El incendio de una planta ilegal en Chiloeches sirvió este verano para comprobar la falta de seriedad de las administraciones a la hora de controlar el tratamiento de residuos, lo que es especialmente grave en un país (y en una comunidad autónomas) con industria nuclear. Basta leer y escuchar a los compañeros que cubrieron el suceso en el lugar para llegar a la conclusión de que la catástrofe fue poca para lo que pudo haber pasado. Porque tanto la extensión de la nube tóxica que cubrió el área metropolitana de Guadalajara durante varios días como el riesgo de vertidos masivos al río Henares podrían haber amplificado las consecuencias hasta límites desconocidos en la provincia.
Afortunadamente, no ocurrió. Y de ello debemos felicitarnos todos, especialmente, por el trabajo arduo y profesional de todos los equipos técnicos desplazados. Desde los bomberos hasta Protección Civil pasando por los agentes medioambientales, la UME y los dispositivos de las administraciones implicadas. Solemos decir, ante los recurrentes fallos de los organismos oficiales, que tenemos un Estado que no funciona. Y sí funciona, tal como lo demuestra la reacción ante distintas emergencias, por muy elevado que sea su calibre (11-M, accidente del Alvia…). Castilla-La Mancha es una región acostumbrada a abordar incendios forestales. Extinguir un fuego de las características de Chiloeches, con abundante material tóxico e inflamable, es una tarea compleja. Y los equipos de extinción actuaron con diligencia. Conviene subrayarlo porque los periodistas, igual que los ciudadanos, acostumbramos recalcar los fallos y desdeñar los aciertos.
Donde no parece que se haya aprendido nada es en materia de prevención. La planta incendiada era ilegal y es evidente que la Administración, y particularmente la Junta de Castilla-La Mancha, debía haber controlado, cerrado y sellado esta instalación evitando así un desenlace que puso en riesgo la salud de los ciudadanos. La planta tenía la autorización ambiental suspendida por la Junta desde octubre de 2015 y, pese a ello, siguió operando hasta que unos meses antes del incendio el Ayuntamiento de Chiloeches le retiró la licencia ante las sospechas de prácticas ilegales y las evidencias de la falta de rigor en el tratamiento de productos tóxicos y altamente contaminantes.
¿Cómo es posible que esta planta funcionara tanto tiempo al margen de la ley? ¿Cómo es posible que la Administración congele un permiso ambiental y, en cambio, no se ocupe de clausurar la instalación? Ni las investigaciones de la Guardia Civil (Seprona), ni la denuncia de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos (Asegre) fueron motivo suficiente para provocar una reacción más contundente en la Junta.
La falta de previsiones en este caso revela la ausencia de protocolos tanto a la hora de disponer el operativo de extinción como en la actuación posterior. No existe en España un sistema que asegure el correcto tratamiento de residuos tóxicos, lo que constituye un motivo de preocupación que rebasa el ámbito medioambiental y que es terreno abonado para las organizaciones mafiosas y las empresas piratas. La falta de protocolos también es la consecuencia de la desinformación durante los días en que se alargó la catástrofe. Controlar el flujo informativo en una crisis de este tipo es una tarea primordial. Creo que desde la Junta de Castilla-La Mancha se hizo todo lo que se pudo, aunque lo que se pudo resultó a todas luces insuficiente. Especialmente, tanto en la divulgación de los niveles de calidad del aire como en la existencia de vertidos. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha admitido que sí hubo vertidos –algo que negaron las administraciones- aunque no ha podido mostrar la relación entre éstos y el hallazgo de peces muertos.
Lo que ocurrió en Chiloeches, por tanto, no fue el “Prestige de Guadalajara”, como burdamente llegó a decir la diputada del PP Ana Guarinos (siempre tan sutil y diplomática), pero sí puso de manifiesto la alarmante carencia de una fiscalización exhaustiva en el tratamiento de residuos. Ya que no se ha hecho hasta ahora, y el ejemplo de Seseña es aún más lacerante que el de Chiloeches, corregirlo debería ser una prioridad en lo que resta de legislatura en Castilla-La Mancha.
Cuestión distinta es aprovechar que el Pisuerga de la combustión tóxica pasa por el Henares para cargar de nuevo contra el Estado autonómico. Como si las regiones tuvieran la culpa de todos los fallos y desmanes que la Administración española viene arrastrando desde tiempos pretéritos. ¿O acaso el tratamiento de los residuos es un problema creado por la existencia de la división autonómica?
Siempre me ha parecido absurdo cargar contra las comunidades autónomas desde una provincia como Guadalajara. Absurdo y contraproducente. Porque basta un somero repaso histórico para comprobar que solo a partir de la asunción de las competencias de sanidad y educación por parte del Gobierno regional los colegios públicos y los centros de salud –especialmente los de los pueblos pequeños- empezaron a ser atendidos debidamente. Cuando el Estado manejaba estas materias no existían los CRAS (colegios rurales agrupados), ni las escuelas gozaban del apoyo material de ahora, ni tampoco se remozaban con frecuencia los ambulatorios (el último, el de Villanueva de Alcorón), ni éstos contaban con el apoyo humano y técnico de ahora, ni tampoco existían los helipuertos de emergencias sanitarias, ni los ciudadanos de las áreas rurales disponían de ambulancias en un radio de 30 kilómetros, ni habían proliferado los geriátricos, ni las residencias, ni los centros de día.
Negar el avance que para el Estado del Bienestar han supuesto las autonomías es estúpido y reaccionario. Cuestión distinta es limar las disfunciones que se dan. Ningún sistema territorial está libre de desequilibrios, y en el nuestro parece claro que tanto en materia de fronteras sanitarias o incluso en los operativos antiincendios, queda mucho trecho por mejorar. Pero de ahí a colegir, con relación al incendio de Chiloeches, que los errores registrados tanto en la prevención como en la extinción del fuego son una consecuencia directa del reparto autonómico parece una conclusión desorbitada. Por no decir oportunista y políticamente centrípeta.
Periodista. El Espanyol es mi tormento y los Ribera del Duero, mi debilidad. «Cultura, justicia, libertad» (Azaña).
