La pertinaz sangría del Tajo

Vista reciente del pantano de Entrepeñas con el casi desaparecido Tajo, en Sacedón. // Foto: @SenderismoGuada
Vista reciente del pantano de Entrepeñas con el casi desaparecido Tajo, en Sacedón. // Foto: @SenderismoGuada

El primer trasvase del año aprobado por el Gobierno, coincidiendo con la nevada en Murcia, encrespa los ánimos en la cabecera

García-Page acepta abordar un pacto nacional del agua, propuesto por Murcia en la Conferencia de Presidentes

El último trasvase aprobado a la cuenca del Segura, en plena ola de frío y cuando la nieve arreciaba en Murcia, ha supuesto un trallazo en la conciencia de los pueblos ribereños, hartos de la legislación que rige el acueducto Tajo-Segura y del ninguneo al que se ven sometidos por las autoridades del Estado. Y hartos, sobre todo, de la contumaz sangría de los pantanos de su cabecera.

El Gobierno dio luz verde el pasado 19 de enero a una derivación de 20 hectómetros cúbicos (hm3) desde los embalses de cabecera hasta el río Segura. Es la primera del año, por orden de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Y ello previo informe favorable de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, pese a certificar que Entrepeñas y Buendía apenas alcanzan el 16,5% de su capacidad.

La decisión ha suscitado la reacción habitual en la Junta de Castilla-La Mancha desde que en mayo de 2015 se produjo el cambio de gobierno. La consejera de Fomento, la alcarreña Elena de la Cruz, calificó de “ilegal” este trasvase y anunció que el Gobierno regional lo recurrirá en los tribunales.

Comparecencia de la Consejera de Fomento, Elena de la Cruz recientemente en FITUR
Comparecencia de la Consejera de Fomento, Elena de la Cruz recientemente en FITUR

A preguntas de los medios en la inauguración de Fitur, De la Cruz apuntó que los datos que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tomó como referencia para dar luz verde al nuevo trasvase son del 1 de enero. Teniendo en cuenta que el volumen embalsado en la cabecera en esa fecha era de 408,3 hm3, la Junta considera que Medio Ambiente sólo podría haber aprobado una derivación de ocho hectómetros cúbicos. Éste será el principal argumento jurídico para recurrir la medida. En nota de prensa, el Ministerio sostuvo su decisión en la Ley de Montes de 2015 y en el Real Decreto de 2014 que regula la normativa del trasvase, el famoso Memorándum que pactó la entonces presidenta regional María Dolores de Cospedal con Medio Ambiente y el resto de sus homólogos de las comunidades afectadas.

El agua, dijo De la Cruz, “no es sólo importante para Castilla-La Mancha, también es un potencial turístico y un potencial para crear empleo”. La responsable de Fomento, además, cargó contra una iniciativa que no hace más que entorpecer aún más la posibilidad de alcanzar un pacto en materia hidrológica, que fue una de las reivindicaciones que el Gobierno de Murcia puso encima de la mesa en la reciente Conferencia de Presidentes, y que apoyó el propio Emiliano García-Page. “Empiezan con mal pie”, puntualizó De la Cruz, quien también advirtió que desde el pasado 26 de octubre el Ministerio no está facilitando datos ni a través de la web de la Confederación Hidrográfica del Segura, ni a través de la aplicación SAIH que refleja mediciones en tiempo real sobre las reservas en la cuenca receptora.

EntrepeñasyBuendía2015
El pantano de Entrepeñas junto a Sacedón

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños y alcalde de Sacedón (PSOE), Francisco Pérez Torrecilla, asegura a HENARESALDÍA.com que “no tiene sentido que propongan un pacto por el agua y trasvasen de forma injusta dos días después hacia una zona desbordada de agua ahora mismo”. El regidor ribereño no confía en que se alcance un acuerdo. “El Gobierno central no nos escucha. Ha apostado por defender a Levante y todo lo demás no importa. Aunque la Junta tiene que tratar de frenar esta sangría de cualquier forma, con o sin pactos, y en caso de retomar con Murcia una negociación en serio y llegar a un acuerdo, el funcionamiento de las desaladoras y el cierre del trasvase serían nuestras principales reivindicaciones”.

Al margen de la esfera política, la realidad es que el nuevo trasvase esquilma y mina aún más no sólo la cabecera del Tajo sino el caudal de este río, gravemente afectado por una política hidráulica que no parece tener en cuenta ni las razones medioambientales de conservación de este ecosistema hidrológico, ni los argumentos de carácter social y económico que han puesto encima de la mesa los ayuntamientos ribereños y plataformas ciudadanas contrarias al trasvase.

