia de oficinas bancarias en la comarca. Hace pocas semanas, CaixaBank –la antigua Caja de Guadalajara– cerraba las «ventanillas» de Galve de Sorbe y de Hiendelanecina, por lo los cajeros más cercanos se encuentran en Atienza o en Ayllón (Segovia), a 25 y 36 kilómetros respectivamente. En consecuencia, obtener dinero en metálico puede convertirse en misión imposible.

Por ello, la exigencia de la Subdelegación del Gobierno afecta a la supervivencia de uno de los pocos negocios que se pueden encontrar en la Serranía de Guadalajara. “Sin las compras en metálico, nuestras ventas bajarán hasta –posiblemente– llevar al negocio a la ruina y el cierre”, precisen desde la gasolinera de Condemios.

Desde la administración implicada insisten en que hay que cumplir la ley. Sin embargo, al mismo tiempo, aseguran que una de las medidas que se podría adoptar sería informar a instancias superiores de problemas como el ocurrido en la gasolinera de Condemios. Y que, así, se contemplen en la ley las eventualidades surgidas de circunstancias similares.
“Se puede enviar una consideración al organismo competente para que, a la hora de redactar la normativa, se tengan en cuenta estas particularidades”, señalan las fuentes oficiales. En definitiva, sería “elevar este problema para se conozca y que sea corregido en la realización de la ley”, añaden

En cualquier caso, los poderes públicos han de asegurar la supervivencia del medio rural. Y, para ello, deben apoyar a los negocios –cada vez más escasos– que se mantienen en la zona. Es cierto que exigencias como la posesión de la caja fuerte se toman en aras de una mayor seguridad de los afectados. No hay duda. Sin embargo, ante los desembolsos que suponen, se han de prever líneas de ayuda a establecimientos de pequeñas dimensiones.
Y si la definición de estas subvenciones es compleja, al menos se debería garantizar la seguridad en la «España Vaciada». Una competencia en la que, además, las Subdelegaciones del Gobierno tienen mucho que decir. Son las administraciones competentes. Además, Condemios de Arriba cuenta con un cuartel de la Guardia Civil sin actividad fija desde hace algún tiempo, según se denunciaba hace un año y medio. “Se sigue pagando el alquiler de este complejo al Ayuntamiento, pero no hay nadie”, confirman desde la localidad.

En consecuencia, se ha de prestar más atención al campo. No se puede concentrar el grueso de la población en las grandes megalópolis. Los ciudadanos se han de distribuir a lo largo y ancho de todo el territorio. Y garantizar los mismos derechos a todos. De esta forma se conseguiría una vertebración real de España. No sólo política y económica. También social, que es lo más importante para alcanzar un país más igualitario…