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La construcción del Campus Universitario en la capital y la ampliación del hospital siguen siendo las asignaturas pendientes del Gobierno de García-Page en la provincia
El futuro del trasvase Tajo-Segura, después de que desde el pasado 1 de enero se haya elevado la cota mínima no trasvasable a 400 hm3, centrará también la agenda política de Guadalajara
En el plano industrial la Junta apuesta especialmente por el Plan Corredor y por reimpulsar la Ciudad del Transporte entre Marchamalo y la capital
Acaba de arrancar 2018 y, tal como dice el refrán, año nuevo, vida nueva. Trasladada esta máxima al ámbito de la política, quedaría expresado como año nuevo, proyectos nuevos. O, en el caso de Guadalajara, quizá no tan nuevos. En el caso concreto de Castilla-La Mancha se inicia un periodo de doce meses marcados por la estabilidad en Fuensalida, después del acuerdo de Gobierno pactado en agosto entre PSOE y Podemos, y el avance en la recuperación de las políticas del Estado de bienestar.
Después de cerrar un turbulento 2017, escenificado por la crisis entre el PSOE y Podemos, su actual socio de Gobierno, que alcanzó su cénit con la negociación de los presupuestos pendiendo de un hilo y la posibilidad de anticipar las elecciones regionales, 2018 está llamado a ser el año de la “consolidación” de las políticas de educación, sanidad, empleo y dependencia en el territorio castellano-manchego. Así lo reflejan los Presupuestos que se aprobaron recientemente, dotados con más de 9.000 millones de euros, es decir, 278 millones más que en 2017.
Entre las iniciativas con mayor calado social destaca la Ley de Garantías Ciudadanas, buque insignia de Podemos, con la que se destinarán 143 millones de euros, encaminados a garantizar vivienda, suministros básicos del hogar y rentas a las personas más vulnerables de la región. Será este el año en el que se analizará su eficacia para hacer frente a la pobreza social en Castilla-La Mancha. Además, la problemática del Tajo, tras un año de alarmante sequía y el futuro del trasvase Tajo-Segura, se convertirán en otros asuntos que coparán la agenda política.
En Guadalajara, 2018 comienza arrastrando varias asignaturas pendientes. Se trata de los dos proyectos más importantes para el futuro de la provincia alcarreña: la construcción del Campus Universitario y el nuevo hospital. Dos retos que acumulan retrasos y que no acaban de materializarse, en medio de un clima de continuas disputas entre el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno regional.
A ello se suma el alarmante estado de los Cercanías por su pésima conservación y por los retrasos y cancelaciones en un servicio que utilizan a diario miles de usuarios. El ministro de Fomento defendió la buena gestión de los Cercanías, mientras la senadora socialista Riansares Serrano llevó a la Cámara Alta las quejas ciudadanas que han dado testimonio del deterioro de un servicio ferroviario que antaño resultaba modélico. De momento, en los primeros días de enero ya se han vuelto a registrar retrasos durante varios días.
Según los Presupuestos regionales previstos para este año, a Guadalajara le corresponde una inversión directa de 32,5 millones de euros, que se distribuirán entre infraestructuras sanitarias (17.547.000 euros); educativas (2.590.000 euros) e infraestructuras de atención social (1.200.000 euros). El capítulo de las carreteras e infraestructuras de agua o depuración se llevan 8.835.000 millones de euros.
Además, de acuerdo con el informe del Termómetro Económico del III trimestre, publicado por la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la Universidad regional (UCLM), la economía castellano- manchega ha proseguido con su tendencia de crecimiento, iniciada en 2016, con un aumento del Producto Interior Bruto del 2,3% entre enero y septiembre de 2017 y un descenso del paro por debajo de la barrera del 20% hasta el 18,6% de desempleados. Revisemos algunos de los retos irresolutos en la capital arriacense y en el ámbito provincial a fecha de enero de 2018.
