Castilla-La Mancha legislará contra la discriminación económica entre hombres y mujeres en el ámbito laboral

El Gobierno de Castilla-La Mancha legislará contra la discriminación económica en el ámbito laboral para luchar contra la brecha salarial existente entre hombres y mujeres.
Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo autonómico durante la entrega de los distintivos de Excelencia en Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial que se ha celebrado este viernes en Toledo; un acto en el que García-Page ha estado acompañado, entre otros, por la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez; el director general de Tecon Soluciones Informáticas, Juan José Piñero; y la directora de Recursos Humanos de Caja Rural, Paloma Gómez Díaz, empresas distinguidas en la presente edición de estos reconocimientos.
El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido la necesidad de no sólo “estimular medidas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres”, sino también de seguir avanzando en una legislación “más exigente que no sea neutral con la discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito económico laboral”.
Por ello, García-Page ha avanzado que, dentro de las competencias autonómicas, se comenzarán a establecer políticas que “inviten primero, pero que obliguen claramente después, a evitar la discriminación laboral entre hombres y mujeres” y que conllevarán que “ninguna empresa pueda acceder a fondos públicos o subvenciones de ningún tipo si queda catalogada como empresa que discrimina por razones de sexo”.
Ley de Segunda Oportunidad
El presidente de Castilla-La Mancha también se ha referido a la creciente discriminación que la crisis económica ha fomentado entre las rentas más altas y las más bajas en el acceso al sistema público de pensiones y, en este sentido, ha lamentado el “hoyo” en el que la situación económica de los últimos años ha dejado a buena parte de la población.
García-Page se ha comprometido a plantear tanto a nivel partido como a las instituciones competentes a poner en marcha una Ley de Segunda Oportunidad que “rescate” a todas aquellas personas que, a causa de la crisis, han trabajado con bases de cotización muy bajas que dificultan su acceso al sistema público de pensiones o a una jubilación digna y económicamente sostenible.