Las fotovoltaicas toman la Alcarria….

Hace unos días saltaba la noticia. La Asociación para la Defensa del Paisaje Protegido Río Ungría (ADEPRU) y Ecologistas en Acción denunciaban que el Gobierno castellanomanchego, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha presentado un proyecto de declaración protección del valle del Ungría a la medida de los intereses de las compañías fotovoltaicas. “La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se pliega a las empresas energéticas. Y lo hace hasta el punto de amoldar los límites y usos autorizables del futuro espacio natural a las necesidades de las placas solares por encima del criterio ambiental”, aseguraban dichas entidades.

Esta situación vendría sucediendo desde 2017, momento en el que las referidas corporaciones industriales se interesaron por algunos terrenos incluidos dentro del perímetro inicial del «Paisaje Protegido». “Desde entonces, el gobierno regional ha modificado drásticamente los límites iniciales con el propósito de que las compañías energéticas puedan implantarse donde más les interese, sin contar con los municipios perjudicados y pervirtiendo los principios básicos de participación pública de este tipo de procedimientos”, aseguran ADEPRU y Ecologistas en Acción.

Una situación que, según los afectados, se fue acentuando con el paso de los años. “En el 2019, las empresas captadoras de suelo de Iberdrola, Euder –después, Bessel Solar–, Vita Energy e Ignis Solar empezaron a interesarse por los terrenos adyacentes a la subestación eléctrica de Fuentes de la Alcarria”, indican las entidades conservacionistas. “La falta de acuerdo económico con los propietarios provocó que desviaran su atención hacia zonas más alejadas, ya incluidas dentro del valle del río Ungría, con una mayor calidad paisajística y ambiental”.

Este cambio de objetivos ya habría dado sus frutos. “La presión de las referidas empresas –en particular, de Iberdrola, que gestiona el nudo de Fuentes–, y de los fondos de inversión asociados a ellas, habría llegado hasta los estamentos superiores del ejecutivo autonómico, para que varias parcelas quedaran desprotegidas en el futuro «Paisaje Protegido»”, aseguran los denunciantes. De esta forma, en febrero de 2020, las consejerías responsables habrían encargado un «Estudio Paisajístico» de la zona, con el fin de “justificar el recorte de superficie y la desprotección que interesaba a las compañías. Todo ello a espaldas de los municipios afectados”.

Además, “tampoco han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por organizaciones sociales, particulares ni ayuntamientos”, denuncia Alberto Mayor, uno de los portavoces de Ecologistas en Acción. Así, el nuevo informe encargado por instancias gubernamentales “cambiaba el objetivo de la protección”, que ya sólo atendía a las zonas forestales y al fondo del valle del Ungría. De esta manera, se contradecían los estudios ambientales que había realizado la Universidad de Alcalá en 2011 y que insistían en proteger también el páramo, como elemento consustancial del paisaje alcarreño. “Técnicos independientes que han asesorado al Ayuntamiento de Caspueñas en sus alegaciones concluyeron que el examen encargado por la Junta en 2020 no justificaba tal modificación por carecer del rigor necesario y por no estar validado por análisis de campo”.

Mientras tanto, algunas las compañías energéticas interesadas ya contaban con la información relativa a los cambios impulsados por el gobierno autonómico, que excluían a los páramos alcarreños de cualquier tipo de protección. De hecho, “el proyecto de Declaración de «Paisaje Protegido» publicado por la Junta de Comunidades el pasado 8 de junio de 2021 viene a confirmar las expectativas de las empresas, porque –lejos de recoger las alegaciones presentadas por alcaldes, Ecologistas en Acción y ADEPRU– persiste en el recorte del perímetro. Y, sobre todo, ajusta los usos a las necesidades constructivas de las empresas productoras de energía”, aseguran los perjudicados.

– Pero, ¿cuáles son los intereses de las fotovoltaicas en esta zona?

– El nudo de Fuentes de la Alcarria es uno de los principales puntos de conexión a la Red Eléctrica, por lo que cuanto más cerca se tenga el abastecimiento, más económico será el mismo –critica Albero Mayor, de Ecologistas en Acción.