Campus Universitario: Es uno de las grandes infraestructuras que el Gobierno regional tiene proyectadas para el desarrollo educativo de Guadalajara durante esta legislatura, pero avanza a un ritmo lento. El actual presupuesto recoge una partida de 590.000 euros destinada a la adquisición de los terrenos del Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara. Sin embargo, tras una década de retrasos, dificultades económicas y desavenencias políticas entre el equipo de Antonio Román (PP) y el ejecutivo de Emiliano García-Page, el ambicioso centro universitario, que gestionará la Universidad de Alcalá, continúa varado en el mismo punto de origen, sin atisbo de que la situación se desbloquee a corto plazo. Las obras deberían haberse iniciado a lo largo de 2017, según el anteproyecto firmado entre el Ministerio de Defensa, la Junta, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) en diciembre de 2016.
Las discrepancias técnicas entre ambas administraciones se han impuesto y, a día de hoy, el proyecto del Campus solo puede leerse en los planos. La exigencia de Román de que la Junta asegurara la realización del proyecto mediante un aval por el importe total de la obra es el último escollo que ha impedido que el Gobierno regional y la Universidad de Alcalá hayan suscrito el contrato-programa, que supondría el fin del bloqueo de esta infraestructura y el comienzo de la obra.
Los trabajos para convertir el antiguo colegio de las Cristinas en un moderno edificio universitario estaban previsto que se ejecutaran en un plazo de cuatro años con el objetivo de que el centro comenzara a funcionar en el curso 2020-2021. De hecho, el Plan Director del Campus incluía una partida de 3,73 millones de euros para 2017; 16,8 y cerca de 24 millones de euros para las intervenciones de 2018 y 2019. En 2020, la intervención concluiría con el equipamiento interior y el traslado a las nuevas instalaciones, para los que el ejecutivo de Page había provisto 5,5, millones de euros.
Ampliación del Hospital de Guadalajara y apertura del parking: El nuevo centro hospitalario de la capital representa una de las demandas históricas de la ciudad y de la provincia, que este año ha pasado a convertirse en el segundo municipio con mayor población de Castilla-La Mancha (83.633 habitantes). Para este año, el Ejecutivo de Page invertirá 15 millones de euros para la continuación de las obras del recinto sanitario. Al contexto de lentitud en la ejecución del proyecto, se une la disputa que mantienen el Gobierno de Román y la Junta, a propósito del parking subterráneo del hospital. Aunque la obra acabó en 2016, el Consistorio capitalino ha denegado la licencia de actividad al Sescam, imprescindible para que el servicio pueda utilizarse, porque, según argumentan desde el Ayuntamiento, el Gobierno regional incumple la normativa y no ha adjuntado toda la documentación pertinente. Desde la Junta aseguran, en cambio, que ya han cumplido con sus obligaciones y atribuyen la no apertura del aparcamiento a la voluntad política de Román de bloquear y dilatar todos los proyectos que realiza la Junta en la ciudad de Guadalajara.
Después de cuatro años (2011-2015) en los que la obra quedó paralizada por decisión del Gobierno de María Dolores de Cospedal, el ejecutivo de García-Page reanudó los trabajos a mediados de 2016 por un periodo de 16 meses y con un presupuesto de 120 millones de euros. No obstante, la previsión de concluir el hospital a finales de 2017 no se ha cumplido. El hecho de que la principal empresa adjudicataria de la obra, Isolux Corsán, entrara en concurso de acreedores en junio de 2017 ha ralentizado aún más el progreso de la obra.
Trasvase Tajo-Segura: El futuro de esta infraestructura hidráulica, que lleva 40 años trasvasando agua al Levante desde los embalses de Entrepeñas y Buendía y que ha laminado el desarrollo social y económico de la comarca de los ribereños, se alza como otro de los conflictos que más movilización social provocará durante 2018. En la actualidad, la tubería se encuentra cerrada desde junio de 2017, debido a la situación extrema de sequía que arrastra la cabecera del río, aunque en octubre pasado la Confederación Hidrográfica del Tajo autorizó una cesión de agua entre regantes; un hecho que provocó la indignación de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía y otros colectivos contrarios al trasvase.
El agua embalsada en Entrepeñas es de 77 hectómetros cúbicos, es decir el 9% de su capacidad, el nivel más bajo que se ha registrado desde 1954, año de construcción del pantano. Por ello, desde esta plataforma reivindican el cierre definitivo del trasvase y advierten al Ministerio que de conceder el nuevo trasvase de 60 hectómetros cúbicos que reclama el Sindicato de Regantes de Murcia (SCRATS), el nivel del embalse se reduciría al 3% descontando el cieno.