De ahí que la última derivación, aprobada además durante la inusual nevada en el Levante, y especialmente en la región murciana, haya levantado ampollas en la comarca de los pantanos de la cabecera. “Es lamentable y un sinsentido viendo la situación de inundaciones en Levante. Somos su despensa, tenemos el agua y no podemos utilizarla. Es tiempo de que los municipios ribereños trabajen con los políticos y actúen con contundencia en este tema, porque llevamos 40 años de trasvases y recurrir no sirve para nada”, se queja a este medio José Antonio Vargas, presidente de la Plataforma de Perjudicados por el Trasvase Tajo –Segura.

El Tajo, según datos de la Plataforma en defensa del Tajo y el Alberche, ha perdido casi la mitad de sus aportaciones en los últimos 35 años. Esta detracción no sólo se debe a la sequía sino fundamentalmente a la sobreexplotación de la cabecera a través de los trasvases, concebidos hace casi cuatro décadas como una solución para los problemas de abastecimiento para el Levante, sobre todo, en el ámbito agrario. Pero ni aquellos usos son los actuales, ni los niveles de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía aconsejan mantener el ritmo habitual de derivaciones, que se ha mantenido tanto con gobiernos del PP como del PSOE.

Esta situación de escasez en la región se ha agravado aún más desde hace años por el habitual negocio de compraventa de derechos de agua entre comunidades de regantes de la Mancha y de Murcia. Estas prácticas fraudulentas a las que se han visto abocados muchos agricultores manchegos por no poder disponer de sus propios recursos han consistido en la compra de tierras de cultivo de la región para transferir sus derechos de agua a cultivos en Murcia que ya se abastecen del propio trasvase.

Según publicaba recientemente eldiario.es, el Gobierno de Castilla La Mancha ha decidido recurrir ante los tribunales varias resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Segura de 2009 y 2010, que autorizaban la cesión de agua entre los titulares de las concesiones del Canal del Tedelche, en Hellín, y las Comunidades de Regantes de Alhama, Totana, Librilla, Águilas y Mazarrón, en la Región de Murcia. “Emiliano García-Page no va a permitir trasvases encubiertos ni trasvases en diferido”, subrayó el martes el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando. Sobre todo, puntualizó, cuando hay zonas “en las que nuestros agricultores no disponen de recursos hídricos suficientes para poder mantener su actividad”.

El volumen medio trasvasado desde hace 36 años ha sido de unos 300 hm3 anuales, lejos de los 1.000 que pronosticaron los técnicos del franquismo, según datos también de la Plataforma en defensa del Tajo y el Alberche. El Sindicato Central de Regantes –convertido desde hace mucho tiempo en un lobby protrasvasista de los regantes murcianos- denuncia el despilfarro del agua que a su juicio permite Castilla-La Mancha en el curso del Tajo, recuerda que el trasvase no sólo surte a Murcia, sino también a buena parte de La Mancha, y puntualiza que Murcia ya paga por el agua que recibe. Cabe recordar que la ínfima tarifa que abonan los regantes del trasvase es de apenas 10 céntimos por metro cúbico.

En todo caso, lo que parece claro a estas alturas es que el trasvase del Tajo es una realidad política y medioambiental asumida por la mayoría de la clase política española. El mantenimiento de esta infraestructura no genera apenas reacciones en la agenda nacional. Basta ver el escaso eco mediático que ha suscitado fuera de los límites regionales la polvareda levantada en Guadalajara y Toledo tras la última derivación.

Las cifras que manejan los regantes de Murcia, previo encargo de costosos informes a consultoras de prestigio internacional, indican que el Tajo-Segura aporta 2.364 millones de euros al PIB y sostiene más de 100.000 empleos. El problema, tal como se alega desde Castilla-La Mancha, es que lo hace en virtud de una política trasvasista que lastra las oportunidades de desarrollo de la cabecera y perjudica gravemente el entorno de esta zona y del río. En la actualidad el desequilibrio es tal que los municipios ribereños solo pueden disponer del 20% del agua, mientras que el 80% restante se destina al agro levantino.

García-Page se mostró partidario de alcanzar un acuerdo sobre el agua con Murcia tras la propuesta de esta comunidad en la Conferencia autonómica de Presidentes, celebrada hace escasos días en Madrid. Este pacto tendría alcance nacional y abordaría la situación de otros ríos y de las desaladoras. Es el postrero capítulo de una guerra del agua en la que, hasta el momento, el Tajo es su primera y última víctima.