De esta forma, los perjudicados indican que “existen indicios de que las empresas fotovoltaicas y sus captadores de terrenos, meses antes de que la Consejería de Transición Ecológica publicase el «Estudio Paisajístico», ya sabían que su contenido les favorecía y que tenían vía libre para tramitar tres plantas fotovoltaicas”. Así, y de acuerdo a estos datos, “las mencionadas compañías energéticas comenzaron a realizar sus iniciativas, a sabiendas que a tan sólo 250 metros iba a existir un paisaje protegido”, señala Rosa Pardo Sanz, miembro de ADEPRU.

Por ello, de demostrarse tales indicios, “podríamos estar ante un caso de información privilegiada u otros tipos penales en los que podrían estar implicados los actores participantes en el procedimiento”. Esta denuncia tiene que ver con los datos que habrían estado manejando dichas empresas, “cuando en febrero de 2020 la Universidad de Alcalá entregó un estudio paisajístico encargado por los grupos de acción local ADAC y FADETA para continuar el procedimiento de protección de la zona”, añade Rosa Pardo Sanz, de ADEPRU.

En consecuencia, ADEPRU ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo. “Queremos denunciar lo que podría ser un proceder irregular y arbitrario del ejecutivo regional, tanto de sus cargos políticos como de sus técnicos, así como la falta de respaldo mostrada a los pequeños ayuntamientos afectados por esta injusticia”, indican desde las referidas organizaciones sociales.

Ante las referidas acusaciones, desde Henares al Día nos hemos puesto en contacto en dos ocasiones con la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla–La Mancha, para que nos dieran su versión del tema. Más concretamente, intentamos gestionar entrevistas en torno a este asunto tanto el miércoles 16 como el jueves 17 de junio de 2021. Sin embargo, en ninguna de las dos comunicaciones obtuvimos respuesta por parte del gabinete de José Luis Escudero. Debido a esto, no hemos podido incluir su posicionamiento en el presente reportaje….

A pesar de ello, desde ADEPRU y Ecologistas en Acción insisten en su acusación. “La única conclusión que se puede extraer es que a la Junta de Comunidades le resulta más rentable supeditar el medio ambiente a los intereses energéticos”, denuncian. “Probablemente porque es fácil obtener réditos políticos con la bandera de las energías limpias y el anuncio de puestos de trabajo a corto plazo, a costa de municipios de la «España Vaciada», cuyos recursos ambientales y paisajísticos son sacrificados para obtener votos en las grandes poblaciones, que es donde se ganan los comicios”.

“Desde Ecologistas en Acción estamos indignados por las acciones llevadas a cabo desde la Consejería de Transición Ecológica en materia de renovables. Sin planificación, sin participación, apoyando y fomentando grandes proyectos, sin apostar por el autoconsumo, hipotecando actividades agropecuarias durante décadas y autorizando proyectos que acaban con hábitats y ecosistemas de especies importantes”, explican desde la entidad ambientalista. Precisamente por ello, las mencionadas organizaciones insisten en preservar el Río Ungría, como un ejemplo de paisaje alcarreño. “Se ha de elegir una zona con menos impactos ambientales para instalar las placas solares”, concluye Rosa Pardo Sanz, de ADEPRU.

La situación en Caspueñas Una de las localidades más afectadas por los cambios en la protección del Río Ungría es Caspueñas. Allí, la mayoría de la población no ve con buenos ojos los planes del gobierno regional de instalar placas solares en el municipio. “Entre el 80% y el 90% de los vecinos están en contra del proyecto”, asegura Rosa Pardo, miembro de ADEPRU. Además, desde este pueblo aseguran que las promesas de empleo realizadas por las empresas fotovoltaicas no son reales. Y para muestra, un botón. Por cada 100 hectáreas de placas solares, como máximo se genera una única ocupación. “Y para esa misma superficie se quitan de la agricultura un puesto y medio de trabajo. Por tanto, el saldo laboral es negativo”, concluyen los afectados. “Estos proyectos sólo generan tajo en su montaje. Pero durante el funcionamiento del parque, una sola persona puede encargarse de varias instalaciones”, añaden los ecologistas. Por ello, el Ayuntamiento de Caspueñas tiene claro que la idea de desarrollo que desea para el pueblo es completamente diferente. “Prefiere apostar por un modelo en la línea que se ha planteado en Brihuega, basado en la agricultura ecológica, la lavanda y en la puesta en valor del paisaje, con el fin de fomentar el turismo rural”, explican.

Julio Martínez

Historiador y periodista, especialista en comunicación ambiental y en Masonería mexicana. El reporterismo es mi vocación. Ahora informando desde Guadalajara. “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” (Benito Juárez, 1867).