Además, el 1 de enero entró en vigor la cota mínima no trasvasable de 400 hectómetros cúbicos (hm3), objetivo último fijado en el Memorándum del Tajo que firmó en 2013 la ex presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, con el Ministerio de Medio Ambiente y el resto de comunidades autónomas implicadas en la gestión de este río. Una medida que se ha incumplido sistemáticamente en la práctica hasta el punto de haber trasvasado agua cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía acumulaban menos de 300 hectómetros cúbicos. Por ejemplo, durante la última venta de agua entre particulares, denunciada por la Junta el pasado otoño. El Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha recurrido ante los tribunales todos los trasvases ilegales desde mayo de 2015, aboga por que se alcance un Pacto del Agua entre las diferentes regiones afectadas y se clausure el trasvase.
Centro de Salud de Azuqueca: Se trata de una de las mayores necesidades de la segunda ciudad de la provincia, que acumula una población de 33.000 habitantes. El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó una inyección económica de tres millones de euros a finales de 2017 para construir el segundo centro de Atención Primaria con el que se pretende mejorar la calidad en la atención sanitaria de los azudenses y de los municipios cercanos del Corredor del Henares. La obra se encuentra en fase de licitación y finalizará en la primavera de 2019. El desarrollo de los trabajos de estas instalaciones permitirá desdoblar la Zona Básica de Salud de Azuqueca de Henares, el único municipio de la región con más de 20.000 habitantes que carecía de un segundo centro de salud. La intervención se reanuda, después de que esta iniciativa permaneciera paralizada durante la etapa de Cospedal al frente del Ejecutivo castellano manchego, entre 2011 y 2015.
Otras de las iniciativas más relevantes en materia de bienestar social que verán la luz en la provincia de Guadalajara próximamente son un nuevo centro de Atención Temprana, que se suma a los que ya prestan su servicio en Azuqueca de Henares y Guadalajara; y la rehabilitación de las residencias de Nuestra Señora de la Luz, dotada con 200.000 euros y la de Los Olmos, con una partida de 516.120 euros. En total, la Junta dedicará medio millón de euros en equipamientos de centros sociales para ancianos y personas con discapacidad de la provincia.
En el ámbito industrial sobresale el Plan del Corredor, que suscribieron en diciembre Gobierno de Castilla-La Mancha, la CEOE de Guadalajara y los sindicatos, y cuyo objetivo es “facilitar la implantación de empresas en la zona del Corredor del Henares”. El plan se firmó a finales de diciembre, pero aún se desconoce la dotación global que acarreará. Según la Junta, se irá “adaptando” a las necesidades empresariales de las compañías interesadas, y ello en un momento que coincide con la instalación de empresas, especialmente, en Cabanillas del Campo, que está acreditando un magnetismo destacado para atraer inversiones industriales. Una de las últimas grandes firmas en instalarse en Cabanillas ha sido DSV Solutions, cuya actividad se centra en la logística.
Por otro lado, 2018 también está llamado a ser el año del afianzamiento de la Ciudad del Transporte en suelo de Marchamalo y Guadalajara. Se trata de un proyecto que arrastra un retraso considerable tras sufrir una parálisis debido a un bloqueo burocrático y al propio parón que acarreó la crisis económica. Ahora la intención de la Junta de Castilla-La Mancha es reimpulsar esta iniciativa, en aras de potenciar la competitividad de la economía guadalajareña. La inversión prevista para la Ciudad del Transporte, cuya superficie total ronda las 214 hectáreas, supera los 30 millones de euros.
Periodista. Madrileña de nacimiento y molinesa de crianza. He sido redactora de Telemadrid, Radio Intercontinental, La Tribuna de Guadalajara, CNC (televisión del Grupo El Día) y la división de revistas de Vocento. En la sección ‘Guadalajara a fondo’ de HENARES AL DÍA abordaré asuntos de actualidad en la provincia a modo de crónicas, reportajes y entrevistas.
