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El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, se comprometió en Guadalajara, durante un foro de Apag, la Caixa y Nueva Alcarria celebrado el 10 de diciembre, a impulsar la expropiación de la superficie necesaria para instalar el tendido eléctrico en los futuros regadíos de Cogolludo. Es “un primer paso”, dijo, y a continuación aseguró que en 2016 estaría la obra lista para que los agricultores pudieran regar.
Martínez Arroyo también sostuvo que el regadío de Cogolludo es “absolutamente prioritario para el Gobierno regional” y atizó con dureza el retraso acumulado durante la legislatura de Cospedal en un proyecto fundamental para la presierra de Guadalajara.
El asunto se quedó ahí, varado. Hasta que estos días ha resurgido a raíz del revuelo que ha generado la enmienda presentada por Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha para, según el PSOE, detraer 2,5 millones de euros de la partida destinada a esta obra, en beneficio de las inversiones en agricultura ecológica. La enmienda no ha salido adelante gracias a la abstención del PP en la Comisión de Presupuestos, pero la ocasión ha sido pintiparada para que el bipartidismo bombardee con la matraca de que Podemos busca “hacer daño” a la provincia.
El regadío de Cogolludo es una demanda histórica en esta comarca. La infraestructura serviría para aliviar las necesidades de 200 agricultores de Cogolludo, Espinosa, Arbancón, Carrascosa y Membrillera, que además acumulan ya varios años haciendo frente al crédito de seis millones de euros que pidieron para pagar la parte de las obras que les correspondía. El abono de este crédito les empieza a asfixiar económicamente. Y tienen razón en su protesta, aunque se equivocan en el destinatario. Podemos tiene que modular sus mensajes, palpar el territorio y asegurarse de las consecuencias de algunas de sus propuestas. Pero no es responsable de la demora de más de cinco años de este proyecto. Más bien habría que apuntar a la incapacidad y la falta de voluntad política tanto del PSOE como del PP en Castilla-La Mancha. Porque ni con el Gobierno de Cospedal desde 2011, ni antes con los ejecutivos de Barreda hubo nunca un interés real por ejecutar una obra imprescindible en una comarca dependiente del sector agrario.
De ahí que sorprenda la demagogia desparramada por algún dirigente socialista poniendo en duda la viabilidad de las empresas de la comarca si el sistema eléctrico de riego no sale adelante. O los titulares escandalosos que hemos leído estos días sobre la “ruina” que la enmienda de Podemos provocaría a los agricultores de Cogolludo. Nunca vi tanta dureza en los titulares cuando algún proyecto estratégico para la provincia (autovía de la Alcarria, Parador de Molina, el tercer carril en su día) se vio frustrado por la ausencia de compromiso de los diferentes gobiernos, nacionales y regionales, del PP y del PSOE.
También parece excesiva la hipocresía del PP castellano-manchego: cuatro años después de ignorar por completo las demandas de la Comunidad de Regantes de Cogolludo, ahora se limita a abstenerse en la enmienda de Podemos ante el riesgo de coste político y social que vislumbra dado el ruido generado. Muy edificante.
Si el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere, hay dinero para atender el regadío y la agricultura ecológica. La cuestión es que el PSOE ha fiado su palabra a que el regadío estaría hecho íntegro en 2016. Desde Podemos alegan que habrá recursos suficientes para satisfacer esta exigencia en uno o dos años a través del remanente de la partida de infraestructuras hidráulicas. Y proponen redistribuir los fondos para compensar el recorte de las primas de la agricultura ecológica, que calculan en un 70%.
David Llorente, diputado regional de Podemos, me cuenta que “hay 6.000 productores en este tipo de agricultura que hicieron sus inversiones y que ahora pueden verse abocados a la ruina. Nuestra intención con la enmienda es reorientar 14 millones de euros a agricultura ecológica, pero es falso que eso impida a la Junta atender los regadíos de Cogolludo. Para nosotros, además, la agricultura ecológica no es cuestión de una moda, sino que está en la base del modelo de desarrollo sostenible que queremos promover”.
Habilitar el regadío de Cogolludo (imprescindible) es tan justo como compensar a aquellos inversores que han arriesgado su dinero en el ámbito de la agricultura ecológica. Me parece reduccionista limitar el asunto a una eventual inquina de Podemos hacia los agricultores alcarreños, vaya usted a saber por qué. Sería tanto como decir que Equo/Podemos quiere lo peor para Burgos porque combate la reapertura de la central nuclear de Garoña o que el propio Partido Socialista está empeñado en hundir la economía de Cuenca porque rechaza levantar el ATC en Villar de Cañas.
Cada grupo político tiene derecho a plantear las prioridades que considere oportunas, en materia agrícola o en la que se tercie. De ahí que resulte pueril inferir de la posición de Podemos que persigue el quebranto económico de los regantes de Cogolludo. Una visión desapasionada de la polémica permite otear toda su complejidad: PSOE y Podemos no discrepan en concluir o no los regadíos, sino en hacerlo en un solo año o en dos.
No parece, pues, que la cosa dé para tanto tremendismo como llevamos viendo en los últimos días. Ambas formaciones tienen tiempo para acercar posturas hasta el 21 de abril, que es cuando el asunto va al Pleno. Entretanto, quizá sería conveniente que nadie se arrogue en exclusiva la defensa de los intereses de unos agricultores a los que se ha ninguneado durante el último lustro.
Periodista. El Espanyol es mi tormento y los Ribera del Duero, mi debilidad. «Cultura, justicia, libertad» (Azaña).
